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03may09
La maraña del DAS
Los recientes escándalos protagonizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), órgano del que se olvida, o al menos se insiste poco, está adscrito a la Presidencia de la República, no pueden más que preocupar e indignar.
Después de que el CTI de la Fiscalía entró a investigar la irregular situación divulgada por los medios hace ya unos meses, el propio Mario Iguarán manifestó que el informe “causa preocupación, en atención al hedor que él expide”. Ahora sabemos, pero ya lo intuíamos y mucho se había denunciado, que la situación era más grave de lo que el Gobierno dio a entender cuando la revista Semana divulgó, por primera vez, los casos de chuzadas a personalidades de la vida pública colombiana.
El interés por conocer las fuentes de información y las conversaciones ocultas de unos pocos era en realidad un juego de niños al lado de la metódica y bien ordenada operación puesta en marcha para fisgonear los más diminutos rincones de la vida privada de los jueces de la Corte Suprema. Y así, con cuentagotas, nos enteramos de que funcionarios del propio DAS corrían por los pasillos con computadores y documentos que la Fiscalía ya no podía rastrear. Y que la ex directora del organismo, María del Pilar Hurtado, le mintió deliberadamente a la Corte. Y que la UAIF del propio Ministerio de Hacienda hacía entrega de información confidencial al organismo, sin orden judicial.
Insistir a estas alturas en que las órdenes impartidas para vigilar, perseguir y entrometerse hasta extremos inimaginables en la vida privada de magistrados, políticos y periodistas son un pequeño caso de corrupción, un ejemplo de cómo unos pocos mandos medios se apropiaron por unos instantes del DAS no hace más que contribuir a que la situación se mantenga. Y por esa vía se le hace un gran favor a quienes están interesados en mantener en silencio lo que, cada vez es más claro, tiene serias connotaciones de persecución política.
Ahora la oposición ha llevado el debate a otro plano. El ex presidente Cesar Gaviria recordó el tema de las interceptaciones telefónicas ordenadas por Vladimiro Montesinos, asesor del condenado ex presidente Alberto Fujimori, e insistió en que el Gobierno tilda de criminal a todo el que se le opone. En el mismo sentido se pronunció el precandidato Rafael Pardo, quien exigió que se sepa el nombre del “Montesinos colombiano”. Razón no les falta.
Las medidas adoptadas por el director del DAS, Felipe Muñoz, aunque encaminadas a devolverle la legitimidad al organismo, no son suficientes. A 33 asciende el número de personas —muchas sin relación alguna con las chuzadas— desvinculadas de la institución y, sin embargo, las dudas persisten. Reemplazar a este por aquel, crear rimbombantes oficinas de protección de los derechos humanos y fortalecer, una vez más, los protocolos para el manejo de los equipos de interceptación no hará que todo vuelva a normalidad. Posiblemente útil y necesaria, la temporada de las restructuraciones quedó atrás, del costado de la teoría de las manzanas podridas y las ruedas sueltas.
La apertura de investigación de la Procuraduría contra 16 integrantes del DAS, incluida la ex directora María Del Pilar Hurtado y los ex jefes de inteligencia y contrainteligencia, capitanes Fernando Tabares y Jorge Lagos, puede ser el inicio de algún dato que lleve al origen de todo. Lo mismo esperamos de la Fiscalía, aparentemente decidida a abordar el polémico caso por donde es y con la importancia que se merece. En uno y otro caso, los resultados definitivos y contundentes son requeridos. La simple exposición mediática, tan cargada de buenos propósitos, no basta. El país no espera más entrevistas con frases acongojadas, sino respuestas claras y contundentes sobre quién y cómo se conformó esta telaraña criminal.
[Fuente: El Espectador, Editorial, 03may09]
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