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DERECHOS


5feb03


Las víctimas del paramilitarismo exigen verdad, justicia y reparación integral.


Ante las gestiones que adelanta el Gobierno Nacional con el paramilitarismo, mediante la figura de una "Comisión Exploratoria", el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH-, manifiesta a las autoridades colombianas y a la opinión pública nacional e internacional:

1.- La aplicación de la ley 418 /97 no puede vulnerar el derecho a la justicia.

Aunque la Ley 782 de 2002, modificatoria de la Ley 418 de 1997, suprimió la exigencia del carácter político de las organizaciones armadas al margen de la ley para adelantar "diálogos, negociaciones y acuerdos, abriendo paso a la "negociación de la justicia" con toda criminalidad organizada, sus procedimientos y resultados no pueden irrespetar los derechos humanos ni soslayar la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario puesto que no sólo violentaría el régimen constitucional sino que se constituiría en instrumento de "legalización" de la impunidad.

No obstante lo anterior, el Gobierno acaba de expidir el Decreto 128 del 22 de enero de 2003, dirigido a conceder amnistías e indultos a quienes "tengan el propósito de incorporarse a la legalidad", propiciando la impunidad de sus crímenes. Al respecto, la Ministra de Defensa expresó que la medida no beneficiará a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, reduciendo tal calificación a las investigaciones actualmente en curso. Olvida la Ministra que la inmensa mayoría de crímenes cometidos por el paramilitarismo se encuentran por fuera del conocimiento de la administración de justicia y que los que se hallan en trámite, presentan falencias probatorias por las amenazas ejercidas sobre testigos y funcionarios judiciales.

La catástrofe humanitaria que padece Colombia supera los márgenes de la actual administración de justicia. Por eso, en reiteradas ocasiones, las organizaciones de derechos humanos hemos reclamado la urgente conformación de una comisión de esclarecimiento y verdad, que tras una exhaustiva investigación, determine la comisión de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra, atribuya responsabilidad a sus autores y los someta a un juicio garantista.

Sólo de esta forma, el Gobierno asegurará la vigencia de un orden justo como fin esencial del Estado colombiano y realizará de manera plena los derechos universales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral de los daños causados por los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad y las infracciones al derecho humanitario.

2.- Las gestiones con las AUC, ocultan la responsabilidad estatal en el despliegue de la estrategia paramilitar.

El paramilitarismo es una estrategia desplegada desde la segunda mitad del siglo pasado, por los diversos gobiernos nacionales como bastión de lucha contrainsurgente y como mecanismo de control social represivo de vastos sectores sociales inconformes con las condiciones político-económicas del país.

Como estrategia de gobernabilidad, el paramilitarismo surgió al amparo del Decreto 3398 de 1965, expedido bajo Estado de Sitio, siendo incorporado a la normatividad permanente mediante la Ley 48 de 1968. Posteriormente nuevos instrumentos normativos pretendieron darle mayores alcances (Ley 356 de 1994 y 684 de 2000), siendo declarados inexequibles por la Corte Constitucional, por considerarlos violatorios de los derechos humanos y de los principios esenciales del Estado colombiano.

Como instrumento contrainsurgente, el paramilitarismo se fortaleció a la sombra de la Fuerza Pública (muchos de sus oficiales ingresaron a las filas de las AUC), tal como lo evidencian diversos casos fallados por la justicia colombiana y los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, recibiendo además cuantiosa y permanente financiación del narcotráfico, empresarios nacionales y extranjeros.

Basta recordar las investigaciones a los militares Farouk Yanine Díaz, Luis Antonio Meneses Báez ("Ariel Otero"), Rodrigo Quiñónez, Álvaro Hernán Velandia, entre otros, en diversos crímenes perpetrados por el paramilitarismo, así como las pruebas aportadas por varios testigos contra el General Rito Alejo del Río.

Así pues, el paramilitarismo no ha ejercido la rebelión contra el Estado, ni ha sido su oponente, ha sido su aliado incondicional; de ahí que parezca extraña una "negociación" entre asociados de una misma causa.

Por ello, tras la "confidencialidad" de las conversaciones del Gobierno con los grupos paramilitares, subyace no sólo la impunidad de sus crímenes (Decreto 128 de 2003) sino el ocultamiento de la responsabilidad penal y administrativa que por acción u omisión corresponde a funcionarios e instituciones oficiales, enmascarando además su legalización mediante las figuras del servicio militar campesino y la red de informantes.

Esta "confidencialidad" esconde además el incumplimiento de condiciones mínimas tales como el cese de hostilidades y el respeto a la población civil, como lo evidencian las recientes agresiones a las comunidades indígenas de la frontera colombo-panameña, Micoahumado (Bolívar), Meta y Arauca.

3.- La política de paz debe ser pública.

No entendemos como el Dr. Uribe Vélez y su bancada parlamentaria reclamaban transparencia a la administración Pastrana cuando adelantaba diálogos con la insurgencia, y hoy se silencian ante la inminente legalización de la impunidad a favor del paramilitarismo.

La política de paz debe ser publica y cimentarse en el reconocimiento del conflicto (es decir, en el carácter político del oponente), en la solución política de sus causas, en el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario y, en la realización de la justicia. Tal como lo señaló Amnistía Internacional, la reconciliación nacional y la construcción de la paz, no pueden ser el fruto de un proceso a puerta cerrada que excluya a las víctimas y a la sociedad en general, para conceder amnistía a los responsables de los crímenes contra la humanidad.

4.- Estamos de acuerdo en desmontar el paramilitarismo, pero esclareciendo sus crímenes e impartiendo justicia.

En ejecución de sus funciones, el paramilitarismo ha cometido cientos de crímenes de lesa humanidad dejando miles de víctimas a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Entre sus víctimas recordamos a los doctores Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle, Presidentes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia y a otros defensores de derechos humanos como Elsa Alvarado, Mario Calderón y Josué Giraldo; líderes de la oposición como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, José Antequera, Manuel Cepeda, Carlos Pizarro y Oscar William Calvo; a Jorge Ortega, Vice-Presidente de la CUT, y cientos de sindicalistas, Iván Villamizar, ex - Defensor del Pueblo de Norte de Santander; al líder indígena Quimi Domicó, y a tantos hombres y mujeres victimizados en masacres como la de las fincas Honduras y La Negra en la región del Urabá, Chengue, El Salado, El Naya, Mapiripán y la región del Catatumbo.

También recordamos el atentado a Wilson Borja y a cientos de personas torturadas y desaparecidas tras la detención realizada por agentes de seguridad del Estado o por paramilitares informados por ellos, como sucedió con Miguel Angel Díaz, Amparo Tordecillas y Nidia Erika Bautista.

Colombia requiere como parte y sustento de un proceso de paz, una comisión de esclarecimiento y verdad que dilucide responsabilidades en la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Ello implica, en el caso del paramilitarismo, individualizar las responsabilidades de instituciones, funcionarios y empresarios en el despliegue de la estrategia paramilitar con la finalidad de someterlos a la justicia bajo el irrestricto respeto al derecho fundamental al debido proceso.

Para la consolidación de un proceso de paz, el Estado debe desmontar la estrategia paramilitar contrainsurgente, esclareciendo y judicializando sus crímenes y garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos bajo el manto paramilitar.

Para ello, el Estado colombiano y particularmente el Gobierno Nacional, debe a acoger e implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en reiteradas ocasiones, así como los mecanismos para la superación de la impunidad propuestos por las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, las organizaciones que integran las víctimas y los grupos de expertos, entre ellos, la Comisión de Notables conformada durante el gobierno anterior.

íLos crímenes de lesa humanidad cometidos por el paramilitarismo no son indultables!

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Bogotá, Febrero 5 de 2003.


DDHH en Colombia

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Este documento ha sido publicado el 6feb03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights