EQUIPO NIZKOR |
|
07may09
Documentos confirmarían que el DAS hizo seguimientos a los magistrados de las altas cortes
El martes 22 de abril de 2008, Jorge Alberto Lagos León, un oficial (r) de la Marina que entonces era subdirector de Contrainteligencia del DAS, fue a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, UIAF, en busca de datos reservados sobre movimientos financieros y el patrimonio económico de 36 personas, entre ellas 14 magistrados de las cortes. Lagos radicó el oficio No. 68752 en el que aparecían los nombres de seis personas desconocidas, y anexó un listado en el que figuraban los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, un magistrado del Consejo de la Judicatura, una fiscal delegada y el Defensor del Pueblo.
Según documentos y testimonios obtenidos durante las investigaciones por las 'chuzadas' y seguimientos del DAS a magistrados, miembros de la oposición y periodistas, Lagos hizo la gestión un día después de una reunión en la Casa de Nariño a la que asistieron, además de él, la entonces directora del organismo María del Pilar Hurtado, el director de Inteligencia capitán (r) Fernando Tabares, y el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno. El objetivo de la reunión era discutir "asuntos de trabajo" del DAS. Según Hurtado, Moreno expresó su preocupación por una información en el sentido de que la Corte podía haber sido infiltrada por el narcotráfico y la Fiscalía por paramilitares".
El 24 de abril, el subdirector de Análisis de Operaciones de la UIAF, Luis Fernando Daza Giraldo, envió a Lagos parte de la información solicitada, y el jefe de la Unidad, Mario Aranguren, le informó por escrito a la directora del DAS sobre lo que le habían entregado a Lagos, con la advertencia de que era información reservada, sujeta a verificación por los organismos competentes. Estas previsiones estaban contempladas en un convenio interadministrativo firmado en 2006, que también establecía cuáles funcionarios podían tener acceso en condiciones especiales a las bases de datos de la Unidad.
"El subdirector de Contrainteligencia del DAS figura entre las personas habilitadas para hacer estas consultas ¿le dijo a CAMBIO uno de los funcionarios encargados de la custodia de la información¿. No podíamos oponer la reserva legal y exigirle que nos informara para qué quería los datos, así algunos nombres del listado anexo nos llamaran la atención".
No obstante, según la ley ¿está por encima del convenio¿ la solicitud de Lagos debía especificar cuál juez o fiscal ordenaba esa petición y en relación con cuál expediente judicial, requisito que no se cumplía. Así, en forma irregular, el DAS obtuvo información que se convertiría en carga de artillería para la batalla que en esos días libraban el Gobierno y la Corte Suprema por episodios ligados al proceso de la parapolítica.
El blanco mayor
A comienzos de julio, la directora del DAS tenía en sus manos un informe de 25 páginas, y discos y gráficos anexos bajo el título de "Paseo", radicado con el No. 2347. Parte de esa información, filtrada a algunos medios de comunicación, daba cuenta de movimientos de Ascencio Reyes Serrano, conocido en círculos judiciales y con acceso a varias oficinas de magistrados de las Cortes y de la Fiscalía .
El nombre de Reyes había salido a flote en la reunión con Moreno en Palacio porque había información en el sentido de que habría asumido los gastos de un homenaje en Neiva, el 9 de junio de 2006, al recién elegido presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez, con quien el presidente Uribe había tenido un altercado ¿incluida tirada de teléfono¿ a raíz de la controversia sobre tutelas contra sentencias y cuál debería ser el tribunal de cierre. El interés de la Casa de Nariño era indagar hasta dónde iban las relaciones de Ascencio Reyes y el magistrado, porque el primero tenía o había tenido negocios con una persona extraditada y con el empresario italiano Giorgio Sale, con vínculos con Salvatore Mancuso.
En junio de 2008, CAMBIO reveló que una comisión del DAS había viajado a Neiva para buscar registros hoteleros, facturas de pagos en restaurantes y órdenes de servicios en clubes sociales con el fin de establecer quién había pagado el homenaje. Ya entonces había un creciente malestar en la Corte por seguimientos y 'chuzadas', y era evidente que el DAS tenía puesto los ojos en la Corte.
