Bogotá, 16 de junio de 2000
Carta del CINEP al Director del Departamento Nacional de Planeación de Colombia sobre el Plan Colombia.
Al Doctor MAURICIO CARDENAS, Director Departamento Nacional de Planeación
Apreciado Dr. Cárdenas:
En primer lugar, quiero agradecer la reunión de información a las ONG en torno al Plan Colombia, convocada por el Departamento Nacional de Planeación el pasado 29 de mayo. La información global suministrada nos permitió tener una visión de conjunto sobre las dimensiones del Plan Colombia, que contribuye a la participación de la sociedad colombiana en la discusión sobre el tema. Por eso, considero que la reunión del 29 de mayo puede constituirse en el punto de partida de un gran diálogo nacional, con la participación de sectores de la academia, de los gremios productivos, de las organizaciones sociales, de las ONG, de las comunidades locales de las zonas involucradas e incluso de los grupos de poder de esas áreas.
En segundo lugar, con el ánimo de contribuir a este diálogo quiero expresar algunas inquietudes del CINEP sobre el Plan Colombia. En primer lugar, no estamos de acuerdo en fundamentar la generación de las condiciones propicias para la construcción de una paz sostenible en los componentes presentados en el Plan: recuperación económica y social, proceso de negociación, estrategia antinarcóticos, fortalecimiento institucional y desarrollo social. No estamos de acuerdo con la afirmación de que ellos apunten al mismo objetivo final de prevenir las principales causas de la violencia y generar condiciones para la paz.
Nos parece un avance el que en la última formulación del Plan la estrategia antinarcóticos se intente presentar en forma más integral enfatizando los aspectos de modernización de la justicia y de la policía lo mismo que los de la promoción del desarrollo alternativo de inversiones complementarias, desarrollo institucional, fortalecimiento del capital social y la promoción de la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, nos sigue preocupando el énfasis en la erradicación de los cultivos y en la interdicción sistemática, para lo cual se dice que es necesario fortalecer la acción internacional "mejorando la capacidad de acción de los estados más débiles, así como los sistemas de inteligencia y cooperación para el control de percusores químicos, el tráfico de armas y el lavado de activos".
En esta formulación no queda clara la manera como se mejoraría "la capacidad de acción de los estados más débiles". En una versión anterior del Plan, el problema del narcotráfico se presentaba centrada en el hecho de que los cultivos, el tráfico y el procesamiento se realizan "en áreas remotas fuera del control del gobierno", particularmente en el sur del país "donde existe una presencia fuerte de la guerrilla". Y concluye que guerrilla, autodefensas y narcotraficantes se seguirán fortaleciendo mientras el sur del país (y, ¿qué pasa con los cultivos y procesamientos que no están en el sur del país, ni en zonas controladas por la guerrilla sino en el norte, bajo el contrl paramilitar?) siga por fuera del control del gobierno.
Siguiendo esta misma lógica, en esta presentación del Plan se toma como meta la reducción del cultivo, procesamiento y distribución de la droga en un 50%, para la cual se busca "establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación" y "restablecer el control gubernamental sobre las áreas claves de producción de droga".
La pregunta obvia es si este establecimiento del control militar en el "sur del país" (¿no se piensa restablecer el control militar en las áreas bajo la influencia paramilitar?), no va en contravía del proceso de negociación actualmente en curso: ¿se va a restablecer el control militar en la zona del despeje? ¿se va a discutir el tema de la erradicación de cultivos en la mesa de negociación o se va a restablecer el control militar en el sur? Parece entonces que la guerra es uno de los componentes de la estrategia de paz.
Por otra parte, estamos convencidos de que una estrategia integral de sustitución de cultivos y de desarrollo alternativo integral debe ser concertada con las comunidades locales afectadas y avaladas -de alguna manera- por los actores armados que controlan las áreas respectivas. O sea, que esta estrategia es absolutamente inseparable del proceso de negociación con los actores armados.
