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03ago10
La estrategia para acallar a los testigos de las chuzadas
Con el inicio del juicio por los casos de espionaje del DAS, también comenzaron las amenazas contra importantes testigos de la investigación. Fotos y audios que evidencian las intimidaciones a algunas de las personas clave en el proceso.
La semana pasada el caso del espionaje del DAS entró en una etapa crucial. El miércoles anterior el secretario general de la Presidencia de la República, Bernardo Moreno, acudió a la Fiscalía General y durante ocho horas respondió un interrogatorio para aclarar su participación en la eventual petición y recepción de información sobre seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de oposición y periodistas.
Al finalizar la diligencia el abogado de Moreno, Jaime Granados, negó que su cliente hubiese cometido alguno de los actos ilegales por los que está siendo investigado. Cinco días antes de esa citación, la emisora La W había revelado el explosivo testimonio del ex jefe de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, en el que, entre otras cosas, confirmaba que el organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia sí había efectuado espionajes ilegales, y señaló a Moreno como uno de los funcionarios de la Casa de Nariño que estuvieron al tanto y ordenaron esas actuaciones al margen de la ley.
Y este jueves, un fiscal delegado ante la Corte Suprema le imputará cargos a Martha Leal, ex subdirectora de operaciones del DAS, recordada por casos tan polémicos como la reunión que en 2008 alias 'Job' tuvo en la Casa de Nariño cuando supuestamente llevaba información sobre una conspiración de la Corte contra el gobierno.
Al mismo tiempo que Moreno contaba su versión en el búnker, el fiscal 8 delegado ante la Corte, Misael Rodríguez, presentó ante un juez la resolución de acusación contra Tabares y otros cuatro funcionarios más del DAS acusados de los delitos de concierto para delinquir, prevaricato por acción, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones agravada. El fiscal anunció que durante el juicio, que comenzará dentro de tres semanas, se presentarán 127 pruebas y varios testigos para demostrar el espionaje del DAS. Con el anuncio del juicio contra estos cinco funcionarios, los primeros de más de 20 que están siendo investigados, el caso del DAS entra en una etapa crucial. Pero no sólo porque finalmente se llegó a juicio, después de 18 meses de que SEMANA denunció lo que ocurrió en el organismo de inteligencia. Es crucial porque a medida que se acerca ese momento y muchos de los hechos revelados han sido confirmados por la Fiscalía, se han incrementado las amenazas a personas clave para la investigación. Lo que al parecer se busca es intimidar y amedrentar a quienes conocieron y cumplieron órdenes ilegales en el caso del espionaje. En algunos casos el objetivo de ocultar la verdad por esos métodos se ha cumplido.
El caso más reciente es el de la juez Jenny Rosalía Jiménez. En la emisión de Noticias Uno del pasado 25 de julio la funcionaria denunció que hace pocas semanas recibió amenazas de muerte por haber tomado como juez de control de garantías la decisión de dictar medida de aseguramiento contra el ex director de la Unidad de Análisis Financiero -Uiaf-, Mario Aranguren. "Me dijeron que tengo que renunciar a mi cargo, lo segundo es que me quieren matar, todo por haber tomado o decretado la medida de aseguramiento de Aranguren en el caso del DAS y que tienen conocimiento que son personas del gobierno, que son personas del DAS", dijo la juez en Noticias Uno. También contó que un hombre detenido en la cárcel de Valledupar, quien está dispuesto a colaborar con las autoridades, fue contactado por funcionarios del DAS para amedrentarla.
Si bien el de la juez es el caso más reciente, no es el único. Desde que SEMANA reveló el escándalo del DAS en febrero de 2008, el tema de las amenazas ha pasado por diferentes etapas. Primero, hubo una "cacería de brujas" dentro de la entidad para tratar de saber quiénes estaban contando lo que ocurría. "Cuando estalló el escándalo sólo por sospecha comenzaron haciendo traslados de personal de diferentes divisiones sin justificación, pero cuando la Fiscalía, a mediados del año pasado, empezó a encontrar pruebas, las carpetas con los seguimientos, etc., la situación fue más tensionante. A mí me pusieron gente a seguirme, incluso varios que eran cursos míos. Como había la posibilidad que la Fiscalía me llamara a declarar porque estuve en algunos de esos grupos externos me mostraron las fotos de mis hijas y me dijeron que era mejor que 'comiera callada' o si no sabía lo que iba a pasar", contó a SEMANA una detective.
