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14ago09
Del espionaje al sabotaje y la guerra sucia (y parte III)
Desde hace décadas, la privacidad de las comunicaciones electrónicas personales sólo existe en el papel. El aspecto más grave del escándalo de espionajes que estalló este año en Colombia radica en el uso que se da a la información recolectada.
La estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), "controla el teléfono, radio y otras comunicaciones, tanto de amigos como de adversarios de Estados Unidos. Subrepticiamente, lee todo el correo del mundo".
"El tráfico que intercepta diariamente es considerable. En épocas de tensión, gran número del personal de la ANS con conocimiento de los idiomas más importantes se pone los auriculares para escuchar en directo desde las órdenes cifradas del Estado Mayor de la nación objetivo, hasta conversaciones íntimas".
"Para otro tipo de material, los ordenadores destacan palabras clave que reclaman atención humana a mensajes específicos o conversaciones importantes. Se almacena todo, de modo que sea posible volver a revisar las cintas magnéticas: rastrear la primera aparición de una palabra código, por ejemplo, o exigir responsabilidad en una crisis".
La cita no proviene de algún aficionado a las teorías conspirativas, sino del astrofísico Carl Sagan en su libro "El mundo y sus demonios", publicado originalmente en inglés en 1995, un año antes de la muerte del científico estadounidense.
Según Sagan, las interceptaciones pueden hacerse desde puestos de escucha en países cercanos al objetivo, desde aviones y barcos que patrullan la zona o desde satélites de observación en la órbita de la Tierra.
La ANS es una agencia de apoyo a las operaciones bélicas, dependiente del Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos y que cuenta con personal militar y civil estacionado en el mundo entero.
Su misión fundamental es proteger los sistemas de seguridad de Estados Unidos mediante el monitoreo técnico de todo tipo de comunicaciones.
La ANS complementa la labor de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la menos conocida Defense Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de la Defensa), que basan su tarea en inteligencia humana, y de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, que se especializa en imágenes satelitales.
Concluida la Guerra Fría, la ANS prosiguió sus acciones en colaboración con Gran Bretaña, principal aliado estadounidense, mediante un "pacto de información", o "pacto de seguridad", al que estaban asociados también Canadá, vecino septentrional de Estados Unidos, y Australia y Nueva Zelanda, miembros de la Mancomunidad Británica.
Fue entonces cuando Echelon --el nombre con el que se conoce este "pacto de información" entre países de habla inglesa-- dejó de ser un mito.
En febrero de 2000, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores del Parlamento Europeo se ocupó de la ANS y de Echelon pues sus actividades, reconvertidas en buena medida de lo militar a lo civil, preocupaban a la industria europea.
Ya no se trataba de cooperación entre agencias de inteligencia para luchar contra el comunismo, el terrorismo o la defensa nacional, sino de un espionaje económico y comercial sobre gobiernos y empresas, al que estaba asociado un miembro de la Unión Europea (Gran Bretaña), en contra de competidores de ese continente.
Para entonces ya había ocurrido, entre otros, el enojoso caso de la venta de un radar a Brasil, en un concurso que, presuntamente gracias a Echelon, ganó la empresa estadounidense Raytheon y no la francesa Thompson, que alegó haber perdido millones de euros.
Según el periodista investigativo británico Duncan Campbell --quien confirmó la existencia de Echelon en 1988 y aportó a la comisión del Parlamento Europeo un documento que describía la dimensión de la vigilancia electrónica--, para 1999 los países socios de Echelon usaban 120 satélites.
El debate europeo en torno a Echelon se prolongó varios años, aunque no llegó a tanto como para poner en peligro los negocios de los propios europeos con su principal socio comercial, Estados Unidos, y tampoco derivó en un enfrentamiento con la principal potencia militar del continente, Gran Bretaña.
Mientras, el gobierno estadounidense de George W. Bush encontraba en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 fundamento para terminar con la exigencia de orden judicial para espiar rutinariamente al ciudadano de a pie.
En todo caso, la historia ilustra que la privacidad de las comunicaciones es una ilusión que sólo perdura en el papel, vale decir, en las constituciones y leyes nacionales y en la normativa internacional, y a veces ni siquiera en ellas.
Inteligencia ofensiva
En los hechos, el quid está en el uso que se hace de la información obtenida por medio de espionaje electrónico.
La prensa colombiana comprobó este año que la principal agencia de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que depende de la Presidencia, espió comunicaciones y llevó a cabo otro tipo de seguimientos ilegales contra magistrados, defensores de derechos humanos, políticos opositores y periodistas, a los que clasificó como "blancos".
Una mirada benigna a las actuaciones del DAS indicaría que la cultura del secreto, propia de las fuerzas militares y de inteligencia que menciona Sagan, fue aprovechada por algunos individuos para sus propios fines.
Esa es la posición del gobierno, cuyos representantes apuntan a un hecho real: en la lista de espiados figuran también altos funcionarios y oficialistas a ultranza.
Pero los propios agentes del DAS que filtraron el escándalo a la prensa dijeron en febrero a la revista bogotana Semana que habían grabado a algunos altos dignatarios como autoprotección ante el hecho de que recibían órdenes irregulares.
La diferencia fundamental estriba en que los altos funcionarios y los políticos oficialistas espiados aparentemente no fueron objeto de acciones de "inteligencia ofensiva".
Muchos en Colombia piensan aún que lo más grave de este escándalo es la invasión ilegal de la privacidad mediante interceptaciones y seguimientos, y no el uso que ha hecho el DAS de esa información para ejercer inteligencia ofensiva contra los disidentes.
"Aunque resulte sorprendente, hay desacuerdo sobre la definición de esos dos términos", dijo a IPS el ingeniero eléctrico Steven Aftergood, analista investigador mayor de la Federación de Científicos Estadounidenses, donde dirige el Proyecto sobre Secreto Gubernamental, destinado a reducir el alcance del secretismo oficial y reformar sus prácticas.
La inteligencia se refiere en general a la recolección de información relacionada con amenazas potenciales para la seguridad nacional, indicó Aftergood. Si bien las interpretaciones sobre "seguridad" y "amenaza" pueden diferir, "la inteligencia per se no tiene un componente ofensivo", agregó.
Sin embargo, hay acciones encubiertas contra países (o "blancos") que "bien pueden ser consideradas como operaciones de inteligencia ofensiva", agregó.
"Las operaciones de información ofensiva buscan impedir, degradar, destruir, perturbar, engañar y explotar los sistemas de comando y control del adversario" o "blanco", definió en su edición de julio-septiembre de 1999 el estadounidense Military Intelligence Professional Bulletin, del Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos.
La información ofensiva, agrega la publicación, degrada "los sistemas de información del enemigo (...) perturbando sus ciclos de decisiones y su capacidad de generar poder de combate".
Miles y miles de folios integran las 104 carpetas entregadas en marzo por el DAS a la Fiscalía General de la Nación a raíz de denuncias periodísticas sobre la actividad del Grupo de Inteligencia 3 o G-3, creado para recabar supuesta inteligencia estratégica y de Estado sobre disidentes colombianos.
El G-3 actuaba sin orden judicial y usaba la información para intimidar a sus "blancos" y sabotear sus actividades, a las que hacía un estrecho seguimiento.
El sabotaje incluyó amenazas de muerte anónimas, como lo reconoció Jorge Alberto Lagos, ex jefe de contrainteligencia, destituido en febrero y detenido tras la orden de captura librada por la fiscalía el 31 de julio contra él y otros nueve funcionarios y ex funcionarios del DAS.
También se enviaron coronas fúnebres al menos a tres periodistas, como sugieren coincidencias entre órdenes que aparecen en actas del G-3 y los hechos.
Para uno de los "blancos", Alirio Uribe, director del humanitario Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que sufrió el seguimiento más invasivo de su vida privada, "la inteligencia usada como lo ha hecho el DAS es el corazón de la guerra sucia en este país", según dijo al diario bogotano El Espectador.
El G-3 también buscaba judicializar a sus "blancos", críticos del gobierno de Álvaro Uribe y defensores de derechos humanos.
El G-3 fue creado en 2003 fuera del organigrama del DAS, y "en teoría el grupo se acabó en noviembre de 2005", concluyó la fiscalía, pero "algunas actividades del G-3 se extendieron en el llamado GONI", Grupo de Observación Nacional e Internacional (también del DAS), a su vez supuestamente disuelto en marzo.
El DAS negó hasta ese mes la existencia del G-3.
[Fuente: Por Constanza Vieira, IPS, Bogotá, 14ago09]
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