Este documento ha sido publicado el 19sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
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11ago02
Colombia: ¿Un Estado de Excepción?Por Horacio Duque
No cabe duda. Colombia inicia el siglo XXI plenamente integrada al marco de la globalización capitalista impulsada por las Corporaciones Multinacionales del Primer Mundo y los grupos financieros que controlan el mercado de capitales en el planeta. En ese contexto, son otros los términos de la acumulación capitalista y de las políticas económicas. También es otro el cuadro de la dominación de clase: una burguesía globalizada -petroleros, narcos, gerentes de compañías extranjeras, tecnócratas, generales y capitalistas del agro- ejerce la hegemonía política en detrimento de aquella que prosperó en el último medio siglo, con la protección y los subsidios estatales y de los dueños de la hacienda tradicional y que se refugia en el llamado oficialismo liberal. Tenemos, pues, un bloque dominante homogéneo y bajo el liderazgo de el nuevo Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez (AUV).
Estamos ahora en el diseño del nuevo retablo político. Todo indica que AUV se propone dar forma a un Estado de Excepción. Al juntar todas las piezas de la nueva estrategia gubernamental, ampliamente difundida por el Ministro del Interior, lo que se obtiene es una nueva institucionalidad caracterizada por la represión abierta y profunda. Crecerá en adelante el poder del Ejecutivo y la acción represiva del Estado, que se convertirá en verdadera columna vertebral de la nueva estructura de dominación interna, puesto que sólo con base en este sistema represivo se puede llevar la explotación de los sectores asalariados y populares hasta las últimas consecuencias necesarias, a la vez que sólo por este expediente se puede liquidar la resistencia de las fracciones burguesas marginadas.
El puzzle uribelesco hacia el Estado de Excepción comprende: replanteamiento del aparato ideológico, las redes de inteligencia, el nuevo marco jurídico, los aprestos fiscales, la modificación del modo de representación y de organización política de clase y la aplicación de una nueva reforma estatal.
El primer paso ha sido esencialmente ideológico. Se ha dado con tanta precisión que terminó ensamblado con la función represiva del Estado. La versión e interpretación de la autoridad dada por el nuevo Presidente no disimula las garras de un estado policiaco y fascista. Como por arte de magia aparece a renglón seguido la monstruosa Red del millón de informantes, que complementará la Central Nacional de Inteligencia -CENIT- a cargo de quien será nuestro Vladimiro Montesinos, el señor Pedro Juan Moreno, un espinoso personaje con turbios antecedentes en el tráfico de drogas y mano derecha de AUV. Los nuevos frentes del Plan Colombia cuyos recursos americanos han sido flexibilizados para que se puedan utilizar en la lucha contrainsurgente, potenciaran toda la tarea represiva y violenta del nuevo Gobierno.
La autoridad, convertida en eje de la nueva ideología oficial, viene a legitimar la represión. Un cuarto del discurso de posesión de AUV dedicado al tema de la autoridad, con lírica evocación a Bolívar y Santander, muestran la dimensión de la reorganización en curso de la ideología dominante. La nueva ideología es represora y la represión tendrá su escudo ideológico en la autoridad.
Los cambios en el sistema jurídico alcanzaran al doble papel del derecho. De un lado, el Ministro del Interior ha proclamado la revisión de aspectos sustantivos de la Constitución Política que regula el ejercicio del poder político por los aparatos de Estado y el acceso a esos aparatos por medio de un sistema de normas generales, formales, abstractas, estrictamente reglamentadas. El paquete de reformas constitucionales es amplio y comprende modificaciones a los estados de excepción para regresar a la desgastada figura del Estado de Sitio, la eliminación de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, de las contralarías y de la Defensoría del Pueblo. Todos estos cambios deben regularizar, en el seno de los aparatos de Estado, las relaciones del bloque en el poder compuesto de diversas clases y fracciones dominantes, organizando la hegemonía del nuevo núcleo de la burguesía globalizada sobre las otras fracciones, sin afectar la esencia del Estado.
Por supuesto, estos cambios constitucionales aseguraran la imposibilidad del acceso al poder de los sectores populares, a la vez que les crea la ilusión de que tal acceso es posible. Por la sencilla razón de que este derecho regula igualmente las formas de ejercicio del poder respecto de las masas populares: la represión física organizada se realiza de acuerdo con las reglas fijadas.
Del otro lado, los anuncios en materia de recortes a los derechos y libertades individuales, en el marco de las nuevas teorías de la seguridad como un bien público según el neoinstitucionalismo en boga, que implica sacrificios de los derechos fundamentales, auguran el reino de la arbitrariedad porque el derecho ya no será el que nos regule hacia adelante.
En medio de la aguda inestabilidad política que propicia la crisis colombiana, el nuevo grupo dominante preserva así una gran "libertad de acción" para restablecer las relaciones de fuerza en el seno del bloque en el poder, caracterizadas por una alta volatilidad.
La reforma tributaria para pertrechar con 15 billones de pesos al ejercito; el ajuste fiscal, para bajar el riesgo país y tranquilizar los dueños de nuestra deuda externa; la reducción de las pensiones y la reforma laboral para reforzar la explotación laboral, tienen el objetivo de despejar los términos de acumulación del capitalismo globalizado y facilitar mayor concentración de la riqueza.
Hace fila también la modificación del modo de representación y de organización de clase. El 7 de agosto, el propio AUV radicó en el parlamento, el Proyecto de Ley para convocar un Referendo sobre un Acto Legislativo que pretende reorganizar la rama legislativa y la función electoral, que tiene la misma factura conservadora de las medidas mencionadas arriba.
Parapetado en el descredito del poder legislativo, centro de la vagabundería clientelista y de la corrupción desenfrenada, la misma que campea en el Ejecutivo, el señor AUV, con una larga trayectoria en ese mismo parlamento como miembro del desacreditado oficialismo Liberal, y con una tupida red de parientes en esa misma institución, pretende ahora reducir el Congreso Nacional y establecer un nuevo sistema electoral excluyente. El resultado de esta reforma política no será otro que el fortalecimiento absoluto del poder Ejecutivo y el máximo debilitamiento del Parlamento, como consecuencia inevitable de una situación en la que la homogeneización del bloque dominante ha determinado el agotamiento de la institución parlamentaria como instancia en que fracciones de la burguesía podían dirimir públicamente sus diferencias. De hecho, en las condiciones de la nueva modalidad de acumulación, queda poco o nada por dirimir, puesto que las medidas pertinentes a las transformaciones que imponen los nuevos objetivos económicos obedecen a los intereses casi exclusivos del nuevo núcleo burgués dominante, del cual se excluye toda fracción distinta a la burguesía globalizada. Por ello, toda la nueva política no puede mas que ser arbitrada por un ejecutivo fuerte y autoritario.
Con la nueva reforma política, en perjuicio del Congreso, aumenta el poder del ejecutivo y la acción represiva del Estado, que se convierte en la esencia de la dominación interna.
No es cierto que lo que se quiera es fortalecer la democracia (?) colombiana ni mucho menos acabar con la "politiquería" tan denostada por el Presidente. El objetivo es tener un parlamento de bolsillo que no interfiera la gestión política de los grandes negocios anclados en el Ejecutivo.
Por ultimo, la anunciada reorganización del Estado, para eliminar Ministerios y fusionar otras entidades, a partir de las facultades otorgadas al Ejecutivo, hace parte de una política de Estado cuya raíz no proviene de las necesidades sentidas y manifiestas de la sociedad colombiana, sino que es una propuesta surgida del acatamiento interno a las recomendaciones del Banco Mundial, a las exigencias del FMI y a las propuestas de lo que se ha llamado el consenso de Washington (reunión de empresarios, políticos e intelectuales de los países desarrollados y de los estados dominantes). Esta reforma del Estado, que ya se esta implementando, esta asociada a tendencias sociopolíticas contrarias al interés nacional y es tan modernizadora como conservadora. Sus ejes son mantener a toda costa la estabilidad económica y monetaria del modelo neoliberal, la inserción acritica y subordinada de nuestro país, o parte de el, a la globalización del capital, así como sostener una gobernabilidad entendida como aumento del control político y de las políticas de control social de la población.
La nueva reforma neoliberal del Estado, el cambio de sus funciones, su perdida de proyecto nacional, de la propiedad y del control de empresas públicas, y la modificación y reducción del gasto social se asocia al desarrollo de tecnocracias financieras y administrativas (tipo Hommes, Junguito, Restrepo, Carrasquilla, Clavijo, etc) fortalecidas por el control de las instituciones estatales de hacienda, crédito público y del Banco de la República, las cuales al carecer de proyecto y responsabilidad nacionalista han desarrollado un interés especial por dominar el poder político para hacer negocios, para aprovecharse de distintas formas de acumulación fácil ligadas a actividades jurídicamente licitas, y otras ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. Dichos grupos de poder han logrado erigirse también en ejes de procesos interno de acumulación vía la apropiación de las políticas económicas del Estado y se han convertido en intermediarios políticos de los organismos financieros mundiales, de los grupos capitalistas transnacionales y de los proyectos de los estados mundialmente dominantes. Cada operación de privatización, de autorización al ingreso de capitales o de préstamo internacional significa una tajada del 5 o de 10 por ciento para esos tecnócratas y una asociación patrimonial con nuevas empresas subsidiadas. Por eso la importancia que tienen ahora los gabinetes económicos y las juntas directivas del Banco de la República. Se trata de verdaderas oligarquías políticas autoreferidas que buscan perpetuarse sobre la base de su función intermediaria y que recurrentemente tienden a desplazar del poder y la política a grupos de la clase dominante tradicional y de la nueva oposición democrática popular. Estas tecnocracias intermediarias han hecho de la reforma del Estado y del ajuste estructural el eje ideológico de su política.
En todo caso, la dominación de clase que encarna el señor AUV, a la que servirá el nuevo aparato estatal que surja de la reforma, va a determinar, en consecuencia, las características de la estructura orgánica de dicho aparato, , valer decir la dimensión física y funcional de sus dependencias, el numero y atribuciones de sus funcionarios y fundamentalmente, el sistema de jerarquía y subordinaciones en su interior, vale decir la organización y administración del poder en el interior del poder estatal. De este modo la centralización del poder en manos del Ejecutivo encuentra su mejor expresión en el aumento cualitativo y cuantitativo de las dependencias bajo su control directo.
Son, entonces, las piezas del nuevo modelo político del señor AUV, que reunidas dan forma a un típico Estado de excepción.
Santa Fe de Bogotá, 11 de agosto de 2002
Este documento ha sido publicado el 19sep02 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights