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21jul10
Al fin: el macroespionaje del DAS, a juicio
Si el cronograma se cumple, hoy se dará inicio al juicio donde se examinará la conducta de los ex directores de inteligencia y contrainteligencia del DAS, Fernando Tabares y Jorge Lagos, por el espionaje sistemático que montaron contra la oposición política y los periodistas que incomodaban al Gobierno, pero sobre todo, contra la Corte Suprema de Justicia.
Hay pruebas, como se verá en el curso de las audiencias, de que esa operación criminal adelantada desde la agencia de seguridad de la Presidencia de la República incluía, además de seguimientos, informes sobre la vida privada y familiar, rastreo de movimientos bancarios y bienes e interceptaciones telefónicas; un plan para infiltrar a la Corte y grabar, con potentes micrófonos ocultos, discusiones jurídicas reservadas por ley, no de todos, sino de los magistrados del alto tribunal que no se dejaron permear.
El fiscal del macrocaso DAS, Misael Rodríguez, tendrá que descubrir ante el juez, la documentación que sustenta su acusación, como ejecutores de tres ilícitos (concierto para delinquir, abuso de autoridad y prevaricato), contra los capitanes (r) de la Armada Tabares y Lagos, quienes llegaron al DAS después de un largo y refinado proceso de entrenamiento en materias de seguridad nacional. Casi nada. Sus jefes, los directores generales de la agencia eran, en cambio, dos civiles neófitos en esos temas: Andrés Peñate --quien, por cierto, los trajo del Ministerio de Defensa, donde los conoció, para ocupar los dos cargos clave que desempeñaron durante su administración y la siguiente-- y María del Pilar Hurtado, urgida, tal vez, por su condición de género 'débil', de mostrarse ruda con los de afuera, y solícita con los de adentro. De todas maneras, ingenuos o astutos que usaron a terceros, ambos responderán en sendos procesos que pronto seguirán su curso, por el desarrollo del watergate criollo, como lo tendrán que hacer, desde luego, los otros directivos del DAS involucrados en tamaña conspiración: el director anticorrupción de la entidad; un coordinador del grupo secreto GONI; la subdirectora operativa y la jefa de la unidad de Análisis, y correo entre sus superiores y el palacio presidencial. Asistirán igualmente a sus juicios y por su colaboración sin límite de ley, el director y subdirector de otra dependencia de la Presidencia, la UIAF, Mario Aranguren y Luis Fernando Daza, que están citados para los próximos días.
Una vez establecidas las responsabilidades de los recolectores de la información ilegal, los jueces indagarán a los receptores de la misma, es decir, el segundo nivel en que se aseguraría el cabal cumplimiento del ilícito. Por las audiencias públicas que se han llevado a cabo, se sabe que la Fiscalía cuenta con testimonios que arrojan indicios sobre la participación de Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia; José Obdulio Gaviria, asesor presidencial; Jorge Mario Eastman, consejero de Comunicaciones, y César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa. El tercero y último escalón del entramado es clásico en criminalística: el o los beneficiarios del acto. Sobre esto hay, de nuevo, pistas: 1.- Todos los arriba mencionados trabajan o trabajaron para la Casa de Nariño. 2.- Si bien el espionaje se realizó durante años, su mayor esfuerzo se hizo en la época en que: A.- Un delincuente denunciaría, presuntamente, al jefe de Estado por un delito. B.- La Corte ordenó darle captura al primo presidencial, Mario Uribe. Estos son los hechos. Lo demás, serán las conclusiones finales de la justicia.
[Fuente: Por Cecilia Orozco Tascón, El Espectador, Bogotá, 21jul10]
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