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22sep17
Consejo de Estado adoptó medidas para enfrentar crisis judicial
El Consejo de Estado, a través de su presidencia, les mandó un mensaje a todos los empleados de la corporación sobre los deberes legales en materia de transparencia y rendición de cuentas que deben cumplir. Deberes que, entre otras cosas, se encuentran en manifestar los impedimentos o probables causas de recusación que puedan marginar a los magistrados en determinados procesos.
Igualmente, con el propósito de cumplir con las normas legales, los empleados de la corporación también deberán expresar posibles conflictos de intereses surgidos tanto en materia económica como en lo personal, así cualquier situación denunciada se haya dado en el pasado o esté por producirse en un momento futuro.
Esa directriz y otras, según el alto tribunal, hacen parte de la circular de septiembre pasado firmada por la presidencia de la corporación, a cargo de Jorge Octavio Ramírez, y que tiene como propósito cumplir los compromisos de transparencia, publicidad y rendición de cuentas asumidos por este organismo judicial. Todo a raíz del escándalo mayúsculo de corrupción que enfrenta la Corte Suprema de Justicia.
"Se le solicita a los secretarios de las secciones publicar las listas de los procesos a cargo de cada uno de los magistrados cuando éstos ya se encuentren en sus despachos para tomar una decisión. Esto con el fin de que la ciudadanía pueda conocer ágilmente la fecha de ingreso de los procesos y, en su momento, la respectiva decisión", manifestó el Consejo de Estado.
El alto tribunal también informó que se publicarán las actas de las sesiones de las Salas y Secciones en las que reflejen los debates, actuaciones, conceptos y decisiones judiciales, así como las referidas a conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no autorizados para su publicación o casos disciplinarios. Además, los sorteos de conjueces y los asuntos asignados se harán de manera pública y serán difundidos por la página web.
Finalmente, la corporación les recuerda a todos los servidores judiciales su obligación de presentar la "declaración juramentada de bienes, rentas y actividad económica privada de servidores judiciales", con sus respectivas actualizaciones bianuales (dos veces al año) o antes si se llegan a producir cambios significativos del patrimonio o si existe una solicitud específica de las autoridades.
"Esta medida es un esfuerzo sin precedentes en la Rama Judicial, que busca intensificar los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas a los que nos hemos comprometido con la ciudadanía", concluyó la corporación.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 22sep17]
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