08oct03

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La Seguridad democrática o el " embrujo autoritario" de Álvaro Uribe Vélez.

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Por la memoria de nuestros mártires y defensores de derechos humanos.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" Antioquia ve con suma preocupación la actual política del gobierno al impulsar mecanismos de perdón y olvido o leyes de punto final, de obediencia debida, auto indultos, o cualquier otra medida que pretenda dejar los crímenes cometidos por los grupos paramilitares en la impunidad. Igualmente rechazamos toda pretensión del Estado por legitimar a estos grupos vinculándolos a la fuerza pública o a los organismos de seguridad del Estado.

El Comité Permanente hace memoria al recordar los viles asesinatos de los defensores de Derechos Humanos, cuyos crímenes se encuentran en la completa impunidad: Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez, Carlos Gónima, Jesús María Valle Jaramillo y Ángel Quintero. Todos ellos presidentes e integrantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia.

Resaltamos tres principios irrenunciables para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL los cuales serán vulnerados con el proyecto de ley "por el cual se dictan disposiciones en procura de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la paz nacional ". Dicho proyecto no representará ninguna voluntad de justicia ni de memoria para la sociedad ni mucho menos un esfuerzo por resocializar a quienes por años vivieron en el ambiente de organizaciones consagradas a prácticas criminales. A este factor se le une el hecho de que la legalización paramilitar no ira de la mano con el desmonte del poder económico y territorial de los narcotraficantes y lo mismo puede decirse de las alianzas militares- paramilitares. Si desde ahora no se erradica esta situación de connivencia y por el contrario, se oficializan los vínculos mantenidos en secreto, es difícil pensar que en el futuro no se desarrollen empresas criminales sostenidas sobre viejas colaboraciones o sobre nuevas complicidades.

Por eso, exigimos el respeto por estos tres principios:

Por una VERDAD que esclarezca los hechos, que respete el derecho a saber de las víctimas, tanto individuales como colectivas y en la que se devele la lógica represiva que mantiene oculta la verdad de lo sucedido y conocido.

Por una JUSTICIA que establezca la responsabilidad de los autores y participes materiales, económicos o intelectuales de los crímenes de lesa humanidad e imponga las sanciones apropiadas para que estos hechos no queden en la impunidad.

Por una REPARACIÓN INTEGRAL entendida como dimensión intrínseca de la justicia, con la que se trate de volver a equilibrar la balanza de la realidad que había quedado ventajosamente inclinada a favor del victimario, reconstruyendo en lo posible, o recompensando en su peso, lo que el victimario destruyó, y asegurando que su poder destructor no vuelva a imponerse

Hacemos un Llamado a la oficina de derechos humanos de la ONU, al cuerpo diplomático, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos (ONU, OEA), para que desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se expresen públicamente y se llame al Estado Colombiano para que cumpla sus compromisos internacionales. Así mismo, que se haga respetar la declaración de la comisión de derechos humanos de la ONU que reconoce los derechos a conocer la verdad, a que se aplique la justicia y se repare integral; todos ellos como derechos innegociables de las víctimas. Se debe seguir reiterando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, de jurisdicción universal y no pueden ser objeto de amnistía o indulto.

Ni perdón ni olvido, castigo a los culpables.
Verdad, justicia y reparación integral son derechos innegociables de las víctimas.
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos "Héctor Abad Gómez" de Antioquia.

Este documento ha sido publicado el 10oct03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights