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20oct08
A indagatoria ocho personas por ‘Operación Dragón’
Al considerar que la Fiscalía había superado ampliamente el plazo para iniciar una investigación formal en el caso de un supuesto plan para asesinar al parlamentario del Polo Democrático Alexánder López Maya, a una defensora de derechos humanos y a un dirigente sindical, el Tribunal Superior de Bogotá, al resolver una acción de tutela, le ordenó al ente acusador el 16 de septiembre último que en un plazo no mayor de dos semanas resolviera de fondo la solicitud que en reiteradas ocasiones, y con pruebas documentadas, hizo López para indagar lo ocurrido.
En respuesta a la orden judicial, hace pocos días una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, 50 meses después de que se radicara la denuncia por las presuntas amenazas de muerte en contra del parlamentario López, la defensora de derechos humanos Berenice Celeyta Alayon y el dirigente sindical Luis Antonio Hernández Monroy, resolvió llamar a indagatoria a ocho personas que presuntamente tendrían relación con estos hechos, puestos en conocimiento de la opinión pública el 25 de agosto del año 2004.
Según se denunció entonces, debido a sus vínculos con el Sindicato de las Empresas Municipales de Cali, Sintraemcali, los tres fueron alertados de un plan criminal en su contra, denominado ‘Operación Dragón’, orquestado supuestamente por militares activos y en retiro que operaban desde Cali, Medellín, Barranquilla, Ibagué y Bogotá. En desarrollo del expediente se acusó a entidades públicas de adelantar actividades de inteligencia que tenían como propósito conseguir información para identificar posiciones políticas, costumbres, actividades y habituales desplazamientos de López, Celeyta y Hernández.
Aunque López sostenía que existían pruebas que relacionaban en este caso a varias personas que trataron de infiltrar su esquema de seguridad y el de los directivos de Sintraemcali, como el coronel del Ejército, Julián Villate Leal —a quien le hallaron en el computador y agenda personal información sobre seguimientos al senador López—, la investigación de la Fiscalía avanzó muy lentamente en los últimos cuatro años y sólo vino a tener un giro sustancial hace pocos días. De hecho, estaba por prescribir la acción penal, lo que motivó al senador López a instaurar una acción de tutela.
Y fue precisamente después de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenara a la Fiscalía un pronunciamiento sobre las reiteradas peticiones del parlamentario para que las amenazas en su contra no quedaran en la impunidad, que el ente acusador vinculó formalmente a la investigación a ocho personas. El Espectador conoció la providencia en la que se ordenó el llamamiento a indagatoria de los coroneles (r) Julián Villate Leal y Germán Hernando Huertas Cabrera, así como a los mayores (r) Marco Fidel Rivera y Hugo Alfonso del Milagro Abondano.
De igual manera, la fiscal de Derechos Humanos ordenó la apertura de instrucción en contra de Carlos Alfonso Potes Victoria en calidad de ex gerente de Emcali, y de Huber de Jesús Botello Duarte. Todos ellos están sindicados de los delitos de concierto para delinquir agravado y violación a los derechos de reunión y asociación, y en las próximas semanas deberán presentarse en la Fiscalía para dar sus explicaciones en este caso, el cual tuvo que ser impulsado vía tutela, según le denunció a este diario el propio senador López.
“En el caso del paro de los corteros de caña ahí sí la Fiscalía es diligente. Tanto que ya hay seis órdenes de captura contra los trabajadores. Pero en el caso de la ‘Operación Dragón’ hubo que entutelarlos para que no prescribieran los términos del proceso”, dijo Alexánder López, de quien el presidente Álvaro Uribe Vélez ha sugerido en varias ocasiones que está tras bambalinas impulsando las protestas de los trabajadores de caña.
De hecho, el lunes el DAS divulgó un video en el que se ve al senador López en una reunión con los dirigentes de los corteros y en la que se tratan temas relacionados con el paro laboral que puso en jaque al país. López, sin embargo, explicó que dicho encuentro no tuvo nada de clandestino y que lo único que les dijo era que no iba a permitir que se les siguieran vulnerando sus derechos como trabajadores. No obstante, el presidente Uribe ha dicho que existen declaraciones en la Fiscalía que aseguran que uno de los principales promotores del cese de actividades de los corteros de caña fue el senador López.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, Col, 20oct08]
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