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03may09


La tarifa del chantaje


Siguen rodando cabezas de funcionarios de segundo y tercer nivel por cuenta de las interceptaciones delictivas en el DAS.

¿Cuándo llegarán a donde toca? El último en caer fue Mario Aranguren, quien entregó, desde la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda, datos reservados de movimientos financieros y propiedades de los magistrados, políticos y periodistas sin que mediara orden judicial. Se destapan las fichas de un plan de espionaje orquestado desde el Estado, dirigido a levantar información personal, confidencial y aún íntima, de personas que el régimen considera peligrosas o simplemente incómodas para su propósito de gobierno omnímodo y con pretensiones de eternidad. Un plan con claros fines políticos, movido por dos preocupaciones centrales: la reelección presidencial y la parapolítica. Dos temas que por lo demás están irremediablemente unidos.

A juzgar por la lista de chuzados, el autoritarismo y la intolerancia del Gobierno crece sin medida, desbordándose cada vez más. Han resultado peligrosas, blanco de interceptación, personas disímiles que desde orillas diferentes simplemente piensan, opinan y obran con independencia y responsabilidad, que no tragan entero. Desde las cumbres nubladas del poder se trabaja diligentemente para encontrarle a cada quien “la caída”, en el argot delincuencial que viene al caso, “su precio”, y con la tarifa del chantaje en la mano, obligar a callar, acorralar con la fuerza del rumor y de la amenaza. Es miserable. En algunos casos se trata de aniquilar moralmente para sacar al contrincante del camino, pero en otros, puede terminar en tragedia y barbarie, como sucedió en tiempos del DAS de Noguera, infiltrado por paramilitares y narcotraficantes, en el que las chuzadas, casi que acciones rutinarias, terminaron en decisiones criminales que acabaron con vidas tan valiosas como la del profesor Correa D’Andreis.

La situación aparatosa que enfrentan los hijos del Presidente recuerda el poder de la prensa y la opinión pública. Por eso se le teme. Por su capacidad de llegar lejos, como lo ha demostrado con las investigaciones de la parapolítica y con las denuncias del trámite irregular en el Congreso de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial, realidades informativas para cualquier democracia normal, pero que en la Colombia de hoy el poder establecido asume como hechos amenazantes, cuyos protagonistas es necesario silenciar a cualquier precio. Como sucede también con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se ha vuelto igualmente urgente amordazar con el fin de proteger un statu quo e impedir que se revele una complicidad asesina entre algunos políticos y algunos paramilitares que el país necesita conocer y que sus responsables deben recibir castigo ejemplar.

Atemorizar, amedrentar y chantajear con información manipulable son prácticas que forman parte del abanico de bajezas que el ser humano ha utilizado en su afán de perpetuarse en el poder. Juego sucio que al final sale mal, como se está viendo con las chuzadas del DAS. Como lo está viviendo Alberto Fujimori en el Perú democrático.

[Fuente: Por María Elvira Bonilla, El Espectador, Bogotá, 03may09]

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