EQUIPO NIZKOR |
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27sep08
La nueva campaña de control político social está dirigida directamente por la seguridad de la Casa de Nariño
EDITORIAL DE RADIO NIZKOR
Radio Nizkor ha recibido información de fuentes solventes de que nuevamente se estaría preparando una campaña de inteligencia que tendría como finalidad específica el procesamiento de periodistas, sindicalistas y otros activistas sociales, para lo cual se procedería a la imputación de delitos, o bien relacionados con el terrorismo, o bien relacionados con la criminalización de acciones legales, como puede ser favorecer una huelga u otras formas de protesta social totalmente legítimas en un estado de derecho.
Esta campaña sería complementaria a la ya iniciada por el Gobierno colombiano y que ha llevado al procesamiento de personas acusadas, básicamente, de relaciones con las FARC, como son los procedimientos iniciados en Dinamarca y en España, así como por las recientes acusaciones en contra de periodistas, politólogos y dirigentes de izquierda ecuatorianos, estadounidenses, venezolanos, chilenos, argentinos e italianos por presuntamente simpatizar con ese grupo guerrillero.
En España el Juez Baltasar Garzón procedió al procesamiento y la detención arbitraria de Remedios García Albert el pasado mes de julio, basado en unas presuntas pruebas nulas que habrían sido obtenidas tras el bombadeo y la invasión militar colombiana a territorio ecuatoriano, durante la operación en la cual se dio muerte al segundo comandante de las FARC, alias Raúl Reyes.
Se da la circunstancia de que el magistrado Baltasar Garzón ha apoyado abiertamente al régimen de Álvaro Uribe desde hace años y no ha tenido reparo alguno en apoyar públicamente la ley de Justicia y Paz, así como la actuación de la fiscalía colombiana, que ha permitido el mayor desprocesamiento conocido de capos de organizaciones criminales en la historia del crimen organizado. Igualmente, el magistrado Garzón ha acompañado los procesos de desenterramientos ilegales de desaparecidos, en el marco de la ley de impunidad, llamada en Colombia de Justicia y Paz.
La información recibida por Radio Nizkor dice que esta nueva campaña de control político social iniciada por el Gobierno colombiano está dirigida, directamente, por el sistema de seguridad de la Presidencia de la República, concretamente por el Brigadier General Flavio Eduardo Buitrago Delgadillo, jefe de seguridad de la casa de Nariño y quien controla directamente este tipo de operaciones.
El General Flavio Buitrago Delgadillo al parecer es familiar de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, un esmeraldero famoso por su amistad con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, hecho que le permitió incluso convertirse en informante clave para dar con el paradero de los autores materiales del asesinato, en agosto de 1988, del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Pablo Elías Delgadillo, muerto en el año 2003, fue junto a Víctor Carranza uno de los líderes de la alianza entre narcotraficantes y paramilitares en el Magdalena Medio colombiano, de acuerdo con diferentes fuentes .
La nueva campaña de judicialización contra periodistas, formadores de opinión y activistas sociales y políticos en Colombia está acompañada por seguimientos, intimidaciones y rastreos de inteligencia a las familias y al pasado de las personas que serán señaladas. Radio Nizkor ha conocido que incluso están siendo rastreadas cuentas bancarias, deudas financieras y otras informaciones que están amparadas constitucionalmente por los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales, y cuya reserva sólo puede ser levantada mediante orden judicial.
Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida, el General Buitrago Delgadillo ha conformado un grupo interinstitucional conformado por expertos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS – policía secreta de Colombia) y la SIJIN de la Policía, quienes estarían preparando informes de inteligencia, pruebas y testigos falsos, así como declaraciones de desmovilizados en contra de columnistas de prensa, periodistas de oposición, congresistas de izquierda, reconocidos abogados y hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de señalarlos y procesarlos por su pertenencia a las FARC.
Radio Nizkor ha conocido que en las últimas semanas, varios columnistas colombianos han cuestionado públicamente las actividades de inteligencia que estaría adelantando el general Buitrago, sin que hasta la fecha la Casa de Nariño haya respondido claramente a dichos interrogantes.
Esta campaña de alto nivel, dirigida directamente desde la Presidencia de la República, busca neutralizar los gravísimos escándalos en que ha estado involucrado el actual gobierno de Álvaro Uribe, 70 de cuyos congresistas aliados han sido o están siendo procesados por sus vínculos con el paramilitarismo, mientras más de una veintena de sus funcionarios de alto y medio nivel han tenido que renunciar por las mismas razones. Aunada a esta nueva estrategia de desprestigio y persecución, se han dado acuerdos con el actual fiscal general y ex viceministro de Justicia de Uribe Vélez, Mario Iguarán Arana, en el sentido de dejar en libertad a los más cercanos colaboradores y/o aliados del Presidente, procesados como miembros del crimen organizado y activos simpatizantes de la empresa criminal conjunta conocida como paramilitarismo en Colombia. Durante los últimos meses han sido dejados en libertad el primo del presidente Mario Uribe; el ex director del DAS Jorge Noguera; y el ex director del INCO, Luis Carlos Ordosgoistia, entre otros.
