Equipo Nizkor - El dosier de las últimas violaciones a los derechos humanos.

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28feb15

El dosier de las últimas violaciones a los derechos humanos

A instancias del gobierno Santos y la presencia de delegados de la Cancillería y la Agencia para la Defensa del Estado, hace dos semanas se reunieron varios enviados de la Corte Penal Internacional (CPI) con un grupo de magistrados del Consejo de Estado. El tema del encuentro fue evaluar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en las que se ha reconocido responsabilidad del Estado colombiano. Las conclusiones ahora forman parte de un trascendental documento.
Los siete integrantes de la Sección Tercera, con apoyo de su relatoría y de los altos dignatarios de la corporación judicial, elaboraron un texto de 292 páginas que sintetiza 160 providencias expedidas en los últimos 25 años, en las que se registran graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de sentencias que, aplicando estándares internacionales concernientes al principio de reparación integral del daño, demuestran el impacto real que ha causado la guerra en la población civil, con altos costos para el Estado colombiano.
El destinatario del documento es la Corte Penal Internacional y por eso su contenido está dividido en dos partes. En primer lugar, los casos calificados como crímenes de guerra, en relación con los conflictos armados no internacionales y las violaciones graves del artículo tercero común a los cuatro convenios de Ginebra. En segunda instancia, los casos que se enmarcan dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil o ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Aunque en los 160 casos seleccionados el Estado sale mal librado, ello no quiere decir que se trate de acciones u omisiones exclusivas de la Fuerza Pública o de instituciones oficiales. Por el contrario, muchos de los sucesos incluidos en el informe también tienen que ver con hechos perpetrados por los grupos guerrilleros o las facciones del paramilitarismo, sólo que al ser evaluados por la justicia administrativa, se concluyó que la cobertura del Estado fue insuficiente y, de una manera u otra, permitieron fatales desenlaces.
El documento, conocido por El Espectador, recalca que para analizar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con responsabilidad conexa del Estado, es necesario hacer un corte de cuentas: antes y después de la Constitución de 1991. Según los magistrados del Consejo de Estado, desde hace un cuarto de siglo existen notorios avances en la protección de los derechos humanos y se ha fortalecido el concepto de la responsabilidad estatal por daños contra la población civil.
El informe clasifica los más impactantes casos de desaparición y muerte de civiles, homicidio y lesiones a la Fuerza Pública, muerte violenta de funcionarios judiciales, estragos por las minas antipersonas, graves sucesos de desaparición forzada, episodios de desplazamiento, detenciones arbitrarias, masacres, torturas o violencia sexual. Una muestra suficiente de lo que le ha costado a Colombia el horror del conflicto armado interno, y de qué manera las Fuerzas Armadas o los grupos armados ilegales se han ensañado con la gente del común.
A pesar de que cada caso en sí mismo es estremecedor por la gravedad de los hechos, por razones de espacio, sólo puede incluirse en este informe una muestra significativa de 15 de los más impactantes sucesos cometidos. No obstante, cabe resaltar que en conjunto, el documento preparado por el Consejo de Estado demuestra cómo en aquellas zonas en las que la guerra desbordó al Estado, las violaciones a los derechos humanos han dejado terribles secuelas que ni siquiera la memoria podrá reparar.
Ataque con cilindros de gas
El 31 de enero de 2000, las Farc irrumpieron Suárez (Cauca) y utilizando cilindros de gas atacaron la estación de policía. Las Farc vulneraron el Derecho Internacional Humanitario al producir daños a la población civil por la poca precisión de sus armas, pero se responsabilizó también al Estado porque perdió la vida Ruth Varela, propietaria de una droguería situada junto a la estación. El Consejo de Estado concluyó que la ubicación de ese puesto policial creó un riesgo para la población.
Hermanos Salinas Castellanos
El 3 de octubre de 2002, para confrontar a grupos de las Farc y el Eln que hacían presencia en la zona, el Ejército desplegó un operativo en área rural de Murillo (Tolima). Ese mismo día en la región desaparecieron los hermanos Óscar y Dairo Salinas Castellanos. El primero de ellos venía siendo amenazado por miembros de la Fuerza Pública. Su cadáver y el de su hermano fueron encontrados con signos de violencia en una fosa común. El Ejército fue condenado por desaparición y muerte de civiles.
