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17may09
Según los críticos del Gobierno, habría varios ‘Montesinos’ en Palacio
La tormenta política desatada en las últimas semanas por cuenta de las ‘chuzadas’ ilegales del DAS a dirigentes, políticos, funcionarios, magistrados y periodistas son el colofón de toda una cadena de acontecimientos que tienen en jaque la credibilidad del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Los detractores del Ejecutivo hablan de ‘persecución’ no sólo a líderes de opinión y periodistas y de un ‘atentado’ a la libertad de prensa, sino de una retaliación velada contra la propia Corte Suprema de Justicia por cuenta de sus investigaciones de la parapolítica.
Incluso afirman sin tapujos que en el país opera una ‘policía política’ muy similar a la que existió en Perú en la época de Alberto Fujimori y su siniestro jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Allegados al Gobierno, por su parte, reconocen que los hechos recientes y en particular las interceptaciones ilegales del DAS, “son muy graves”. No obstante, insisten en que no se puede hablar de ‘Montesinos’ en la Casa de Nariño, pues consideran que hasta el momento no existen evidencias judiciales que permitan establecer plenamente que las órdenes vinieron de Palacio.
De cualquier modo, el hecho es que el dedo acusador apunta hoy hacia dos de los más importantes asesores del presidente Uribe: el secretario General, Bernardo Moreno, y el hasta hace poco asesor presidencial José Obdulio Gaviria. ¿La razón? El ex jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán en retiro Jorge Alberto Lagos, le aseguró a la Fiscalía que se reunió con ambos en la Casa de Nariño y que los dos estaban al tanto de los seguimientos.
Quizás lo más preocupante para los expertos es que desde Palacio se estaría diseñando toda una estrategia para desprestigiar las investigaciones de la parapolítica, y que a ella estarían vinculados varios altos funcionarios del Estado, no sólo Gaviria y Moreno.
Por el momento, la Procuraduría formuló pliego de cargos, por las interceptaciones ilegales, a Moreno, al secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez; al asesor de Comunicaciones, Jorge Mario Eastman; al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Mario Aranguren, y a varios ex directores del DAS.
Al decir del analista León Valencia Agudelo, “el punto de quiebre de toda esta crisis la marcó el llamado a indagatoria de Mario Uribe (ex senador, primo del Presidente). Desde ese momento se agudizó toda la confrontación con la Corte Suprema”.
Lo que es innegable es que, efectivamente, desde ese momento la tensión entre los dos poderes ha sido creciente, al punto de que hoy existe un proceso penal en curso entre Uribe y el ex presidente de la corporación, César Julio Valencia, sin visos de conciliación.
Otras versiones apuntan a que el origen de la crisis institucional se originó en rumores sobre supuestos vínculos de algunos magistrados de la Corte con el polémico empresario Ascencio Reyes, relacionado con personas señaladas de narcotráfico, y que motivó una denuncia del entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, contra varios magistrados de la Corte.
“Lo que hice en su momento fue poner esas informaciones en manos del juez natural de los magistrados que es la Comisión de Acusación de la Cámara. Si el DAS tuvo informaciones de posibles conductas irregulares de algunos magistrados, también debe ponerlas en conocimientos de las autoridades. Es que cada hecho hay que mirarlo de manera diferencial, no se puede hablar de un complot desde la Casa de Nariño (contra la Corte) y menos decir que se está obstaculizando la labor del poder judicial”, afirma Restrepo.
¿‘Policía Política’?
Para la analista y columnista Claudia López, las ‘chuzadas’ ilegales forman parte de una “acción sistemática de persecución” que tendría un solo propósito: “Obstaculizar decisiones políticas o judiciales contra miembros de la coalición de Gobierno”.
El caso ‘Tasmania’ -ex paramilitar que se retractó, tras asegurar que la Fiscalía le ofreció beneficios a cambio de enlodar al presidente Uribe-; el caso de Ascencio Reyes; los supuestos vínculos de magistrados con la mafia y las ‘chuzadas’ del DAS, formarían parte de esa “acción sistemática”.
Según López, es posible que exista más de un ‘Montesinos’ en la Casa de Nariño: “La persecución política no se la inventó un director del DAS sin patrocinio y solicitud expresa desde la Casa de Nariño”.
Esta tesis la respalda Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Asegura que “es incomprensible que el presidente Uribe - de quien depende el DAS- no se haya dado cuenta de la situación”.
Cepeda agrega que los ‘montesinos’ son “grupos de personas de diferentes estamentos estatales destinados a actividades criminales”.
Pero el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza, a pesar de que acepta acciones ilegales de algunos funcionarios del DAS, descarta la existencia de una ‘policía política’.
Claro, dice, “si llegare a probarse que algún alto funcionario de la Casa de Nariño dio esa orden, ahí sí el asunto sería mucho más grave”.
Los observadores recuerdan otros episodios: cuando el ex comisionado Restrepo acusó a Rafael Pardo de un complot con las Farc para sabotear la primera reelección del presidente Uribe; que la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, sabía de los seguimientos a magistrados de la Corte y los negó; la información que suministró la Uiaf sobre varios magistrados; la destitución de 22 funcionarios del DAS y la petición de las altas cortes para que un relator de la ONU haga presencia en Colombia.
“Todo forma parte de prácticas propias de la ‘policía política’ en la que participan personas del más alto nivel”, reitera el analista Valencia.
Aún así, Restrepo, presidente del Partido de La U, opina que “todo eso es producto de la imaginación...desde hace años sectores de la oposición están empecinados en mostrar al presidente Uribe como un dictador y a quienes lo acompañamos como delincuentes y criminales de guerra”.
Por ahora, Procuraduría y Fiscalía realizan averiguaciones preliminares.
La ‘Policía política’
Se trata de un sistema común en los regímenes autoritarios, en el que el Gobierno de turno utiliza métodos ilegales para atacar a la oposición.
En Perú se llamó Servicio Nacional de Inteligencia (SNI), y estuvo a cargo del asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Durante el régimen de Alberto Fujimori el SNI realizó espionajes telefónicos, torturas y asesinatos.
Muchas casos ocurrieron en el propio Cuartel General del Ejército, conocido como ‘Pentagonito’.
La excusa del régimen fue siempre la lucha contra la subversión y el terrorismo, pero de fondo el objetivo fue la oposición política.
En Colombia, sin que la situación sea igual, la oposición habla de ‘policía política’ para referirse a las interceptaciones ilegales.
En pocas palabras:
"Un presidente o director de institución debe saber lo que sucede, y si nota algo ilegal tiene que hacerlo saber a las autoridades”. Luis C. Restrepo, Ex Comisionado.
"Si el Presidente no sabía de las ‘chuzadas’ es grave. Y si sabía, es mucho más grave. Él tiene la responsabilidad política”. León Valencia, analista.
[Fuente: El País, Cali, 17may09]
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