Por eso, nos parece contradictorio que el Plan Colombia asuma como modelo el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, que parte precisamente de la concertación y consulta con los principales actores, "incluyendo los armados", y establece consensos sobre objetivos, estrategia y proyectos de la región. El que se adopte "este proceso participativo de desarrollo e inversión" va en contravía de la política de interdicción y de recuperación militar del control de las regiones. Nos parece que los principios básicos del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio quedan desvirtuados si se lo incluye en una estrategia de paz con un componente de guerra, de recuperación del control militar de las áreas del narcotráfico.
Por lo demás, estamos convencidos de que una política de erradicación tal como se planea sería del todo contraproducente: no haría sino extender el cultivo hacia otras áreas, con los resultados consiguientes de mayor deterioro ambiental, además, produciría un aumento del desplazamiento de la población campesina del Sur del País y del deterioro de la situación de los Derechos Humanos, que iría en contravía de las declaraciones de buena voluntad consignadas en el Plan Colombia (código de conducta de militares y policía). Creemos que es posible una política de erradicación y sustitución previamente concertada con las comunidades y los actores armados de las respectivas regiones. Hay algunas iniciativas en esa dirección.
Además, no nos parece una buena política presentar como parte integral del Plan Colombia a todos los proyectos financiados por organismos mutilaterales (Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, etc.) con el aval y respaldo de Planeación Nacional, sin precisar que estos proyectos vienen siendo concertados con el Estado Colombiano desde tiempo atrás, incluso durante el gobierno anterior de Samper. Y sin contar con las directivas de las entidades involucradas, como es el caso del CINEP.
Por otra parte, los diversos proyectos que se piensan presentar a la Mesa de Donantes no obedecen a una lógica integradora y articuladora, sino que son simplemente yuxtapuestos bajo la cobertura general del Plan Colombia, sin analizar qué tan coherente son entre sí y con la estrategia global.
Tampoco parecen compatibles estas políticas de erradicación y control militar con los objetivos del fortalecimiento del capital social y de la consolidación de la participación de las comunidades para que ellas ejerzan "el control social de los proyectos": ¿cómo mejorar el desarrollo local, la capacidad institucional de las regiones involucradas en el Plan Colombia y el ejercicio de la planeación local y regional, si no se las tiene en cuenta para la formulación de planes para la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos?
Finalmente, nos preocupa la manera como se presenta el tema de los Derechos Humanos en el plan: se hacen primero unas afirmaciones generales sobre el tema, donde se mencionan los aspectos de modernización de la justicia, defensa y policía para garantizar tanto la efectividad de la lucha antinarcóticos como el Estado de derecho y la protección de los Derechos Humanos y se menciona el fortalecimiento de la capacidad del Estado para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Y dice que estas políticas se concretan en el Plan Nacional de Acción de la Vicepresidencia. Pero en los proyectos concretos solo se habla de programas de difusión de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional, de campañas de eliminación de minas antipersonales y, de prevención del consumo de drogas y de desvinculación de niños del conflicto. Nada se menciona sobre la impunidad casi general de las violaciones, las denuncias sobre nexos entre paramilitares y organismos oficiales de seguridad, del clima de intolerancia frente a los defensores de los Derechos Humanos y otros activistas sociales.
Estas consideraciones pretenden ser un aporte a la discusión general sobre el Plan Colombia, que creemos debería ampliarse al conjunto de la sociedad: una discusión seria sobre el tema, que involucre a la academia, a los gremios, ONG, movimientos sociales, autoridades departamentales y municipales de las regiones involucradas junto con comunidades locales y regionales afectadas, podría llevar a una reformulación más ampliamente compartida del Plan Colombia, centrada más en la reconstrucción de la nación en el conflicto y el postconflicto, que en los aspectos meramente represivos de la economía del narcotráfico. El CINEP estaría muy interesado en colaborar con Planeación Nacional en generar condiciones para impulsar este diálogo nacional, encaminado a la búsqueda de soluciones verdaderamente nacionales para los problemas que aquejan a la sociedad colombiana. Nos gustaría conversar personalmente sobre estas posibilidades.
Atentamente,
FERNAN E. GONZALEZ G., Director General CINEP
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