En condiciones de indefensión
El 8 de julio de 1999, las Farc atacaron a un grupo de militares que patrullaban por Gutiérrez (Cundinamarca) y en la acción perdieron la vida 38 soldados. Nueve más quedaron heridos. El caso fue calificado como homicidio múltiple con víctimas en condiciones de indefensión. Sin embargo, el Consejo de Estado probó también que hubo indolencia, indiferencia, irresponsabilidad y burla de altos mandos ante los pedidos de ayuda de los militares atacados. El Ejército resultó condenado.
Juez en Cumbal
El 18 de febrero de 1998, cuando salía de un establecimiento comercial, el juez de Cumbal (Nariño), Salas Rodríguez, fue asesinado por dos desconocidos que le propinaron siete impactos de bala. Desde cuatro años atrás estaba amenazado de muerte, pero sólo se le ofreció el mismo cargo en un municipio menor y más peligroso. El 7 de enero de 1998, tres individuos asaltaron la cárcel del pueblo y liberaron a tres detenidos. Al día siguiente regresaron y, manifestando ser del Eln, dejaron el mensaje de que el juez debía absolver a los fugitivos. El funcionario judicial reportó lo sucedido y la Policía y el Ejército fueron informados de lo que estaba sucediendo en Cumbal. Sin embargo, los militares entraron en debate sobre a quién correspondía la jurisdicción para cumplir con su deber. Mientras lo decidían, el juez fue asesinado. La justicia administrativa cuestionó la forma como el Estado abandonó a su suerte al valiente juez Salas Rodríguez, acribillado por guerrilleros que quedaron impunes en el caso.
Contra la población civil
El 15 de septiembre de 2001, integrantes del frente Ómar Isaza, de las autodefensas del Magdalena Medio, incursionaron en el corregimiento de Frías, de Falan (Tolima), y en un crimen de lesa humanidad causaron la muerte a 11 pobladores. Aunque toda la responsabilidad fue atribuida al paramilitarismo, el Consejo de Estado demostró que en su momento varias de las víctimas pidieron apoyo a las autoridades porque estaban siendo estigmatizados como colaboradores de la guerrilla.
Masacre en Puerto Alvira
El 4 de mayo de 1998 paramilitares entraron a la inspección de Puerto Alvira (Caño Jabón) en el Meta y asesinaron a una decena de habitantes, a quienes previamente sometieron a torturas. Varios cuerpos fueron desmembrados y les prendieron fuego. Esta violación de los derechos humanos fue también cuestionada por el Consejo de Estado. La razón: lo mismo que había ocurrido diez meses antes en Mapiripán. A pesar de que el Ejército sabía del riesgo que corría la población no hizo nada para defenderla.
La Unión Patriótica
El 17 de febrero de 1999, el líder sindical y dirigente de la Unión Patriótica, Julio Alfonso Poveda, fue asesinado al sur de Bogotá. Después de casi 15 años sumando víctimas, este movimiento tuvo que sepultar a uno más de sus dirigentes. El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa al recordar que después de tanto tiempo de persecución en su contra, era claro que los líderes de la UP requerían protección especial. La falla en el servicio una vez más fue evidente.
Caso Lalinde
El 3 de octubre de 1984, cuando participaba como facilitador en la recuperación de combatientes caídos del Epl, se perdió el rastro del joven de 26 años, Luis Fernando Lalinde. Después de una interminable búsqueda, años después fue encontrado su cadáver. La investigación judicial demostró que fue torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la Fuerza Pública. En septiembre de 2013, el Consejo de Estado condenó al Ejército, pidió a las autoridades investigar el caso y dispuso medidas especiales para recobrar la memoria de este joven, víctima de una grave violación de los derechos humanos.
El defensor
El 27 de febrero de 1998, en su propia oficina, fue asesinado el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo. El asunto fue más grave aún, porque este líder estaba denunciando acciones del paramilitarismo, en connivencia con la Fuerza Pública, en Ituango (Antioquia). El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Consejo de Estado, en virtud de la Ley 288 de 1996, se aprobó un acuerdo conciliatorio que reconoció la responsabilidad del Estado. Este capítulo de violencia continúa en investigación y constituye uno de los casos más graves de violación a los derechos humanos.
En una estación
El 28 de febrero de 1993, la niña Sandra Catalina Vásquez fue a buscar a su padre en la Estación Tercera de Policía de Bogotá. Cuando su madre fue la encontró en estado agónico, pues había sido brutalmente violada. Con el paso de los días se supo que el autor de la agresión había sido el agente de policía Diego Fernando Valencia, quien se encontraba en servicio. El caso fue juzgado como violencia de género, acceso carnal violento y homicidio. El Consejo de Estado ordenó indemnizar a la familiar y dispuso que la Policía ofreciera disculpas públicas a los parientes directos de la menor asesinada en la estación.
En el palacio
El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 y las Fuerzas Militares libraron una sangrienta batalla en el Palacio de Justicia. Doce personas fueron desaparecidas. Una de ellas fue Héctor Jaime Beltrán, quien trabajaba en la cafetería de la edificación. Ya el Consejo de Estado había reconocido otras desapariciones en este mismo episodio. En esta ocasión, en enero de 1999, la justicia administrativa admitió la falla en el servicio del Estado. Primero, porque se sabía del peligro de la toma guerrillera, y después porque la recuperación militar del palacio se convirtió en un aparatoso operativo donde se desconocieron garantías fundamentales.
Fusilados por Farc
El 4 de noviembre de 1989, varios guardas del resguardo de rentas de Santander fueron asesinados por la guerrilla. Eduardo Cetina, Hugo Alberto Vecino, Pedro María Castro y otros habían advertido a las autoridades y a sus compañeros su temor por los frecuentes ataques de la insurgencia. Aun así fueron enviados sin equipamiento defensivo ni condiciones de seguridad. En el sitio Portachuelo, del municipio de Rionegro, fueron atacados a tiros. Sin opción de defensa se sometieron y la guerrilla los fusiló. El Consejo de Estado cuestionó a las autoridades administrativas por la forma como expuso a unos funcionarios que perdieron la vida.
Sin planeación
El 7 de agosto de 1995, en la vereda La Victoria, del municipio de Choachí (Cundinamarca), murieron en una emboscada seis soldados profesionales. La acción fue cometida por las Farc y perdieron la vida José Israel Páez, Israel Cañas, Alirio Tapias, Adán Gutiérrez, Olman Pedraza y Carlos Gil. El hecho fue considerado una violación al DIH por parte de la guerrilla, pero el Consejo de Estado logró probar que la muerte de los soldados obedeció a una falta total de planeación de coordinación del operativo al cual fueron encomendados. En otras palabras, si bien las Farc desconocieron el DIH, el Estado también falló, en esta ocasión por omisión en cumplimiento del deber.
Ejecutados
El 27 de enero de 1990, en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba), fueron sacados de sus casas los indígenas Fredy Pérez, Saúl Ortiz, Jaime Beltrán y Eliécer Suárez. Al día siguiente, los cuerpos sin vida de los cuatro indígenas aparecieron en área rural del municipio de Chinú. El Consejo de Estado constató que se trató de una ejecución extrajudicial perpetrada por agentes de policía. Además, consideró más grave aún lo sucedido por tratarse de personas que hacían parte integral de la comunidad zenú, del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento. Más allá de lo penal, se demostró una evidente falla en el servicio por parte del Estado.
En Usme
El 26 de noviembre de 1991, cuando se desplazaban al sector de Usme, a las afueras de Bogotá, para cumplir una diligencia de trabajo, fueron atacados a bala y con cargas de dinamita ocho miembros de una comisión judicial. La acción fue atribuida a las Farc y murieron Luz Amanda Gómez, Jaime Antonio Puerto, Héctor Romero, Arcesio Ojeda, Alfonso García, entre otros. A pesar de la responsabilidad de la guerrilla, el Consejo de Estado probó que las Fuerza Pública desprotegió a los funcionarios e incluso, de manera irresponsable, una patrulla de policía guardó distancia con el vehículo en el que viajaban los investigadores de la justicia.
El capítulo de la hacienda Bellacruz
El 14 de febrero de 1996 un grupo al margen de la ley incursionó en la hacienda Bellacruz, situada en el municipio de La Gloria, del departamento del Cesar, y después de amenazar y quemar las viviendas de al menos 280 familias campesinas, obligó a sus integrantes a huir de la región.
Este fue uno de los casos de desplazamiento forzado de mayor impacto en la década de los años 90. El caso fue investigado por la justicia penal, que terminó absolviendo al exministro Carlos Arturo Marulanda, propietario de tierras en la región y a quien se señalaba de ser uno de los promotores de la acción.
El Consejo de Estado, en febrero de 2010, admitió la responsabilidad de la administración pública por este caso de desplazamiento forzado. Además ordenó que la Fiscalía insista en investigar este episodio, por tratarse de una grave violación tanto de los derechos humanos como del Derecho Internacional Humanitario.
[Fuente: Por Norbey Quevedo Hernández, El Espectador, Bogotá, 28feb15]

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