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02oct17
La huella de Gustavo Malo y Francisco Ricaurte en Santa Marta
El escándalo de corrupción que vive la justicia colombiana crece como pólvora y cada día se conocen nuevos nombres de personas vinculadas o cercanas a los magistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo quienes formarían parte de un 'cartel de la toga' efectivo para torcer procesos judiciales, extorsionar o favorecer desde mandatarios regionales hasta congresistas y funcionarios del alto gobierno.
La ciudad de Santa Marta no se quedó por fuera del radio de influencia del 'cartel de la toga'. En la capital del Magdalena, veedores ciudadanos y unos pocos medios de comunicación han denunciado múltiples casos de criminalidad y corrupción ante los cuales las autoridades se han hecho los de la vista gorda. Uno de ellos es el que tiene que ver con los homicidios de estudiantes y docentes de la Universidad del Magdalena por los cuales es investigado el exalcalde y hoy precandidato presidencial Carlos Caicedo Omar.
Uno de los primeros vínculos en los que se hace evidente el poder burocrático del detenido expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte en Santa Marta es la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (ESSMAR) cuya gerente es Ingris Aguirre. La señora Aguirre, ex compañera sentimental de Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, hermano de Francisco Ricaurte extraditado en 2015 a EE UU por pertenecer a poderosa red de narcotráfico, fue designada en el cargo por el actual alcalde Rafael Martínez, ahijado político de Carlos Caicedo.
Rafael Ricaurte Gómez, quien manejaba las rutas para sacar droga desde la ciudad de Santa Marta, fue candidato por el partido de La U a la asamblea del Magdalena en las elecciones 2011 y en ese entonces, con su poder político, llevó a su señora, Ingris Aguirre a ocupar la secretaria privada de la Alcaldía en cabeza de Carlos Caicedo, cargó en el que permaneció incluso cuando su esposo había sido extraditado a Estados Unidos. Los Ricaurte movieron sus hilos para tener presencia en el circulo político de Caicedo e influencia en el millonario negocio de manejo del agua y alcantarillado en la ciudad.
Después de realizar esta investigación en la capital del Magdalena y consultando a los conocedores de este tema, muchos encuentran como única explicación que la suma de favores burocráticos formaría parte del entramado judicial de absoluciones y dilaciones procesales. Un cáncer en el sistema judicial que habría jugado a favor de Carlos Caicedo cuya investigación ha pasado por más de 46 fiscales sin que se conozca una decisión a su favor o en su contra.
En una de sus entregas El Expediente publicó las declaraciones de dos miembros del Bloque Resistencia Tayrona de las AUC en las que señalan directamente a Caicedo como autor intelectual de las muertes en la Unimagdalena. Luego de la citada publicación el exjefe paramilitar postulado en justicia y paz José Gelvez Albarracin alias "el Canoso" también acusó al exalcalde de ser financiador del paramilitarismo cuando ejercía como rector de Universidad del Magdalena. Según 'el canoso' la ayuda fue entregada a través de contratos de vigilancia, aseo y electricidad, con los que las AUC financiaron sus actividades ilegales. Pese a todos estos hechos los entes de control no han tomado cartas en el asunto.
Recientemente se conoció un documento emitido por un procurador especial delegado para el caso de los homicidios que se cometieron en la universidad del magdalena, en dicho documento el funcionario deja entrever las maniobras dilatorias que estaría buscando la defensa del exrector Carlos Caicedo para que se logre materializar una prescripción judicial que le permita librar de estas investigaciones, incluso se llegó a establecer que este proceso judicial ha pasado por más de 43 fiscales los cuales no han sido capaces de resolver de fondo los hechos que ensombrecieron la Unimagdalena, es por esta razón que toma fuerza el pronunciamiento del procurador especial quien también de manera directa señala que el único imputado dentro del proceso es el exalcalde Caicedo.
Respecto de Gustavo Malo se sabe que también tiene alcances en la ciudad de Santa Marta. Una de sus cuotas políticas, según el periódico El Tiempo, es el abogado Vicente Guzmán Herrera, exjefe de la seccional Bolívar de la Fiscalía en el 2014 y hoy jefe de la seccional del del Magdalena. Guzmán es esposo de Sandy García Malo, familiar del Magistrado Malo.
No es casualidad que mientras los veedores ciudadanos y los periodistas denuncian a diario cientos de hechos de corrupción y los entes como la Fiscalía y la Procuraduría se mantienen en el mas completo ostracismo pese a los hechos y las evidencias que comprometen a dirigentes políticos.
Hay que señalar que Rafael Martinez, protegido político de Carlos Caicedo, actual mandatario de los samarios fue quien designó a la cuñada de Francisco Ricaurte como Gerente del ESSMAR por lo que la cercanía con los circuitos de la Corte Suprema han dado frutos y se mantienen vigentes.
Pero el exalcalde Carlos Caicedo no solo ha gozado de la protección del 'cartel de la toga'. Un peso pesado de la política, el expresidente César Gaviria, también puso las manos en el fuego por su amigo y aliado electoral cuando señaló publicamente ser la persona que lo ayuda en los procesos judiciales que según él le han inventado los 'políticos tradicionales'.
El expresidente Gaviria, también cercano al exfiscal general (e) Jorge Perdomo, ha volcado su poder y sus cuadros políticos hacía la precandidatura de Caicedo. El candidato Humberto De La Calle estuvo hace poco en la ciudad de Santa Marta compartiendo un foro organizado por el movimiento Fuerza Ciudadana del precandidato Caicedo quien terminaría apoyando a De La Calle si no resulta su aventura electoral y si el Fiscal General Néstor Humberto Martínez da un golpe de autoridad y le pone la lupa a las irregularidades que han caracterizado el proceso en su contra.
[Fuente: Por Lina María Peña, El Expediente, Bogotá, 02oct17]
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