EQUIPO NIZKOR |
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16abr06
Información e investigación.
Resultaría dañino para la democracia y la legitimidad del propio Gobierno subestimar los presuntos desvíos atribuidos a funcionarios en ejercicio o ya retirados de sus cargos. Las revelaciones hechas por algunos medios y que han alcanzado el grado de escándalo, tienen que tomarse en serio y sometérseles al manejo previsto en la Constitución y las leyes de la nación.
Así como no es sano convertir en especulación pendenciera los casos que se han hecho públicos y en los cuales estarían comprometidos funcionarios del DAS, Finagro, Incoder y la Superintendencia de Vigilancia, tampoco puede tener buen recibo cubrirlos de silencio o disminuir su gravedad haciendo aparecer a los medios como irresponsables por lo que han publicado.
La denuncia de presuntos hechos de corrupción, o de abuso de poder, o de violación de la ley, no puede interpretarse como oposición al Gobierno. Los medios cumplen sus fines entregando a la opinión información en forma oportuna y veraz.
Lo que tiene que seguir es la verificación, por la vía de la justicia, de los casos que hoy son motivo de escándalo y de controversia. El país se afectaría si la justicia resultara inferior a la magnitud de esos hechos.
Es comprensible que el Gobierno en cabeza del presidente álvaro Uribe Vélez asuma una posición defensiva. Sin embargo, tiene que admitirse con serenidad que obren conforme a sus atribuciones, los organismos de control y de justicia.
Es necesario que sobre asuntos tan delicados se aporte suficiente claridad para que brille la verdad y se proceda entonces según esos resultados.
[Fuente: Editorial, La Opinión, Cúcuta, Col, 16abr06]
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