03sep09

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El G-3 o la fobia a los derechos humanos

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En febrero pasado la Fiscalía General de Colombia halló abundante documentación que demuestra el espionaje ilegal contra más de 300 personas por parte de la policía secreta de ese país. El denominador común de los perseguidos es su condición de defensores de derechos humanos, políticos de la oposición, magistrados o periodistas que luchan contra la impunidad. El domingo la revista Semana denunció que el espionaje continúa.

Corría el año 2003 y el gobierno colombiano acababa de radicar en el Congreso un proyecto de ley para la creación de la Central Nacional de Inteligencia (CENIT), vieja idea de Pedro Juan Moreno, quien fuera secretario privado del presidente Álvaro Uribe cuando éste era gobernador del departamento de Antioquia. A "Pedro Juan" el proyecto no le gustó, pues consideraba que no era necesaria una ley para "hacerles inteligencia" a las ONG que "son mecanismos que se inventó la subversión y los violentos (sic) para poder posicionarse".

Para "Pedro Juan", como se le conoció públicamente al controvertido empresario e industrial, cuya muerte en un accidente aéreo en febrero de 2006 al parecer es otro capítulo oscuro de la historia reciente del país, sólo se necesitaba "centralizar en un solo sitio y bajo una cabeza la inteligencia que hacen las diferentes fuerzas. Y eso no implica crear más burocracia, sino tener oficiales de enlace que presenten toda la información que han recolectado, para que sea procesada en un área de informática. Una información que debe ser depurada por analistas que son conocedores y expertos en cada uno de los blancos: FARC, ELN y EPL, narcotráfico, autodefensas, las ONG, delincuencia común".

En ese entonces, Moreno Villa sugirió un nombre: el de José Miguel Narváez Martínez, economista y administrador de empresas, graduado en 1990 del Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL) de la Escuela Superior de Guerra, y desde entonces asesor del Ejército en diferentes brigadas militares del país, entre ellas la Brigada XVII con sede en el Urabá antioqueño, que comandaba el entonces general Rito Alejo Del Río, el pacificador, hoy preso y vinculado a una investigación por violaciones a los derechos humanos en la época en que Uribe era gobernador.

El proyecto que creaba la CENIT no fue aprobado y en marzo de 2004, en medio de una aguda polémica entre el presidente Uribe y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, al interior del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta de Colombia adscrita a la Presidencia de la República, se conformó el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3) con el objetivo de realizar "seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar su accionar".

Para ese momento, el presidente Uribe Vélez acababa de regresar de una frustrada gira en Bruselas, donde la mayoría de parlamentarios europeos dejó el recinto antes de que él hablara, en protesta por las denuncias que ya se ventilaban sobre la aguda crisis de derechos humanos en Colombia. Los pocos que se habían quedado para escuchar al mandatario lo hicieron con tapabocas en los que se leía "justicia y paz para Colombia".

Fue entonces cuando Uribe arremetió contra las ONG, en particular contra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), reconocida por su labor jurídica en representación de las víctimas de crímenes de Estado, y con amplia trayectoria en el terreno internacional. Ya Uribe había atacado a las ONG en septiembre de 2003, cuando se publicó el primer volumen de El Embrujo Autoritario, un balance del gobierno que realizan anualmente más de 180 organizaciones sociales en el país.

Cuando el G-3 fue creado, hacía trámite en el Congreso una controvertida ley que a partir de julio de 2005 llevaría el nombre de Justicia y Paz, mediante la cual, a través de una fina ingeniería jurídica, el Estado colombiano terminó otorgando rebajas de penas a los delitos de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo y creando un sistema especial de justicia en el que ni víctimas ni abogados tienen posibilidad de controvertir a quienes confiesan y en el que las reales posibilidades de justicia son mínimas, a tal punto que la única condena emitida en esa jurisdicción fue recientemente anulada por la Corte Suprema.

Las ONG se opusieron abiertamente a esa iniciativa, aunque hoy la mayoría lleva procesos en esa jurisdicción. Curiosamente, el G-3 desapareció tras la aprobación de la ley de Justicia y Paz.

Para el 2004, los rastreos del G-3 contra las organizaciones de derechos humanos, y muy en especial contra el CCAJAR y su entonces presidente, el abogado Alirio Uribe Muñoz, llegaron a extremos que hoy tienen alarmados a la Fiscalía General de la Nación y al país entero, al punto que el ex fiscal Mario Iguarán afirmó que lo hallado en los registros del G-3 es del tal magnitud y gravedad que "hiede".

En el caso de Uribe Muñoz se han encontrado incluso memorandos que dan cuenta de registros a la basura de su casa, a los cuadernos de uno de sus hijos, para entonces menor de edad, así como una exhaustiva indagación que incluyó a toda su familia y amistades, su empleada doméstica, la vigilancia permanente a su casa desde una residencia cercana, múltiples entradas ilegales a su vivienda, así como la interceptación de comunicaciones electrónicas, telefónicas, seguimientos en viajes tanto al interior como al exterior de todos los miembros de esa ONG, al igual que la recolección de registros migratorios, bancarios y la elaboración de "informes de inteligencia" basados en la elaboración de perfiles psicológicos, que incluyeron la identificación de vicios y debilidades, gustos y detalles de la mayor intimidad.

