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31mar05
Corte Penal Internacional pide a Colombia informe sobre investigación de crímenes de lesa humanidad.
Además, solicitó que la mantenga al tanto de los proyectos de ley "discutidos recientemente" para castigar a los autores de este tipo de delitos.
En su mensaje al gobierno de álvaro Uribe, la Corte señala que miles de personas han sido asesinadas, torturadas, secuestradas y desplazadas desde noviembre del 2002, cuando entró en vigencia ese tribunal.
El emplazamiento fue enviado por el fiscal del tribunal, con sede en Roma, Luis Moreno Ocampo, al embajador colombiano acreditado ante la Corte Internacional de La Haya, Guillermo Fernández de Soto, hace dos semanas.
Es su primera intervención con relación a Colombia.
La CPI deja en claro que Colombia no está blindada ante la competencia de la Corte, como pensaban algunos cuando el Estado suscribió una reserva de siete años para delitos de guerra.
En sus argumentos, la CPI precisó que a la luz del artículo 124 del estatuto (que la creó) "no tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, pero sí sobre alegaciones de crímenes de lesa humanidad y genocidio".
La solicitud relacionada con los proyectos de ley generó sorpresa e inquietud en algunos miembros del Congreso, que en estos momentos discute la aprobación de la iniciativa de Justicia y Paz que podría fijar penas de entre 5 y 8 años a los miembros de grupos ilegales procesados por delitos atroces.
La CPI dice que desde el primero de noviembre de 2002, cuando entró en vigencia su jurisdicción, en Colombia ha habido miles de asesinatos, secuestros y desplazamientos. También señala que crímenes atroces y genocidio han sido cometidos por guerrilleros, paramilitares y oficiales de la Fuerza Pública.
Incluso, señaló que tiene conocimiento sobre cerca de 54 delitos de lesa humanidad cometidos por las organizaciones ilegales, por los cuáles aún no ha abierto investigación y cuyos detalles remitió a las autoridades colombianas.
'Habrá explicaciones'
El hecho fue puesto al descubierto por el senador Darío Martínez, ayer, durante la sesión de las comisiones primeras de Senado y Cámara que discuten el proyecto de justicia y paz.
Martínez advirtió que el anuncio del tribunal internacional pone de presente la necesidad de tramitar una ley que aplique justicia a los responsables de delitos de lesa humanidad y niegue las penas "casi ridículas" contempladas en el proyecto del Gobierno.
El senador nariñense conminó al ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega, quien se encontraba en el recinto, a confirmar la existencia de ese documento.
Pretelt aceptó la solicitud y reveló a los legisladores que en efecto la cancillería colombiana recibió el documento y anunció la disposición del Gobierno de explicar a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley en trámite, tan pronto esta sea aprobada.
Algunos congresistas como Martínez y Luis Fernando Velasco, contrarios al Gobierno, calificaron el hecho como un "golpe duro" para la actual administración.
El representante Luis Fernando Velasco dijo que ahora tienen más sentido las reservas expresadas por los paramilitares en varias oportunidades sobre el riesgo de que la ley en trámite no ofrezca la suficiente seguridad jurídica para los responsables de delitos graves.
Los aliados del Gobierno, en cambio, le restó valor al documento. El representante conservador Roberto Camacho, uno de los coordinadores de la ponencia oficial, dijo que "eso no tiene importancia".
El senador Mauricio Pimiento, quien preside las deliberaciones del debate, también desestimó el hecho y dijo que lo que hay que hacer es una ley que atienda la situación del caso colombiano.
"Me parece muy importante que por fin la comunidad internacional se interese por los problemas del país", dijo el presidente del Directorio Nacional Conservador, Carlos Holguín Sardi.
[Fuente: El Tiempo, Bogotá, Col, 31mar05]
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