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05ago05
Las víctimas del laboratorio de Guerra en Arauca.
Arauca ha sido declarado laboratorio de guerra. La caracterización de escenario en el que la confrontación militar, entre los llamados actores del conflicto ha degenerado en barbarie, en brutalidad, en la comisión de delitos de lesa humanidad. La víctima es la población civil. Así se define y se establece en los textos de Derechos Humanos: las comunidades organizadas, los campesinos, los sindicalistas, líderes sociales, las personas que objetivamente no hacen parte de la confrontación.
Se entiende que la aplicación de la política de seguridad tiene sentido para el gobierno, si y solo si, garantiza la eliminación sistemática de cualquier elemento de oposición social organizada, que implica amenaza política, no necesariamente militar al interés en el caso particular del capital transnacional.
Importante señalar, precisamente, que las víctimas del conflicto tienen en común que no comparten ni la manera ni los intereses que promueven la guerra en la región. No son actores de guerra, es claro, el gobierno los ha declarado objetivo militar.
Los ejemplos de violación de Derechos Humanos están ahí. Todos indican como victimario al Estado. Insistimos en hacer ver, que las FFMM se empañan en destruir, aniquilar cualquier forma de organización social que anime el espíritu de respeto a la condición de ciudadanos libres y pobladores civiles.
Así las cosas, se advierte el empeoramiento de la situación denunciada de crisis humanitaria en Arauca.
La violación y el atropello a la dignidad humana, a la libertad de expresión y movilización, a la libre organización, al derecho de conciencia, a la autodeterminación de los pueblos y al derecho a la vida se agudiza de la llegada de la Occidental Petroleum en los 80, posteriormente la aplicación del Plan Colombia en la primera década del 2000 incrustada hoy en la política de seguridad democrática en el 2002, ella hace más profunda la crisis humanitaria.
Las políticas de Estado convierten a Arauca en una de las regiones más violentas del país, la agresión a civiles, víctimas inocentes, líderes sociales y sindicales una de las características más denigrantes del conflicto en la región; a ellos se suma la colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares que participan en homicidios, torturas y desapariciones con el financiamiento y aquiescencia de las empresas petroleras y las multinacionales Occidental Petroleum y la española Repsol YPF.
En el marco de este contexto tuvieron lugar los asesinatos de lideres sindicales Héctor Alirio Martínez, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche, el pasado 5 de agosto de 2004, por parte de una patrulla militar conformada por alrededor de 35 hombres pertenecientes al grupo Mecanizado Revéis Pizarro, con sede en Saravena al mando del subteniente Juan Pablo Ordoñez y conducidos por el informante civil Daniel Caballero Rozo, alías "Patilla", hechos ocurridos en el caserío de Caño Seco - municipio de Saravena, Arauca. Esta masacre tiene como antecedentes, además de los constantes señalamientos, las detenciones masivas, las acusaciones infundadas por Rebelión y los posteriores procesos judiciales adelantados por la Fiscalía de estructura de apoyo - cuyas instalaciones se encuentran dentro de la Brigada XVIII del ejército.
Ese mismo día, el ejército detuvo sin orden judicial a dos (2) personas, identificadas como Raquel Castro (docente) y Samuel Morales (dirigente CUT-Arauca); los detenidos fueron sometidos a señalamientos por parte del informante Daniel Caballero Rozo, posteriormente la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación libró orden de captura dentro de la investigación adelantada por el homicidio de los líderes Jorge Eduardo Pietro, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y actualmente se encuentran privados de la libertad.
Estos dos casos son apenas una muestra del atropello permanente y sistemático a la población Araucana, y es menester traerlos a colación como forma de preservar y rescatar las memoria y exigir la verdad, justicia, reparación y la no repetición de estas violaciones, de igual manera conminar al Estado Colombiano al cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que respete y proteja la labor de defensa de los derechos humanos conforme se desprende de las recomendaciones e informes emanados de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
Por medio del presente escrito se permite denunciar la grave situación de violaciones a los derechos humanos en que se encuentra el departamento de Arauca, así mismo, saluda y se suma al Foro Social Humanitario el cual se esta realizando del 3 al 5 de agosto en el municipio de Saravena - Arauca, en el marco del primer aniversario del asesinato de Héctor Alirio Martínez, Jorge Prieto y Leonel Goyeneche y la detención arbitraria de Raquel Castro y Samuel Morales, para los cuales exigimos libertad inmediata.
¡Ni perdon ni olvido!
Domingo Tovar Arrieta
Director Departamento Derechos HumanosBogotá, D.C., 05 de agosto de 2005
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