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06ago10
Llorando recibió Mario Aranguren la determinación judicial que lo envió nuevamente a la cárcel
Ex director de la UIAF gozaba de la detención domiciliaria desde el pasado 16 de julio.
Pero este viernes, el Juez 13 penal del Circuito de Conocimiento, José Orlando Bustos revocó la medida al considerar que representa un peligro para la sociedad, hecho que retoma alta gravedad por ser funcionario público y por los delitos imputados: Concierto para delinquir, prevaricato y abuso de función pública.
El juez llegó a comparar la gravedad del caso con el famoso 'watergate' de los Estados Unidos y hasta con los 'falsos positivos', como hechos desestabilizadores de una sociedad. El juez ordenó de inmediato su traslado a la cárcel La Picota.
Y tomó la determinación al considerar que Aranguren hace parte de " un aparato criminal que se conformó con distintas entidades del Estado como el Das".
El ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren fue el funcionario de más alto nivel del Gobierno que perdió su libertad por el escándalo de las 'chuzadas' a magistrados y a otras personalidades.
Aranguren gozaba de detención domiciliaria desde el pasado 16 de julio.
El vicepresidente, Francisco Santos, dijo estar sorprendido por la decisión y afirmó que son órdenes que se acatan, pero que no se comparten. "Mientras que aquí si sueltan delincuentes de alta peligrosidad y sí les dan casa por cárcel, uno no sabe por qué razón a una persona honorable y que cuya presunción de inocencia le ha sido negada, le retiran el mínimo derecho de la detención domiciliaría".
Al tiempo que se llevaba a cabo la determinacion en contra de Aranguren, en un salón contiguo se realizaba la audiencia contra Aldo Francisco Pérez y Oswaldo Villamil, miembros del CTI de la Fiscalía y del Gaula de la Policía, quienes también son investigados por la interceptación de llamadas. La defensa de estos pidió la libertad por vencimiento de términos, pero dicha solicitud finalmente les fue negada.
Según las investigaciones, los antes mencionados expidieron una falsa solicitud de interceptación de llamadas con la que habrían hecho seguimiento al magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Ivan Velásquez, involucrándolo en un caso de extorsión.
Estos sujetos son procesados por los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal, violación ilícita de comunicación y concierto para delinquir.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, 06ago10]
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