EQUIPO NIZKOR |
|
01ago07
Una reunión colegiada de la Rama Jurisdiccional rechaza las descalificaciones del presidente Uribe a la Corte Suprema.
EN UN hecho sin precedentes en la historia reciente del país, las cuatro altas cortes judiciales y la Fiscalía cerraron filas ayer para rechazar la descalificación del presidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia por la sentencia que ésta emitió negando la posibilidad de que los paramilitares desmovilizados puedan ser juzgados por el delito de sedición.
Según trascendió anoche, tras una reunión a puerta cerrada entre magistrados de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia, así como del Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, y representantes de la Fiscalía, se llegó a un consenso para rechazar las presiones del Presidente para “menoscabar la independencia de la rama judicial”.
La cúpula de esta rama del poder público reprochó la actitud presidencial al tender un manto de duda sobre los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema y advirtió que son inadmisibles las palabras de Uribe en torno a que los juristas tienen un “sesgo ideológico”. Exigieron además al Gobierno respetar las decisiones judiciales.
La posición de las altas cortes judiciales y de la Fiscalía será oficializada hoy mediante un comunicado público.
En el encuentro, los miembros de esta célula judicial coincidieron en que se “consideran inadmisibles las expresiones según las cuales los magistrados actuaron bajo un sesgo ideológico”
EN UN encuentro ‘secreto’ los miembros de la Comisión Interinstitucional, conformada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, determinaron retirarle el apoyo al presidente Álvaro Uribe por sus declaraciones en contra de la Corte Suprema de Justicia por el fallo en el que no reconoce el delito de sedición para los miembros de las autodefensas.
En consecuencia, los representantes de los Altos Tribunales y la Fiscalía determinaron dar su total respaldo a la gestión y decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que consideraron que las declaraciones del presidente Uribe demostraron un alto desconocimiento de la autonomía de la rama Judicial.
Fuentes revelaron que la decisión adoptada anoche abrió aún más el abismo generado entre el Presidente y la rama Judicial, en la medida en que al darle su respaldo a la Corte Suprema, los demás tribunales y la Fiscalía determinaron los límites que debe respetar el Jefe de Estado.
Entre las conclusiones se determinó que los últimos episodios que se han presentado por cuenta del fallo sobre el delito de sedición demostraron un claro desconocimiento del Primer Mandatario a la independencia judicial.
Apartes de la decisión
Según las fuentes consultadas, los asistentes a la reunión secreta determinaron que “las altas cortes y la Fiscalía aprobaron una proposición de apoyo a la Corte Suprema frente a las presiones del Presidente de la República dirigidas a menoscabar la independencia de la rama Judicial”.
Indicaron además que los magistrados y el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, reprochan la actitud del presidente Uribe respecto a que se quiera tejer un manto de duda alrededor de los magistrados de la Corte Suprema que determinaron, en una decisión ajustada al derecho, que se aplique el delito de sedición a los paramilitares y que hayan aclarado las diferencias acerca de que no se puede tratar de fusionar el concierto para delinquir con esta causa punible política.
Al referirse a las palabras del Jefe de Estado sobre los magistrados de la Corte Suprema que negaron la sedición a los paramilitares y no a la guerrilla, en el documento se enfatizó que los
asistentes “consideran inadmisible las expresiones según las cuales los magistrados actuaron bajo un sesgo ideológico”.
Pero las observaciones en contra del Primer Mandatario son más amplias, en la medida en que le recuerdan los linderos que deben respetarse entre las ramas del poder público.
Para este caso insistieron en que las decisiones que tomen las Altas Cortes deben ser acatadas por todos los colombianos, incluyendo al alto Gobierno.
Por ello, le recordaron al presidente Uribe que “sus palabras son un total desconocimiento a la autonomía de la rama Judicial”.
Con las decisiones adoptadas anoche por el Comité Interinstitucional y reveladas por el noticiero CM&, las Cortes y la Fiscalía dejaron en claro los límites que deben respetar las ramas del poder público y su independencia, en la medida en que se muestra como el primer
enfrentamiento grave que se registra entre el Ejecutivo y el poder Judicial.
La defensa de la Corte Suprema
Cabe resaltar que en el momento en que el presidente Uribe arreció sus críticas en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Alto Tribunal, magistrado César Julio Valencia Copete, en entrevista con EL NUEVO SIGLO enfatizó en que “las
decisiones judiciales no se negocian”.
El magistrado agregó que “es muy grave que se hable de una relatividad en las decisiones judiciales, cuando estas lo que hacen es garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos”.
Al explicar el fallo, el magistrado Valencia aseguró que “eso implicaría que entre el delito común y el delito político se hiciera una alquimia jurídica que les diera indulto, amnistía –según el cargo– , que pudieran ser exiliados y no extraditados, y no perdieran los derechos civiles. Entonces podrían llegar hasta el Senado o a una alcaldía. La providencia de la Corte es omnicomprensiva”.
Insistió en que “lo que sí me parece es que es inapropiada por parte del Gobierno, porque las providencias judiciales, aunque se pueden discutir y controvertir, deben ser respetadas y acatadas”.
Cuando se refirió a si el fallo podría ser modificado por lo dicho por el presidente Uribe, el titular de la Corte ratificó que “en ningún caso el solo comentario, por importante que sea quien lo hace, puede ir a enturbiar la providencia. No importa de dónde venga, repito, por
importante que sea”.
Agregó que “la Corte Suprema de Justicia no es ajena al problema nacional, a los problemas del Estado, de la sociedad, al conflicto interno. Claro que está de acuerdo con todo aquello que tienda a la paz y a la reconciliación.
Lo que la Corte no puede hacer es torcer, trastocar las normas del ordenamiento jurídico so pretexto de los intereses superiores del Estado. La Corte mal haría de ir a decir que, porque hay unos intereses de Estado, se cambia el ordenamiento jurídico. La tripartición de los poderes implica colaboración entre los mismos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero eso implica respeto por las convergencias de unos y otros”.
[Fuente: El Nuevo Siglo, Bogotá, 01ago07]
 | This document has been published on 02Aug07 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |