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09mar10
¿Instigadores?
En la semana que acaba de pasar, la Rama Judicial volvió a sufrir el terror de épocas que se creían superadas, cuando la función de administrar justicia era una profesión de alto riesgo. El lunes fue asesinado en Bogotá el doctor José Fernando Patiño Leaño, Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad asignado a Soacha (Cundinamarca); y el jueves, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación alertaron a la Corte sobre el descubrimiento de un plan para atentar contra miembros de su Sala de Casación Penal.
Lo más aterrador de los atentados o de las tentativas de ellos en contra de miembros de la Judicatura colombiana es, como dijo la Corte en su comunicado del 4 de marzo reciente, la "discreta apatía de las demás ramas del Poder Público" y, sobre todo, "(…) las gastadas estrategias retóricas que anuncian una falsa preocupación por la seguridad de los jueces y magistrados".
Tiene razón la Suprema, pero se queda corta, pues más allá de la "indiferencia" que también lamenta en su comunicado, lo que en verdad se aprecia es que los atentados físicos son el eslabón final de una orquestada campaña de agresión contra los jueces de la República que se inicia con su señalamiento como colaboradores del crimen organizado que orientadores de la opinión hacen desde sus tribunas públicas.
Por ejemplo, no se sabe si es una desafortunada coincidencia, una descarada manifestación de arrogancia o una expresa confesión de parte, que en la misma semana del atentado contra el juez y de las amenazas contra los magistrados de la Corte, Plinio Apuleyo Mendoza haya deplorado en su columna de El Tiempo "(…) la justicia que tenemos en casa" y denunciado "sus cientos de fiscales y jueces parcializados que son los mejores alfiles de la guerra jurídica impulsada por "Alfonso Cano". Advirtiendo que "a sus dudosos manejos se deben los tres mil militares hoy detenidos".
No parece fácil entender señalamientos como el de Apuleyo Mendoza o los que a diario hace Fernando Londoño en el mismo sentido desde su programa radial, como simples manifestaciones de su libertad de opinión. Como tampoco que lo sean las del Presidente de la República cuando acusó a los magistrados de la Sala Penal de la Corte de "prestarse para la trampa del terrorismo agónico" o de ejercer su función con "sesgo ideológico".
Todos ellos saben cuál es el peso de sus palabras, a qué tipo de audiencias extremistas van dirigidas y qué clase de "acciones intrépidas" o de "cruzadas patrióticas" son capaces de hacer "en defensa" del Ejército o de las Fuerzas Militares, quienes reciben ese mensaje. Y leyendo u oyendo esa clase de arengas y señalamientos, piensa uno que en el único proceso penal que se adelanta en Colombia por "instigación", como dijo un pensador colombiano cuando salió del manicomio: No están todos los que son, ni son todos los que están.
[Fuente: Por Hugo Quintero Bernate, El Nuevo Siglo, Bogotá, 09mar10]
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