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20ago10


Confirman acuerdo de Jorge Lagos con la Fiscalía


El ex subdirector de contrainteligencia del DAS, uno de los principales responsables en los seguimientos ilegales a magistrados, miembros de la oposición y hasta funcionarios del gobierno, firmó un acuerdo con la Fiscalía. Pagará ocho años de cárcel.

Jorge Lagos, ex subdirector de contrainteligencia del DAS, logró finalmente un acuerdo con la Fiscalía en el que se compromete a pedir perdón por los seguimientos e interceptaciones ilegales, con lo que logró una pena de ocho años de prisión.

Hace dos días se supo que Lagos, uno de los principales testigos en el caso de las chuzadas, aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones en el caso de las polémicas 'chuzadas'. Con esto logró un preacuerdo con el ente acusador que tendrá que ser avalado por un juez.

El pasado febrero, Lagos dijo en una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia que desde el DAS se originaron varias acciones de intimidación en contra de sindicalistas y periodistas, entre ellas panfletos, sufragios y llamadas realizadas por funcionarios de la misma entidad, aunque no pudo precisar nombres ni dependencias desde las que se ejecutaron estas actividades.

Entre los funcionarios que resultaron presuntamente comprometidos con los 'paras' en la investigación estaban Rómulo Betancur, ex jefe del DAS seccional Bolívar; Jorge Alfredo Valle Anaya, ex director regional del DAS Magdalena; además del ex jefe de informática del DAS, Rafael García, procesado previamente por sus nexos con el Bloque Norte de las AUC comandado por 'Jorge 40'.

Lagos dijo que durante la administración de Noguera existió un fuerte sesgo ideológico que llevó al DAS a enfocarse más en casos relacionados con grupos guerrilleros, en detrimento de aquellos que involucraban grupos paramilitares. "Una de las metas del doctor Peñate (Andrés Peñate, sucesor de Jorge Noguera) era buscar la objetividad en la información", señaló Lagos.

El caso de la Uiaf

En una audiencia el pasado mes de mayo a Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, Uiaf, el fiscal expuso el caso de la supuesta investigación del DAS a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para saber si había nexos entre estos y el polémico abogado Ascencio Reyes, donde aparentemente existía una penetración mafiosa.

El 24 de abril de 2008, Jorge Lagos le envió un oficio a la Uiaf, para solicitarle información de los magistrados y cómo habían pagado una viaje a la ciudad de Neiva. El oficio fue recibido a las 2:58 de la tarde de ese día. En menos de una hora, la respuesta de 111 páginas de la Uiaf ya estaba elaborada. "¿Cómo obtuvo toda esa información la Uiaf en apenas 47 minutos? -se preguntó el fiscal-. Todo estaba dispuesto desde antes entre la Uiaf y el DAS para este cometido", afirmó el funcionario en la audiencia.

Para sustentar esta acusación el fiscal Misael Rodríguez leyó apartes de las declaraciones de testigos clave que ya han empezado a colaborar en la investigación.

"Lo que pasaba en el Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional del DAS), pero que también tenía relación con la Uiaf, es mi deseo confesarle al despacho que mucha de esta información sobre el viaje de los magistrados fue dada a conocer a los medios de comunicación por orden de Presidencia, según me lo manifestaba el capitán (Jorge) Lagos, quien me ordenaba preparar documentos sucintos para entregárselos a periodistas". Este fue tan solo un fragmento de la confesión que hizo ante la Fiscalía Germán Ospina, quien formó parte del polémico grupo Goni, y quien fue uno de los hombres más cercanos al ex jefe de contrainteligencia del DAS. La declaración de Ospina, que coincide con otra leída por el fiscal Rodríguez con el testimonio de una funcionaria de la Uiaf, puso de nuevo a varios funcionarios de la Casa de Nariño como parte fundamental del espionaje contra la Corte.

A la noticia de Lagos se suma la de Fernando Tabares, el es jefe de inteligencia del DAS que busca acogerse al principio de oportunidad para obtener una rebaja de pena similar. Sin embargo, este proceso aún está en trámite en la Fiscalía.

[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 20ago10]

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