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15jul14
Los herederos del DAS
El presidente Juan Manuel Santos recibió el informe de Ricardo Giraldo, director general del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dice que las actividades necesarias para culminar el proceso de liquidación de esa entidad se llevaron a cabo. Por lo tanto, el pasado 11 de julio el primer mandatario firmó el decreto por el cual todos los procesos judiciales, bienes y archivos del DAS pasaron a otras dependencias e instituciones. El documento fue firmado en momentos en que víctimas y políticos advierten que el mal manejo que se les ha dado a los archivos de esa cuestionada entidad podría enterrar la verdad sobre los delitos que desde allí se pudieron cometer.
Luego de que el país conociera que durante la década pasada una "empresa criminal" (como la calificó la Fiscalía) contra magistrados, opositores y periodistas se desató desde el DAS, el presidente Santos, en 2011, decidió suprimir esa entidad. El proceso debió tomar como máximo tres años, que se cumplieron el pasado 27 de junio. Sin embargo, mediante el decreto 1180 de ese mismo día, el plazo fue prorrogado hasta el 11 de julio, pues todavía no estaban definidos los destinos que tendrían los procesos judiciales y administrativos, así como los bienes y archivos de ese organismo de inteligencia en proceso de liquidación.
Por fin, ese día, el presidente firmó el decreto 1303, con el cual quedó reglamentada la supresión estableciendo que, como la mayoría de los trabajadores y funciones administrativas del DAS pasaron a Migración Colombia, la Dirección Nacional de Protección, la Policía Nacional y la misma Fiscalía General de la Nación serán las entidades a donde irán los procesos judiciales en los que el DAS y su Fondo Rotatorio son parte. Sin embargo, los procesos que "no deban ser asumidos por las entidades a las cuales se trasladaron funciones o servidores deberán ser entregados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado", dice el decreto.
Además, el documento reza que el pago de sentencias judiciales que se encuentren ejecutoriadas al cierre del proceso de supresión del Departamento Administrativo de Seguridad "lo efectuará la entidad a la cual le haya correspondido el proceso judicial". Los recursos para esos pagos, según dice el articulo 8 del decreto, serán responsabilidad del Ministerio de Hacienda. Por otro lado, el documento deja claro que, en caso de que se abra algún proceso posterior a la liquidación del DAS, la autoridad judicial deberá notificar a las entidades receptoras de funciones o a la misma Agencia de Defensa Jurídica.
Otra disposición del decreto firmado el pasado 11 de julio es que los bienes vacantes o mostrencos (es decir, los vacantes o sin dueño conocido que por ley pertenecen al Estado) deberán ser transferidos en el estado en que se encuentren al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). También, las acciones que posee el DAS en La Previsora Compañía de Seguros, así como los recursos que se encuentren depositados en cuentas bancarias o en Títulos de Deuda Pública en el momento de la supresión, pasarán al Ministerio de Hacienda. Y, además, los vehículos que no hayan sido reasignados por el Consejo Superior de la Judicatura, pasarán a la Policía.
La polémica por la verdad
A pesar de esas disposiciones, los artículos del decreto que se refieren al futuro de los archivos y documentos del DAS ya causan ampolla entre quienes vienen siguiendo de cerca la eliminación de este organismo de inteligencia. El artículo primero, por ejemplo, dice que hasta tanto la comisión asesora para la depuración de datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia, creada en 2013 y presidida por la Procuraduría, haga la depuración de las 54 gigas de información que reportó el Sistema de Información del DAS (Sifdas) en 2011 y determine el destino final de esa documentación, la custodia y conservación de esos archivos estará a cargo del Archivo General de la Nación bajo tutela de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
A partir del momento en que la direcciones general y de inteligencia del DAS entreguen a la DNI y al Archivo los expedientes completos, será precisamente la DNI la que autorice el suministro de información y la consulta de archivos de inteligencia y contrainteligencia a las autoridades judiciales, así como la Procuraduría vigilará (como lo hace ahora) el proceso de consulta, custodia y depuración de esos datos. Sin embargo, desde ya se presentan problemas para la conservación de esos archivos pues, como dijo la Fiscalía en junio pasado, de las 54 gigas que estaban guardadas en el Archivo General de la Nación bajo la tutela de la Dirección del DAS en supresión, solo queda una pequeña parte.
Es más, la periodista Claudia Julieta Duque, quien ha investigado a fondo el denominado proceso de las "chuzadas" y fue víctima de tortura sicológica a manos de funcionarios del DAS, ha dicho que en el Archivo solo quedan 91 megas de información, que corresponden a "tarjetas decadactilares de todos los ciudadanos almacenadas por la Registraduría, así como las hojas de vida de los funcionarios del DAS y las entradas y salidas de personas a la sede de ese organismo". Por esta razón, la Procuraduría compulsó copias contra Ricardo Giraldo, director del DAS en supresión.
Por su parte, el senador liberal Juan Manuel Galán, quien lideró la aprobación de la ley estatutaria que creó la comisión asesora para la depuración de archivos en 2013, manifestó que la prioridad del Gobierno, una vez concluya el proceso de supresión, debe ser que los archivos del DAS, más allá de quedar en poder de la DNI, pasen a manos de la Fiscalía para garantizar que se esclarezca toda la verdad sobre lo que ocurrió en ese organismo de inteligencia. Además, sostuvo que enviará un derecho de petición a la Procuraduría para que aclare cuál es el resultado de un año del proceso de depuración y por qué, si ha custodiado el proceso de consulta de las autoridades judiciales, hoy hay menos información.
[Fuente: Por Camilo Segura Álvarez, El Espectador, Bogotá, 15jul14]
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