"Yo sé que tarde o temprano es muy posible que a me llame la Fiscalía a declarar. Yo estaba dispuesta a contar lo que me tocó hacer, que básicamente fue trabajar blancos políticos del Partido Liberal. Pero en los primeros días de noviembre un agente de policía judicial me buscó y me dijo que si yo abría la jeta me iba a pasar a mí y a mi familia lo mismo que le pasó a los compañeros que estuvieron a la fiesta de Chía. Y uno sabe que ellos son capaces de hacer eso y más. Por eso no pienso decir nada el día que me llamen", contó un detective que trabajó en la Dirección de Inteligencia del DAS y quien pidió mantener su nombre en el anonimato.
La fiesta a la que hace referencia el funcionario fue un extraño episodio el 31 de octubre del año pasado en el cual un detective asesinó a dos de sus compañeros y dejó gravemente heridos a otros dos. Todos pertenecían al área de Inteligencia y habían hecho parte de grupos externos que estaban siendo investigados por el caso del espionaje.
Historias de amenazados son muchas. Pero sólo algunos han instaurado las denuncias en la Fiscalía y son menos los que quieren poner la cara para contar lo que ha ocurrido."Nosotros somos ley y como ley sabemos muy bien cómo funcionan las cosas, entre esas el programa de protección de testigos. Por eso no nos metemos a él. Es muy fácil que a uno lo terminen quebrando. Tampoco vale la pena denunciar porque eso no termina en nada y sólo alborota el avispero", dice el funcionario.
Uno de esos pocos que pone la cara es Alexánder Menjura que trabajó durante 16 años en el DAS y cuya historia resume el caso de muchos en la actualidad "Yo salí del DAS a finales de 2007 por una supuesta investigación en mi contra, basada en un anónimo. Cuando estalló el escándalo de las chuzadas repartieron anónimos a los medios para tratar de desprestigiarme y parte de mis familiares que trabajaban allá fueron despedidos o trasladados sólo porque pensaron que yo había contado algo de lo que pasaba", dice Menjura. "Cuando el caso por las chuzadas comenzó a avanzar en la Fiscalía era obvio que me iban a llamar a declarar y yo estaba dispuesto a ir sin problema a contar lo que sabía sobre el tema de la Corte y otros temas delicados sobre irregularidades en el DAS. Una semana después del asesinato de los compañeros en Chía, me dejaron un sufragio en el que amenazaban a mis hijas menores de edad. Antes había recibido amenazas pero ya cuando se meten con los hijos de uno, uno lo piensa. Yo me quedé quieto esperando a que la Fiscalía me llamara. Yo denuncié a la Fiscalía las amenazas, pero nunca pasó nada", cuenta el ex funcionario.
"Como no me amedrentaron con la estrategia de desprestigio poniéndome como jefe de redes de corrupción y mentiras como esas, las llamadas y seguimientos fueron más constantes. Pero la gota que rebozó la copa fue a finales de enero de este año cuando entré a mi casa y a los dos o tres minutos, estando con mis hijos menores de edad, me lanzaron una granada que destrozó la casa (...) por suerte no le pasó nada a mis hijos. Durante los días siguientes me llamaron a decirme que iban a poner más explosivos y a matar a mis hijos. Todo lo denuncié a las autoridades, pero nada pasó, y me tocó irme del país. Pero ni eso sirvió porque la emprendieron a amenazas contra mis abogados y otros familiares", afirma.
Aunque Menjura tiene un proceso penal en su contra, el caso de sus amenazas está más que documentado en fotos y audios en donde queda clara la estrategia que se ha intentado aplicar contra algunos de los que podrían ayudar en la investigación.
Más casos
Su caso no es aislado. SEMANA habló con por lo menos ocho detectives activos que han sufrido presiones similares. De hecho, fuentes de la Fiscalía confirman que una de las grandes dificultades a lo largo de la investigación por el espionaje del DAS ha sido la retractación o que testigos claves se arrepienten de colaborar con la justicia porque ellos o sus familias han sido víctimas de amenazas. La estrategia de enviar sufragios y amenazas telefónicas también se aplicó incluso a medios de comunicación que han realizado las denuncias. Lo más grave de la situación, y lo que más inquieta a los investigadores, es ver que a medida que el caso empieza a acercarse al final, las amenazas contra funcionarios de alto nivel aumentan. Eso sin duda afecta la posibilidad de conocer la verdad de uno de los episodios más escandalosos de la historia reciente en Colombia.
[Fuente: Revista Semana, Bogotá, 03ago10]
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