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31ago09
El gringo 'chuzado'
Quien haya 'chuzado' la conversación entre el magistrado Iván Velásquez y James Faulkner no tuvo que estar versado en interpretación de voces para concluir que uno de los dos es extranjero. Un estadounidense para más señas y, tal vez, uno importante. Uno que tutea al magistrado principal de la parapolítica, que le manda documentos y con el que se reunió hace poco.
Se trata de James Faulkner, funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y abogado en varios procesos por narcotráfico ante las cortes de ese país. Faulkner fue uno de los litigantes de la parte acusadora en el caso de Anayibe Rojas Valderrama, alias 'Sonia' de las FARC, que en 2007 fue condenada a 16 años de cárcel por importar cocaína a los Estados Unidos con fines de distribución.
Faulkner hace parte de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDS, por su nombre en inglés) de la División Criminal del Departamento de Justicia. La NDDS no es simplemente una agencia más dentro de la burocracia anti-droga del gobierno norteamericano. Depende directamente de la Oficina del Asistente del Fiscal General, que está compuesta por individuos nombrados por el presidente Barack Obama con el consentimiento del Senado. La NDDS es una oficina con un alto perfil que asesora al FBI, la CIA y la DEA, y que se dedica a rastrear y enjuiciar a los peces gordos. No pierde el tiempo con narco-menudeo ni 'mulas'.
El 11 de agosto pasado, Diego Montoya Sánchez - 'Don Diego', extraditado a finales del año pasado - se declaró culpable ante una corte de Miami por narcotráfico, obstrucción de la justicia y homicidio. Lanny A. Breuer, Fiscal General Asistente de la División Criminal, celebró el hecho: "Esta condena es una gran victoria. Es el esfuerzo conjunto de Colombia y Estados Unidos para desmantelar estas organizaciones narcotraficantes". En otras palabras, la NDDS cobró su parte del triunfo.
En 2006, James Faulkner hizo parte del equipo de la NDDS que logró el enjuiciamiento del ex congresista salvadoreño William Eliú Martínez. Como congresista activo, Martínez controló la exportación de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Un jurado del Distrito de Columbia lo condenó a 29 años de cárcel.
Cualquier parecido entre este caso y alguno de la parapolítica no sería mera coincidencia. Los 14 líderes paramilitares extraditados en mayo de 2008 tienen cargos por narcotráfico. Y varios de ellos han mencionado en sus declaraciones el apoyo que recibieron o le dieron a políticos colombianos, algunos de los cuales podrían estar en los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia. Así, resultaría claro el interés del Departamento de Justicia en las investigaciones de la parapolítica.
En ese contexto, la 'chuzada' a James Faulkner - así fuera indirecta - podría caer muy mal en la administración Obama. Por un lado, iría en contra de una de las banderas que el propio Obama promovió cuando era candidato y aun como Presidente: "No más interceptaciones ilegales de ciudadanos norteamericanos, eso no es lo que somos ni lo que necesitamos para vencer a los terroristas", afirmó recientemente. (Declaraciones que, según sus críticos, no han estado acompañadas de un efectivo desmonte de todas las políticas de espionaje de la era Bush). Por otro lado, se trataría de una obstrucción a las investigaciones que la justicia norteamericana, con el apoyo de la colombiana, estaría desarrollando en casos de narcotráfico. Por último, la interceptación ilegal de comunicaciones va en contra de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la intimidad de los individuos. Sumado al hecho de que el funcionario del Departamento de Justicia tendría estatus diplomático, podría llegar a tener consecuencias legales.
Faulkner se convierte en el tercer extranjero espiado del que se tiene noticia. En denuncias anteriores, la revista Semana reveló que la ex comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Susan Villarán, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, también fueron espiados por el DAS.
Mientras tanto Felipe Muñoz, director de la entidad, respondió a las denuncias diciendo que es imposible que desde el DAS se siga 'chuzando'. Explicó que todos los equipos de grabación están bajo control y que la Fiscalía debe investigar. El presidente Uribe, por su parte, guarda reposo y prudente silencio.
[Fuente: Por Carlos Cortés Castillo, La Silla Vacía, Bogotá, 31ago09]
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