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16abr06
Más allá del escándalo presidencial.
Sobre el escándalo del DAS de esta semana, que golpeó fuertemente al ex director de la entidad y no dejó de tocar al mismo Presidente de la República, por cuanto luego de su salida hace unos meses decidió nombrarlo Cónsul en Europa, prácticamente ya se pronunció todo el país.
Voces a favor y en contra, declaraciones contundentes y delaciones por comprobar, opiniones de uribistas y opositores, todas se han oído sobre los gravísimos sucesos denunciados por un ex empleado del organismo, así como las cada vez más serias sospechas que existen sobre la infiltración narcoparamilitar en el Departamento Administrativo de Seguridad.
Sin embargo, ese no es el núcleo del asunto. Este, que seguramente no pasará de ser uno más entre los miles de escándalos pasajeros que frecuentemente azotan a Colombia, tiene connotaciones que son mucho más serias, pero sobre las que pocos se han referido.
La influencia cada vez mayor de los delincuentes sobre las altas esferas estatales y lo peor, la no existencia de investigaciones serias ni una condena oficial lo suficientemente severa para detener ese proceso de degradación institucional a todo nivel, es extremadamente peligroso.
Es que la infiltración no es solo en el DAS. Los narcotraficantes y paramilitares también tienen una indiscutible ascendencia en el Congreso, al tiempo que gozan de unos beneficios por parte del gobierno que son absolutamente vergonzosos para cualquier sociedad que se precie de ser civilizada.
Incluso, el alcance de la penetración de esas organizaciones delincuenciales en alcaldías y gobernaciones todavía está lejos de conocerse en toda su dimensión y lo más grave de todo, es que en lugar de estarse combatiendo ese fenómeno, cada vez se afianza más.
De hecho, la andanada el presidente Uribe contra la prensa por atreverse a denunciar lo que está pasando, no es un buen indicador de la voluntad del gobierno para combatir esa toma del Estado, que en la actualidad llevan a cabo narcotraficantes y paramilitares.
En resumidas cuentas, la degradación de las instituciones públicas, ya de por sí debilitadas por la corrupción y ahora permeadas por delincuentes organizados, todo ante los ojos permisivos de las tres ramas del poder, lamentablemente no le auguran nada bueno a este país.
Por lo visto, la lección del Proceso 8000 no se aprendió, ya que lo que está sucediendo dejaría pálidos a los mismos hermanos Rodríguez Orejuela.
[Fuente: Editorial, Vanguardia Liberal, Bucaramanga, Col, 16abr06]
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