Actualmente, la Procuraduría adelanta sendas investigaciones contra los secretarios de Prensa y Jurídico de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo respectivamente, así como del ex embajador de Colombia en República Dominicada, Juan José Chaux, por haberse reunido en la sede presidencial con voceros de jefes paramilitares para organizar un complot en contra de la Corte Suprema de Justicia, entidad que investiga y juzga penalmente a los congresistas en Colombia, y que recientemente señaló en una providencia la comisión de delitos y sobornos por parte de diferentes funcionarios de la Presidencia para lograr la reelección de Uribe en agosto de 2006.
La Corte Suprema ya fue objeto de otro montaje, cuando un paramilitar de Antioquia señaló al magistrado investigador del proceso conocido como la parapolítica, Iván Velásquez, de haberle presionado para que declarara en contra del presidente Uribe. El propio paramilitar se retractó posteriormente de estos señalamientos, que se dieron en el marco de la apertura de investigación contra el entonces congresista y primo del presidente, Mario Uribe.
MUSICA
De acuerdo con las fuentes de Radio Nizkor, esta campaña sutilmente dirigida y orquestada a todos los niveles, busca también desprestigiar y desalentar la protesta social. En las últimas semanas, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, estudiantiles y sociales han sido señaladas por sus presuntos nexos con la guerrilla, como manera de descalificar huelgas y protestas sociales que actualmente se llevan a cabo.
En el caso de la Rama Judicial, los trabajadores de la justicia llevan casi un mes en huelga, mientras que los corteros de caña de azúcar completan ya 14 días en paro. En Colombia, durante el gobierno de Uribe Vélez, la gasolina comenzó a mezclarse con etanol, producto resultante de la caña. Como consecuencia de la huelga, en los cinco ingenios que tienen destilerías dejan de producirse 905 mil litros diarios de etanol. Los siete ingenios que tienen bloqueos dejan de producir 8.100 toneladas de azúcar. Además, la huelga afecta a las 250 mil personas que laboran directa o indirectamente en el cluster del azúcar.
Los trabajadores de las 102 cooperativas de trabajo asociado que contratan personal para el corte de caña reciben un sueldo mensual de $446.000 (unos 215 dólares) por una jornada de más de 10 horas diarias.
La forma de vinculación laboral que tienen y los ingresos que de ella se derivan son el motivo central del descontento de los corteros que en la actualidad mantienen bloqueados a siete ingenios ubicados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca. 12.467 personas trabajan como corteros de caña en toda la región, pero no tienen ningún tipo de relación contractual directa con los ingenios.
En el 96% de los casos hay un intermediario, ya sea a través de contratos sindicales, contratistas o por medio de cooperativas de trabajo asociado. Sólo 485 corteros tienen empleo directo con una empresa. Los restantes 11.982 hombres que conforman esta mano de obra son contratados por agentes externos a los ingenios. Y en el caso de las cooperativas, modalidad común de contratación entre los corteros, (su fuerza laboral es de 9.732 hombres) son ellos mismos sus propios empleadores.
El problema está en que, como es lógico, cada ingenio ha negociado en forma independiente con las cooperativas que le prestan el servicio, y en cada uno los corteros registran situaciones diferentes. Son los mismos trabajadores los que deben asumir el pago de la seguridad social, los parafiscales, prestaciones sociales y el pago de la administración de la cooperativa.
Los ingenios que están en cese de actividades son: Manuelita, Providencia, Incauca, María Luisa, Central Tumaco, Castilla y Pichichí.
Uno de los dirigentes del ingenio Pichichí ha acusado al senador Alexander López, del Polo Democrático, de ser el organizador del paro. Por su parte, el senador Alexander López, asegura que un grupo de corteros de caña se acercó a él hace un año para manifestarle su molestia por los bajos ingresos. Y afirma “yo no promuevo paros. De hecho, organicé varias reuniones cuyo objetivo era buscar una salida negociada”.
Sin embargo el fiscal general ordenó el pasado 25 de septiembre el traslado a Bogotá del director de Fiscalías de Cali para recibir de primera mano un informe sobre los presuntos nexos del senador Alexander López con el paro de cortadores de caña que se adelanta en el Valle.
A las cinco de la tarde del pasado 25 de septiembre, en la sede de la Fiscalía en Cali se radicó una denuncia en la que se involucra al senador del Polo Democrático, Alexander López, quien estaría impulsando el bloqueo de cuatro de las cinco plantas productoras de alcohol carburante que representan el 70 por ciento del que se consume en el país.
Ante esta información, el fiscal general Mario Iguarán, le pidió al director de Fiscalías del Valle, Alejandro Padrón, que fuera a Bogotá y comenzara la verificación minuciosa de la información aportada.
Por otra parte, el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, denunció la infiltración de las FARC en el paro de los cortadores de caña y señaló que existe una denuncia que indica, no sólo la presencia de infiltrados de ese grupo guerrillero, sino financiación del mismo grupo a los huelguistas.
En realidad es una nueva maniobra de judicialización del sindicalismo en Colombia y el Senador Alexander López ya se vio inmerso en campañas de esta naturaleza durante la conocida “Operación dragón”, campañas que fueron denunciadas el 30 de octubre de 2004 en un largo y detallado comunicado de organización sociales del Valle del Cauca.
[Fuente: Editorial de Radio Nizkor, Bélgica y Españ 27sep08]
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