La información que la UIAF entregó al DAS llegó a manos del fiscal Mario Iguarán y de la directora de la Unidad para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, Gladys Lucía Sánchez, el 8 de diciembre de 2008, en virtud de protocolo que exigen poner en conocimiento de la Fiscalía información asociada a posibles operaciones de lavado.
Es un documento de 47 páginas, conocido por CAMBIO, sobre los estados financieros de las empresas de Reyes y su familia, entre ellas la agencia de viajes Basan, la que contrató los vuelos charter para llevar a los magistrados a Neiva al homenaje al presidente de la Corte. También documenta sus negocios con personas investigadas por narcotráfico y transacciones con tres magistrados y la esposa de un parlamentario investigado por la Corte Suprema en el proceso de la parapolítica.
Según el documento, Reyes es propietario de 11 predios, entre ellos 'El Guichiral', en Puerto Lleras, Meta, en el que también figura como propietario José María Ortiz Pinilla, extraditado el año pasado a Estados Unidos. También aparecen entre los socios de Reyes, Consuelo Collazos Ceballos, quien hizo negocios con Gilberto Garavito Ayala, cabecilla de una organización que enviaba drogas a Estados Unidos, según la Fiscalía, y a quien le fueron incautadas 11 propiedades en enero de 2008. Y Fabio Triana Peña, en El Centauro Inversiones Comerciales Ltda., y quien es copropietario de Construimos del Huila S.A. con Erman Triana Peña, detenido en 2003 por narcotráfico, y con Williams Triana Peña, reportado en la base de datos de juegos de azar como 'sospechoso' ganador de dos fracciones del premio mayor de la Lotería de Santander por 750 millones de pesos en marzo de 2008.
La información sobre Reyes incluye copia de una consignación por 15 millones de pesos hecha en una cuenta suya por Carmen María Imbett, esposa del senador Julio Alberto Manzur Abdala, miembro del Directorio Nacional Conservador e investigado en forma preliminar por la Corte.
Y llama especialmente la atención un millonario pago de Reyes al entonces magistrado de la Corte Suprema Carlos Isaac Náder. Reyes dijo en una entrevista en El Espectador el 21 de julio de 2008, que fue por la compra de una casa cerca a las playas de San Antero, Córdoba, pero según el documento el certificado de tradición del inmueble no figuraba a nombre del magistrado cuando se llevó a cabo la transacción. Pero las indagaciones fueron mucho más allá. Llegaron hasta varios magistrados de la Corte Suprema, como lo indica la lista de nombres que anexó Lagos en el oficio que radicó en la UIAF: César Julio Valencia Copete, entonces presidente de la Corte Suprema y también enfrentado públicamente con el Presidente; Sigifredo Espinosa, Alfredo Gómez Quintero, Jorge Luis Quintero Milanés, Francisco Ricaurte, Mauro Solarte Portilla, Camilo Tarquino y Javier Zapata, todos magistrados de la Corte Suprema.
Tampoco se escaparon el entonces presidente de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto y su esposa, y la magistrada de ese tribunal Isaura Vargas, lo mismo que la entonces fiscal delegada ante la Corte Martha Luz Hurtado.
Más que casos aislados
Las averiguaciones del DAS sin soporte legal, por iniciativa del secretario general de la Presidencia, son tal vez la única parte de la estrategia de 'chuzadas' y seguimientos a altos funcionario del Estado que quedó consignada en documentos registrados oficialmente. Porque lo que hasta ahora se sabe es que cientos de interceptaciones telefónicas fueron borradas, e información sobre la vida personal de algunos magistrados, de sus familiares y de opositores políticos desapareció cuando estalló el escándalo.
