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02sep09
En manos de la Corte Constitucional
Estaba todo dicho. No le importó ayer a la Cámara de Representantes la colección de vicios de la ley de referendo y cambió su postura de diciembre al permitir la modificación del texto. Resultó evidente, desde que la norma llegó al Senado, que no importaba nada, ni la constitucionalidad, ni el reglamento, sino que debía sacarse del Congreso a como diera lugar, para que el peso recayera exclusivamente en la Corte Constitucional. Es decir que se desposeyeron de la pulcritud e idoneidad con que deben adelantarse sus funciones a fin de un buen trámite legislativo, como si ellas fueran un trompo de quitar y poner. Primó la algarabía, la risotada, maniobras evidentemente inconsecuentes como recusaciones absurdas, antes que la serenidad y la sindéresis para entender la magnitud de lo que estaba en juego.
El país asistió al peor de los espectáculos en el hemiciclo, mientras que hace no más unas horas la Corte Suprema de Justicia confirmó el más grande monumento a la corrupción en lo que ocurrió con el conocido senador santandereano, que superó todas las doctrinas de las corruptelas. Es sólo un caso más en el fermento purulento que se ha tomado a la hasta hace unas décadas preclara institución legislativa y que ya no sólo se evidencia en la malhadada parapolítica, sino en la yidispolítica, la cuellopolítica y otras perlas permanentes, como aquellos que esquilman el sueldo de sus auxiliares para obligarlos a entregar porciones a su esfondado bolsillo.
Hubo ayer, también la Corte Suprema de Justicia, de cambiar la jurisprudencia y volvió por los fueros constitucionales según los cuales los congresistas, ni por renuncia de su curul, quedan exentos de investigaciones por el tribunal supremo. Así lo fue desde siempre al tenor del artículo 186 de la Constitución que dice: "De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención". Lo contrario, como venía ocurriendo, era un despropósito y un transfugismo judicial al que se venía recurriendo de manera desembozada.
En cuanto a la ley de Referendo, corresponde, una vez firmada por el Presidente, a la Corte Constitucional sopesar todos y cada uno de sus vicios. No habrá lugar a interpretaciones, porque no caben ellas en sus funciones en este caso y tiene que fallar por la forma, cuando desde ya se sabe que ésta ha sido violada de diversas maneras. Seguramente se darán diversas discusiones de fondo. No obstante, como lo dice la Constitución, sólo podrá ella referirse al modo en que se fraguaron las tropelías del trámite. Ha visto la Corte Constitucional el desenfado con que se procedió, pese a todas las advertencias. No sólo deberá fallar en conciencia sino con la sabiduría de quienes sabrán mostrarse juristas en momentos definitivos para la República. Se entenderá, claro, que en uno o dos casos podrán darse recusaciones o impedimentos evidentes, gracias a que algunos magistrados fueron subordinados del propio Presidente o asesores del Gobierno, y no podrán intervenir en lo que de suyo parecería demostrarse como interés prioritario de su Jefe. Pero los demás seguramente harán honor a lo que resulta tan sencillo y contundente en su propia jurisprudencia: la Corte autorizó por una sola vez la reelección y lo demás se consideraría como una sustitución de la Constitución.
En otras páginas de este periódico se hace el análisis correspondiente a los vicios que en varias oportunidades fueron descubiertos o señalados en estos editoriales. El interés siempre será por la sana formación de la ley, tal y como la misma Corte Constitucional ha venido procediendo en últimas reformas como la ley de desarrollo rural, la ley forestal y muy posiblemente el Código de Minas.
Entenderán, desde luego, quienes rubricaron las firmas por el referendo, que a la Corte Constitucional le queda absolutamente imposible autorizar lo que a todas luces es contra natura. Nunca nadie había cometido tantos despropósitos como las propias bancadas gubernamentales y en particular los operadores políticos del Gobierno y sus partidos.
Desde luego, nadie firmó para que se violara la ley y lo que está claro, como pudo verse en el Opinómetro de anteayer de El Tiempo, sólo un 37% está a favor del referendo. No puede así esgrimirse ninguna tesis de última hora como la del estado de opinión, mucho menos cuando se sabe que las firmas fueron conseguidas a partir de una financiación improcedente y de dudosa índole. Si ellas fueron alrededor de 3 millones 900 mil, quedarían por fuera aproximadamente 25 millones de personas habilitadas para sufragar, de manera que no puede, desde luego, hablarse de estado de opinión. Lo que la Corte Constitucional decidirá, precisamente, es que los países democráticos no se deben a este tipo de doctrinas, sino al Estado Social de Derecho, que de seguro prevalecerá en Colombia. La Corte no defraudará al país.
[Fuente: El Nuevo Siglo, Editorial, Bogotá, 02sep09]
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