De acuerdo con las pruebas recolectadas por la Fiscalía General de la Nación tras las denuncias realizadas por la revista Semana en febrero pasado, así como con las versiones de la mayoría de los 11 detenidos por el escándalo, José Miguel Narváez fue quien organizó y lideró el G-3, primero como asesor externo del DAS y luego como subdirector nacional de ese organismo, del que salió en medio del escándalo por la entrega a paramilitares de listas negras de personas a ser asesinadas, caso por el cual hoy responde ante la justicia el ex director del DAS, Jorge Noguera Cote, y por el que la Corte ha solicitado se investigue también al ex director de Inteligencia de esa entidad, Giancarlo Auque Silvestri.

Pero los espiados no fueron sólo seguidos por fuera de los parámetros legales y constitucionales establecidos para ese tipo de acciones y sin que mediara orden de juez alguno. Varios de ellos recibieron amenazas directas, otros sufrieron atentados, algunos más fueron obligados al exilio, y otros sufrieron fuertes ataques verbales por parte del presidente Uribe. De hecho, el ex director de Contrainteligencia del DAS, actualmente detenido, Jorge Alberto Lagos, afirmó en su indagatoria que los miembros del G-3 "recolectaban información, presionaban y, en algunos casos, intimidaban". Es lo que en las órdenes halladas se denomina "labores de inteligencia ofensiva".

En los archivos del G-3 se han encontrado indicios de que la información en contra de las ONG, periodistas, congresistas y magistrados llegó hasta la Presidencia de la República, pero hasta ahora la Fiscalía no ha vinculado a ningún funcionario de la Casa de Nariño por el escándalo. De igual manera, han sido halladas pruebas de la implicación de otras áreas del DAS, como las de Protección Especial (que tiene a su cargo los esquemas de seguridad de las personas amenazadas), la de Migraciones y la Antisecuestro, así como de varias seccionales de la entidad, en la entrega de información y los rastreos ilegales.

El "argumento" de fondo para el espionaje fue el mismo que esgrimía Pedro Juan Moreno en el 2003: descubrir los vínculos de esas personalidades con grupos guerrilleros. El denominador común era que todos, desde uno u otro ángulo, luchaban contra la impunidad en Colombia, hecho por el cual eran considerados como parte del enemigo interno, como "terroristas".

Entre las personas y organizaciones seguidas en forma ilegal estuvieron una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otra de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la cual estuvo encabezada por la premio Nobel de Paz del año 2003, la iraní Shirin Ebadi. Además se encuentran organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, Minga, Redepaz, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la Asamblea Permanente por la Paz, el CINEP, y los periodistas Hollman Morris, Carlos Lozano, Daniel Coronell y Adriana Cuéllar, el columnista Ramiro Bejarano, el congresista Gustavo Petro y varios miembros del Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), así como varios magistrados de la Corte Constitucional y algunos sindicalistas.

Fue tal la fobia frente al tema de derechos humanos, que el G-3 se dedicó a espiar a una profesora de un colegio privado de Bogotá que solicitó a sus alumnos leer libros del periodista Alfredo Molano, reconocido cronista social y columnista de El Espectador, y del historiador Fabio Zambrano. La orden obedeció a que la docente "estaría formando ideológicamente a su alumnado con algunos documentos rectores de las guerrillas colombianas".

De igual manera, el G-3 expidió órdenes para investigar a los miembros del Concejo de Bogotá que en febrero del 2004 aprobaron un acuerdo que ordenaba la creación de una cátedra de derechos humanos en los colegios públicos del distrito. Era claro que todo lo que oliera a derechos humanos en Colombia era considerado parte de la "amenaza comunista".

A finales del año 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia comenzó sus investigaciones por nexos de políticos con el paramilitarismo, proceso que hoy tiene presos o investigados a más de 80 congresistas, varios gobernadores y alcaldes, los rastreos se extendieron y concentraron en los magistrados de esa corporación. El encargado fue un nuevo grupo al interior del DAS, conocido como Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (GONI), responsable de seguimientos e interceptaciones al más alto -y al más bajo- nivel, cuyos resultados después terminaron alimentando escándalos y propaganda negra contra la Corte Suprema.

Cuando Narváez fue nombrado subdirector en el año 2005, el G-3 y el GONI pasaron a depender de la subdirección de Contrainteligencia del DAS. El cambio no es un mero detalle de organigrama, sino que puede explicar los verdaderos alcances de ambos grupos: la denominada inteligencia estratégica.

Según la definición de las fuerzas militares de Colombia, la Contrainteligencia es aquella que "busca la neutralización o destrucción de los servicios de inteligencia enemigos o desafectos. Tiene que ver con todas las medidas de seguridad, tanto ofensivas como defensivas destinadas a garantizar la protección de la información, el personal, el equipo y las instalaciones contra cualquier acto de espionaje, sabotaje y actividades subversivas por parte de cualquier sujeto que se constituya en amenaza a la seguridad nacional".

Los expedientes de la Fiscalía y la Procuraduría -órgano de control disciplinario- demuestran que las actividades de "inteligencia estratégica" en Colombia se centralizaron en el DAS a partir del año 2004, y que para la ejecución de esas labores fueron nombrados en puestos claves de ese organismo ex miembros de la Armada Nacional, cuya red de inteligencia estuvo involucrada en un escándalo de proporciones similares por operaciones ilegales -que incluyeron asesinatos y desapariciones forzadas- que tuvo como escenario al Magdalena Medio colombiano.

En los procesos penal y disciplinario constan también las reuniones realizadas en la Casa de Nariño con funcionarios del DAS, a las que asistieron, entre otros, Bernardo Moreno, secretario privado de la Presidencia; César Mauricio Velásquez, jefe de prensa de Palacio; y Flavio Buitrago Delgadillo, jefe de Seguridad del Presidente y ex director Antisecuestro del DAS, entre otros. Varios columnistas de prensa han demostrado, además, la coincidencia entre esas reuniones y la publicación de rumores y escándalos contra algunos de los rastreados, los cuales se habrían basado en los resultados del G-3 y el GONI.

El Plan Estratégico Institucional del DAS 2004 - 2006 definió la "inteligencia estratégica" como "la herramienta del Estado que provee al alto gobierno del conocimiento de las tendencias y los hechos portadores de un futuro posible para anticiparse a ellos y servir de soporte en el proceso de toma de decisiones (…) mediante este tipo de inteligencia se enfrentarán las organizaciones e individuos que amenacen la estabilidad del Estado en los campos político, económico y/o militar y se identificarán los riesgos, amenazas y oportunidades derivados de intereses de actores nacionales e internacionales".

Es claro que en Colombia, al menos desde el año 2004, el tema de los derechos humanos fue incluido en la lista de "amenazas" a la seguridad nacional. ¿Quién y por qué decidió vincular al escenario de la guerra a defensores de derechos humanos, periodistas investigadores, políticos de la oposición y magistrados de las altas cortes? Uno de los detenidos, Carlos Alberto Arzayús Guerrero, fue contundente en su indagatoria: "el alto gobierno es Presidente y ministros".

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

Los detenidos:

• José Miguel Narváez, ex subdirector nacional del DAS entre junio y noviembre de 2005.
• Capitán ® Jorge Alberto Lagos León, ex director de Contrainteligencia
• Capitán ® Fernando Tabares Molina, ex director de Inteligencia
• Martha Inés Leal, ex subdirectora de Análisis
• Carlos Alberto Arzayús, ex subdirector de Operaciones
• Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex director del G-3 y del Grupo de Asuntos Políticos y Sociales
• Luz Marina Rodríguez, ex subdirectora de Operaciones
• Hugo Daney Ortiz, ex subdirector de Operaciones
• Jacqueline Sandoval, ex directora del DAS en Antioquia y ex funcionaria del área de Inteligencia del DAS
• Jorge Armando Rubiano, ex director seccional

Con orden de captura:

• Capitán ® Enrique Ariza, ex director de Inteligencia. Está fuera del país.
• Juan Carlos Sastoque Rodríguez, investigador

Ex directores del DAS a quienes está a punto de resolvérseles situación jurídica:

• Jorge Noguera (detenido por el homicidio de sindicalistas en la Costa Atlántica)
• María del Pilar Hurtado
• Andrés Peñate
• Joaquín Polo Montalvo

Los perseguidos:

• Organizaciones de derechos humanos: Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Minga, Redepaz, Asamblea Nacional por la Paz, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, CINEP, Justice for Colombia, FIDH, Human Rights Watch, entre otras.

• Periodistas: Hollman Morris, Adriana Cuéllar, Carlos Lozano, Félix de Bedout, Ramiro Bejarano, Claudia Julieta Duque.

• Magistrados de la Corte Constitucional: Alfredo Beltrán, Rodrigo Escobar Gil, Clara Inés Vargas y Jaime Araújo. Magistrado auxiliar Arturo Beltrán.

• Todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con especial énfasis en los magistrados Yesid Ramírez Bastidas e Iván Velásquez, encargado de la investigación del caso de la parapolítica.

• Políticos miembros del Polo Democrático: Gustavo Petro, Carlos Gaviria, Antonio Navarro, Gloria Cuartas, Wilson Borja, Luis Eduardo Garzón, entre otros.

• Políticos miembros del Partido Liberal: Rafael Pardo, César Gaviria, Piedad Córdoba, Alfonso Gómez Méndez.

[Fuente: Por Claudia Julieta Duque para Correo del Orinoco, Periodista investigadora y víctima del G-3, 03sep09]

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