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27jul10
La política del para-Estado
Muy graves los hechos revelados a las autoridades judiciales por el ex director general de Inteligencia del DAS Fernando Tabares. En ellos vincula a la Presidencia de la República con los seguimientos y las interceptaciones ilegales contra la Corte Suprema, opositores políticos y periodistas, realizados por el organismo de seguridad.
En su declaración ante la Fiscalía, conocida la semana pasada en exclusiva por La W, Tabares fue explícito al afirmar que el más alto nivel de la Presidencia de la República no sólo estaba al tanto de lo que sucedía con los seguimientos y las interceptaciones ilegales, sino que desde allí era desde donde se impartían las órdenes para realizarlos.
Y más grave todavía resulta que, además de ilegales, tenían el propósito expreso de interrumpir o alterar la acción de la justicia, especialmente en los asuntos que afectaban directa o indirectamente al Presidente o a uno de sus familiares.
A primera vista, pareciera que se trata de unos funcionarios públicos que, por ser demasiado celosos en la defensa de la Primera Magistratura del Estado, se excedieron en sus funciones e incurrieron en conductas que traspasan los límites establecidos por el Código Penal. Es decir, en abuso de autoridad, concierto para delinquir e interceptación ilegal de comunicaciones, para caracterizar sólo algunas conductas por las que podrían ser procesados.
Sin embargo, si se analiza con mayor detenimiento y se pone en contexto con los demás escándalos que le han estallado al Gobierno en los últimos años, se encuentra que no se trata únicamente de unos cuantos altos funcionarios que delinquieron.
No. Detrás de lo hecho por esos altos funcionarios (supuestamente) implicados, en realidad estaba operando un verdadero para-Estado, que se había fraguado y puesto en marcha para la defensa de unos intereses muy definidos. Es decir, una organización paralela al aparato institucional que (con el argumento de defender la institucionalidad) se fue apropiando de sus funciones para cumplir con fines que terminaron desbordando al propio Estado, atentando contra el Estado de Derecho y privatizando los recursos públicos al ponerlos al servicio de una causa particular.
Es la política del para-Estado, que se manifiesta en toda su dimensión. Primero, porque el hecho de que sean cuatro los directores del DAS y cerca de una veintena los funcionarios altos y medios involucrados en las investigaciones judiciales revela que hay una decisión política y una línea de acción continuada, que les imprime a los seguimientos y las interceptaciones ilegales una sistematicidad que va más allá de la acción solitaria de uno de los directores ocasionales del DAS.
Segundo, porque si hay una decisión de política y una línea de acción continuada es porque hay una jerarquía en funcionamiento y una unidad de mando que hace que todas las piezas actúen de una manera relativamente coordinada. Se trata de una situación muy delicada, pues si bien es cierto que compromete directamente al Secretario General de la Presidencia en los hechos ilegales, también lo es que Tabares deja ver que el propio Presidente estaba al tanto y dio órdenes precisas a quienes intervinieron en esos hechos, como la trama que intentó fraguarse contra el magistrado coordinador de investigación de la 'parapolítica', Iván Velásquez, en el caso 'Tasmania'. Y en tercer lugar hay un propósito explícito de generar y consolidar espacios oscuros de información para ejercer presión sobre aquellos que se constituyen en un riesgo para la supervivencia del para-Estado.
Sin embargo, se trata de organizaciones atadas con alianzas tan débiles que, cuando se desgarra una de ellas, comienza a desplomarse toda la organización. En la medida en que avancen las declaraciones de los involucrados, las mayores responsabilidades se irán visibilizando. No hay duda de que uno de los desafíos que tendrá el nuevo gobierno está en apoyar la acción de la justicia, que es la única capaz de desmantelar ese para-Estado. Si quiere gobernar, claro está.
[Fuente: Por Pedro Medellín Torres, El Tiempo, Bogotá, 27jul10]
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