El núcleo del problema radica en establecer si todos los procesos obedecieron al interés legítimo de descubrir la posible influencia de una persona con nexos con el narcotráfico en algunos magistrados, o si fue solo un pretexto del Gobierno para poner en marcha un plan de desprestigio del máximo tribunal de Justicia. La diferencia no es menor: la primera hipótesis significa que el escándalo es una especie de globo. La segunda, que existe un conflicto de gravísimas consecuencias institucionales: un DAS-gate.
Los seguimientos, indagaciones y 'chuzadas' se dieron en momentos en que había un enfrentamiento sin precedentes entre el Gobierno y la Corte Suprema, y cuando la Corte estaba a fondo en el proceso de la parapolítica que involucraba a muchos congresistas de la coalición uribista. Por eso no resulta exagerado decir que el escándalo de las 'chuzadas' y seguimientos a la Corte ha despertado especial atención de la comunidad internacional por el riesgo para la independencia de la Justicia, considerada pieza fundamental del Estado de Derecho.
Hay muchas preguntas que todavía no han obtenido respuestas satisfactorias de parte del Gobierno. ¿Por qué tanto empeño en el seguimiento de Reyes? Si se trataba de un caso de narcotráfico o de lavado de activos, ¿por qué no lo dejó en manos de la Fiscalía? ¿Era acaso un pez gordo que comprometía la seguridad nacional?
Otros interrogantes tienen que ver con asuntos ajenos al narcotráfico: ¿las órdenes desde Palacio para investigar a los magistrados supuestamente contaminados por Reyes se extendieron a miembros de la oposición? ¿Qué relación podría haber? ¿Por qué la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado mintió en dos ocasiones a la Corte? ¿Cómo se explica la sustracción del computador del nuevo presidente de la Corte, Augusto Ibáñez, o los seguimientos a María del Rosario González de Lemos y al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez, hoy con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué las investigaciones se concentraron en los magistrados que en forma abierta se han enfrentado al Gobierno? ¿Por qué investigar hasta la vida privada de los magistrados?
Son muchas las inquietudes. El fiscal general Mario Iguarán no vaciló en afirmar que el caso 'hiede'. La Procuraduría abrió investigación contra 16 personas vinculadas al DAS, incluidos los ex directores Jorge Noguera, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado. En un ambiente de "choque de trenes" de matices muy complejos que no puede explicarse en términos de blanco y negro, lo cierto es que la Corte se siente acorralada y perseguida por el Gobierno, mientras en el Ejecutivo creen que las actuaciones se ciñeron a la ley y a las funciones y atribuciones permitidas.
El ambiente está caldeado, y como dijo en entrevista con CAMBIO el presidente de la Corte Suprema Augusto Ibáñez, el alto tribunal espera que se pase de los titulares a las decisiones. Las Altas Cortes expidieron un duro comunicado el lunes en la noche exigiendo un pronunciamiento del Presidente sobre el caso del DAS, pero en una breve alocución el martes, Uribe se salió por la tangente y prometió mantener un diálogo sincero con el poder judicial, pero se refirió en concreto a la solicitud de los magistrados.
En pleno ambiente electoral, las dimensiones políticas del escándalo seguirán creciendo. El precandidato liberal Rafael Pardo, que ha dicho que detrás de todo puede haber una especie de Montesinos que planeó todo, pidió ser incluido en el proceso en calidad de víctima y nombró como abogado el ex comisionado de Paz Camilo Gómez. En el Congreso, la oposición está organizando un debate sobre el tema, y no hay que olvidar que la hoy ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, renunció cuando se develó la instrucción de un subalterno suyo para espiar al senador del Polo Gustavo Petro.
La bola de nieve sigue creciendo y no se ve cómo pueda parar. La controversia por los seguimientos a los magistrados es el último eslabón de una cadena que ha incluido 'chuzadas' telefónicas, espionaje a la oposición e infiltración paramilitar cuando Jorge Noguera estaba a la cabeza del DAS. Demasiados indicios que le quitan credibilidad a la hipótesis de casos aislados y manzanas podridas.
[Fuente: Revista Cambio, Bogotá, 07may09]
 | This document has been published on 08May09 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |