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23nov03
Uribe Vélez legaliza escuadrones de la muerte.
Por Horacio Duque.
Colombia es tal vez una de las naciones mas vulneradas por la violación sistemática de los derechos humanos de su población. Así lo confirman estudios e informes elaborados periódicamente por diversas entidades internacionales que hacen seguimiento al horroroso calvario de millones de colombianos, afectados por la violencia sistemática de los grupos oligárquicos que controlan el aparato estatal. El nombramiento reciente del máximo jefe militar en Colombia, general Carlos Alberto Ospina, corrobora tal realidad. Se trata de un compulsivo aliado de los grupos paramilitares, al lado de quienes ejecutó espantosas masacres de campesinos en el Departamento de Antioquia como comandante de la IV Brigada, en coincidencia con el señor Uribe Vélez como gobernador de esa región.
La vulneración de derechos ha sido acompañada de manera recurrente por estrategias de impunidad que pretenden exonerar de culpa a los autores y ejecutores de la guerra sucia, el exterminio, la tortura, la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales.
Es lo que intenta en estos momentos el señor Alvaro Uribe Vélez, el ultraderechista gobernante colombiano, con su agenda secreta para legalizar los escuadrones de la muerte de Carlos Castaño.
Para el próximo 25 de noviembre esta previsto que cerca de 800 mercenarios del Bloque Cacique Nutibara que comanda uno de los más temibles asesinos de las bandas del narcotráfico, “Don Berna” o “Adolfo Paz”, se concentren en la ciudad de Medellín, iniciando así un proceso de localización de mas de cinco mil paramilitares en varios sitios de la geografía nacional. 1800 lo harán en la Gabarra (Santander); 1200 en la zona rural de Córdoba; 300 en Uraba; 300 en los Montes de Maria; 150 en la Mojana; 500 mas en Medellín; y 1200 en el Valle del Cauca.
Otros 3000 de los bloques Minero, Tolima y Cundinamarca se concentraran entre enero y febrero del 2004, según los planes oficiales.
Todo esto ocurre como parte de una política que se promociona como de “seguridad democrática” cuyo objetivo central es adecuar el aparato militar a los planes de guerra que impulsa el imperialismo norteamericano yla clase dominante en Colombia para derrotar la guerrilla revolucionaria que controla importantes áreas del territorio colombiano.
Los acuerdos con los paramilitares involucran sus principales grupos y ocurren en el mayor sigilo para evitar traumatismos a una agenda que debe terminar con la impunidad de todos los delitos cometidos por estas bandas.
Con el acompañamiento de los principales jerarcas de la iglesia, las conversaciones se iniciaron en septiembre del 2002 e involucraron a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz del Gobierno Nacional y a las Autodefensas Campesinas de Uraba (dirigidas por Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, José Vicente Castaño y Ramón Isaza); las del Bloque Central Bolívar ( dirigidas por Javier Montañés, Julián Bolívar, Eduardo Victoria, Sebastián Colmenares, Rafael Mesa, Pablo Sevillano, Pablo Mejia y Ernesto Baez); y las del Bloque del Alto oriente y sur del Casanare (dirigidas por Sebastián Quintana, Andrés Pombo y Guillermo Torres).
Como resultado de tales encuentros se nombró una Comisión Exploratoria integrada por Ricardo Avellaneda, Juan B. Pérez Rubiano, Gilberto Alzate Ronga, Carlos Franco Echavarria, Eduardo Espinosa y Jorge Ignacio Castaño, todos ellos asociados a la regresiva plataforma gubernamental y vinculados por finos hilos con las redes paramilitares, la cual esta encargada de coordinar todo el proceso a partir de diez recomendaciones formuladas para avanzar en los acuerdos .
Los pasos incorporados en la Agenda Secreta seguida con los escuadrones de la muerte incluyen una primera fase de negociación que va del 11 de enero al 11 de junio de 2003, con una etapa exploratoria del 11 de enero al 11 de marzo y otra de concentración que se extiende desde el 11 de marzo hasta el 25 de noviembre.
En el tiempo transcurrido desde 2002 hasta la fecha el gobierno impulsa modificaciones en la Ley de Orden Publico para omitir la condición de rebelde político en toda negociación que adelante el Estado para superar procesos de violencia, dando vía libre así a sus relaciones con los paramilitares y pretendiendo sustraerse, de tal manera, de la competencia del Tribunal Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanas; expide el decreto 128 de 2003 que reglamenta la Ley de Orden Público, con los siguientes beneficios: a) suspensión provisional de la ejecución de penas; y b) cesación del procedimiento judicial; firma el Acuerdo de Santa Fe de Ralito el 25 de Julio de 2003; tolera masacres de campesinos como las ejecutadas por los paramilitares recientemente en Viota (Cundinamarca) y Cajamarca (Tolima), en las que participaron activamente batallanos del Ejercito; y promueve en las Cámaras Legislativas un Proyecto de Alternatividad Penal con beneficios jurídicos para dejar en la impunidad todos los crímenes de los paramilitares, lo que ha fracasado merced a la resistencia y denuncia de distintas organizaciones de derechos humanos que valientemente han desenmascarado toda esta infame gestión gubernamental.
El conjunto de esta política gubernamental pretende cinicamente legalizar los escuadrones de la muerte y dejar en la impunidad todos sus graves delitos.
Los beneficios jurídicos otorgados a los paramilitares pretende su incorporación a las instituciones políticas, que de hecho ya ocurre por su control del 35% del aparato legislativo y de posiciones claves en el gabinete ministerial y el staff gubernamental; su articulación a los aparatos armados estatales, como las redes de informantes y los soldados campesinos; la legalización de mas de cuatro millones de hectáreas, expropiadas violentamente a los campesinos desplazados; y la impunidad de sus más aberrantes delitos como los crímenes de lesa humanidad de que se les acusa.
Muchos colombianos estamos acudiendo a la conciencia de la humanidad y a las instituciones de los derechos humanos para que tal cosa no ocurra. El señor Uribe Vélez y los miembros de los escuadrones de la muerte que pretende proteger deben saber que sus delitos serán juzgados y castigados por instancias como el Tribunal Penal Internacional que tiene toda la competencia para el efecto.
Bogota, 23 de noviembre de 2003.
Este documento ha sido publicado el 01dic03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights