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22mar11
Polémica en Colombia por designación en fiscalía
En medio de las presiones del gobierno de Estados Unidos para que se agilicen los casos por el asesinato de sindicalistas en Colombia, la nueva fiscal general de ese país Viviane Morales, firmó una nombramiento que algunos consideran que dificultará aún más su avance. Abogados de familiares de trabajadores y vecinos del campamento minero de la multinacional del carbón Drummond Company en Colombia, criticaron fuertemente el nombramiento de Andrés Alfredo Araújo Ariza como secretario privado de la fiscal.
Araújo Ariza es hijo de Alfredo Araújo Castro, un alto funcionario de Drummond Company que ha sido mencionado en procesos en Estados Unidos y Colombia como uno de los presuntos enlaces de la empresa con paramilitares acusados de los asesinatos.
"Para nosotros ese nombramiento es una clara muestra de las dificultades que puede tener el avance del proceso en la fiscalía'', dijo a El Nuevo Herald, Dora Lucy Arias, abogada del Colectivo de Abogados José Alverar Restrepo, que representa a los familiares de trabajadores de Drummond asesinados. "Es un hecho que esos vínculos sí representan fuertes limitantes para el esclarecimiento de los hechos''.
Araújo Castro es gerente de relaciones con la comunidad de Drummond en el departamento de Cesar.
Consultada por El Nuevo Herald, la fiscal Morales afirmó que no está de acuerdo con los cuestionamientos.
"Toda responsabilidad civil y penal es personal, no familiar'', expresó Morales quien se refirió a la "excelencia a toda prueba'' de su secretario privado. "Fue uno de mis mejores estudiantes en la Universidad del Rosario''.
Morales no consideró inconveniente el nombramiento pese a que el caso Drummond es quizás el que más preocupación causa en el gobierno y el Congreso de Estados Unidos en el marco de las discusiones del Tratado de Libre Comercio.
Antes de empezar a ejercer su profesión de manera independiente, Araújo Ariza, de 25 años, realizó sus prácticas y trabajó en la oficina de Jaime Lombana, según el currículo publicado por la prensa de Colombia. Lombana ha sido abogado del ex presidente Alvaro Uribe quien ha sido citado para declarar como testigo en el proceso civil contra Drummond en Estados Unidos.
‘‘El nombramiento [de Araújo Ariza] es otra prueba más del poder de Drummond, no dudo que si hay un testigo en Colombia dispuesto a declarar contra la empresa, se va a sentir cohibido al saber que el secretario privado de la fiscalía es hijo de uno de los directivos'', explicó Terry Collingsworth quien representa en Estados Unidos a familiares de personas asesinadas a lo largo de la línea del ferrocarril de Drummond.
La demanda civil por indemnización contra Drummond en Alabama alega que las AUC, con el apoyo de la empresa, asesinaron a 113 personas a lo largo de la línea del ferrocarril. Algunas de ellas fueron muertas por negarse a vender los terrenos por los cuales pasaría el corredor férreo o por sospechas de apoyar a la guerrilla, sostiene la demanda.
Según la querella radicada en el 2009, Araújo Castro se reunió en numerosas ocasiones entre 1999 y 2006 con su amigo de infancia Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La reunión tenía como objetivo, agrega la demanda, "arreglar el pago sustancial de la Drummond al frente Juan Andrés Alvarez de las AUC a fin de que suministrara seguridad y otros servicios a la línea del ferrocarril de la Drummond en el departamento del César''.
Araújo Castro declaró bajo juramento en otra corte de Alabama en junio del 2005 que nunca conoció a Tovar ni a ningún otro miembro de las AUC, señala la demanda.
Hace una semana el juez del caso, R. Davis Proctor, falló a favor de una moción de Araújo Castro en la que éste pidió ser desvinculado del proceso por falta de "jurisdicción personal''. Araújo Castro vive en Colombia.
Tanto Araújo Castro como la empresa han negado las acusaciones en documentos de la corte.
La fiscalía colombiana juega un papel definitivo en la investigación de la Drummond. Bajo su conociemiento no sólo están los casos relacionados con el asesinato de líderes sindicales, que se inició desde hace 10 años, y de los vecinos del yacimiento.
En los próximos días la misma fiscalía tendrá que participar en el trámite de una solicitud múltiple de cooperación que presentó Proctor el jueves pasado para que se tomen varios testimonios en ese país.
Entre ellos el de Fabio Echeverri Correa, ex asesor del presidente Uribe a quien se le presentará un interrogatorio de 32 preguntas. A solicitud de Collingsworth, el juez quiere saber si Echeverri devengaba dineros de Drummond; si se reunió con Araújo Castro, y si recibió pagos de funcionarios o contratistas de Drummond para que supuestamente mantuviera silencio sobre la muerte de tres sindicalistas de la empresa, señala la carta rogatoria al gobierno colombiano.
Además el juez pidió a la Unidad de Justicia y Paz de la fiscalía todos los documentos relacionados con Echeverri que tenga en sus archivos asímo como los expedientes de los coroneles Ricardo Lineros, Hernán María Gutiérrez y Luis Carlos Rodríguez y de varios ex líderes de las AUC vinculados a los asesinatos.
Los abogados de la empresa en Estados Unidos han dicho a El Nuevo Herald que prefieren discutir el caso en corte.
En la respuesta a la demanda, el abogado William Davis alegó que la querella no contiene "ningún argumento factual de que los acusados autorizaron, instruyeron o participaron o si quiera si tenían conocimiento de los asesinatos o desapariciones''
En otra corte federal de Alabama, un jurado absolvió en el 2007 a Drummond de acusaciones presentadas por familiares de tres sindicalistas de la empresa que fueron asesinados. La decisión fue confirmada por una corte de apelaciones que, sin embargo, permitió que continuara un proceso de los hijos de los sindicalistas.
El caso Drummond es emblemático para Colombia en sus aspiraciones para que sea aprobado el TLC.
El Congreso de Estados Unidos ha postergado la aprobación del tratado citando el historial de asesinatos de sindicalistas en Colombia, un país catalogado como uno de los más hostiles y peligrosos para trabajadores sindicalizados.
El miércoles pasado una alta funcionaria de Estados Unidos declaró que el gobierno de Colombia tiene que "hacer más'' para resolver problemas en torno a derechos laborales, la violencia contra sindicalistas y enjuiciar a los responsables de esa violencia.
"Entendemos que la administración [del presidente Juan Manuel] Santos comparte estas preocupaciones y nos alientan sus acciones recientes. Pero se necesita hacer más'', dijo la subrepresentante de Comercio Exterior, Miriam Shapiro, durante una audiencia en la Cámara de Representantes.
[Fuente: Por Gerardo Reyes, El Nuevo Herald, Miami, 22mar11]
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