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14sep09
Nuevo giro en el escándalo del DAS
En una decisión que seguramente causará ampolla y cuestionamientos, en un período en que hasta la comunidad internacional ha pedido resultados en la investigación por las 'chuzadas' del DAS a magistrados, periodistas, representes de ONG y miembros de la oposición, el fiscal general (e) Guillermo Mendoza Diago anulará en los próximos días parte del proceso que adelanta en contra de Joaquín Polo, Andrés Peñate y María del Pilar Hurtado, ex directores de ese organismo de inteligencia.
Aunque la investigación se inició con base en el anterior sistema penal inquisitivo (Ley 600), con argumentos como los expuestos por el saliente fiscal Mario Iguarán, quien dijo que pese a que los hechos habían comenzado en 2004 se habían prolongado en el tiempo, por lo cual era válido mantener la antigua legislación, lo cierto es que esos ex funcionarios asumieron el cargo luego de 2005, cuando entró en vigencia el nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906).
Es decir, que en caso de encontrar mérito fundado para acusar a alguno de los tres ex directores del DAS mencionados (quienes fueron escuchados en indagatoria en virtud del antiguo sistema), serían llevados a audiencia pública ante un juez de control de garantías que se encargaría de definir su situación jurídica y determinar si hay mérito para que sean detenidos. En esas eventuales audiencias la acusación la haría el propio Mendoza Diago, teniendo en cuenta que se trata de funcionarios con fuero.
Con esa medida la Fiscalía quedaría blindada ante eventuales solicitudes de nulidad de los investigados por posibles violaciones al debido proceso y más después de las recusaciones que contra el entonces fiscal Iguarán presentaron Polo, Peñate y Hurtado al considerar que había prejuzgado al referirse a las 'chuzadas' en los medios de comunicación, aunque finalmente la Corte Suprema rechazó los recursos.
La decisión del fiscal no cobijará al también ex director del DAS Jorge Noguera Cote, debido a que los hechos por los que se investiga comenzaron en 2004, cuando ejercía sus funciones al frente del organismo de seguridad. Además Noguera, en otra de las investigaciones que tiene en su contra, fue llamado a juicio por haber puesto supuestamente al DAS al servicio del paramilitarismo, entregándole listas negras para asesinar a sindicalistas y dirigentes sociales; recibir porcentajes de contratos oficiales que terminaron en las arcas de las autodefensas o torpedear investigaciones en contra de los comandantes del bloque Norte, entre otros delitos.
Por ahora Mendoza Diago continúa evaluando las diferentes evidencias que servirán de soporte para dar ese trascendental paso y así darles claridad a las diferentes hipótesis investigativas sobre las actuaciones irregulares que tuvieron lugar dentro del organismo de inteligencia. Por ejemplo, María del Pilar Hurtado negó inicialmente que hubiera habido seguimientos a magistrados de las altas cortes, pero de acuerdo con la evidencia recolectada por el ente investigador, es claro que el grupo especial de inteligencia conocido como G-3 realizó esas labores.
Como si fuera poco, se efectuaron indagaciones de la vida personal de los magistrados, presuntamente con la aquiescencia de Hurtado "con ocasión de sus funciones como directora del DAS y excediéndose así en el ejercicio de su autoridad". Incluso, por la expedición de certificaciones informando que no había dado la orden de hacer investigaciones judiciales o extrajudiciales a magistrados de la Corte Suprema, como sucedió con el magistrado Yesid Ramírez Bastidas.
Y además con antecedentes como el denominado 'Caso Paseo', que consistió en una serie de seguimientos que comenzaron en junio de 2006, cuando agentes del organismo se dedicaron a registrar los pasos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que viajaron a Neiva para recibir un homenaje con ocasión de la designación de Yesid Ramírez Bastidas como presidente de la corporación. El viaje, que se realizó en un vuelo charter, fue pagado por el empresario Ascensio Reyes, quien ha sido investigado por presuntos vínculos con narcotraficantes.
Esta situación fue más grave teniendo en cuenta que en la búsqueda de nexos ilegales entre los magistrados de la Corte y Reyes, irregularmente el DAS pidió reportes sobre las transacciones cambiarias, en efectivo, actos notariales, movimientos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, e información sobre los teléfonos celulares de por lo menos ocho magistrados o ex magistrados del alto tribunal, a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, que únicamente debía hacerlo en caso de lavado de activos.
Hurtado se ha declarado inocente de las acusaciones, al igual que su antecesor Andrés Peñate, quien ha manifestado que incluso hizo denuncias por supuestas irregularidades en el DAS desde que se desempeñó como viceministro de Defensa, al punto que fue víctima de amenazas y seguimientos contra él por parte de miembros del DAS. Peñate recordó que Narváez ordenó la realización de interceptaciones ilegales, como sucedió con un asesor del vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, a quien el propio Narváez le reconoció el hecho, lo cual generó un enfrentamiento en una reunión en la que participaron ambos funcionarios.
Asimismo, Andrés Peñate dijo que durante el trámite de ley de inteligencia que reglamentaba esta actividad en el país, contó con fuerte oposición de Noguera y fue Narváez quien logró que la iniciativa se hundiera en el parlamento.
Lo mismo ocurre con el ex director Joaquín Polo, quien aunque estuvo menos de un año al frente del organismo, fue subdirector durante la administración de Hurtado y también ha sido requerido sobre el conocimiento que tuvo de las presuntas actividades ilegales. Lo que es claro es que la Fiscalía con la decisión de anular parte del proceso corrige un error que le podría haber costado muy caro en una etapa posterior de este álgido proceso, sobre el que el país y el mundo esperan claridad y castigo para los responsables.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 14sep09]
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