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06dic18
El expediente por el asesinato de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres
A escasos meses de que la investigación prescribiera sin avances significativos, la Fiscalía reconoció que el asesinato de los periodistas de El Espectador Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, perpetrado en Segovia (Antioquia) por milicianos del Eln, el 24 de abril de 1991, fue un crimen de guerra. Esta declaración determina que el caso puede seguir indagándose, más allá de la conclusión judicial actual que señala que se trató de un error de los victimarios que confundieron a los comunicadores con miembros de inteligencia militar.
A pesar de que, en criterio de la Fundación Libertad de Prensa (FLIP), “la decisión tiene un impacto importante en la lucha contra la impunidad, pues el Estado tiene ahora la obligación de insistir en la investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos y sanción a los responsables”, el anuncio fue recibido con relativo optimismo. La razón: han transcurrido 27 años desde el doble asesinato sin decisiones importantes y largos intervalos sin pesquisa judicial.
Julio Daniel Chaparro y Jorge Eliécer Torres fueron asesinados hacia las siete de la noche del 24 de abril de 1991, pocas horas después de haber llegado al municipio de Segovia, donde buscaban desarrollar un reportaje sobre los efectos que había dejado en la población la masacre paramilitar de 46 personas, perpetrada en noviembre de 1988. Según los testigos, cuando salieron de la heladería Diana, en la calle de La Reina, desconocidos los atacaron a tiros, causándoles la muerte.
En medio de una atmósfera hostil para el desarrollo de una investigación judicial, el expediente por el crimen de los periodistas Chaparro y Torres tuvo un primer avance en agosto de 1993, cuando fueron vinculados al proceso los milicianos del Eln Joaquín Lezcano Ortiz y Ramiro Alonso Madrid, señalados por un tercero de haber participado en los asesinatos. No obstante, meses después, ambos sujetos fueron amparados por la preclusión ante la debilidad del material probatorio.
Después, la justicia amplió sus averiguaciones en la hipótesis de la autoría del Eln y agregó a los nombres referidos los de William de Jesús Castrillón Sánchez y Magda Cecilia Castellanos Ruiz. Según la Fiscalía, estos dos eran pareja y después del asesinato de los periodistas se ocultaron en una casa de Segovia. Con el paso de los días, tampoco este avance judicial tuvo desarrollo, y después de algunos trasteos, el expediente fue a dar al despacho del fiscal Gustavo Reyes Leyva.
A esta unidad judicial entró en junio del 2000, y rápidamente el fiscal se encontró con un obstáculo. Los cuatro supuestos milicianos del Eln ya estaban muertos. A William Castrillón lo asesinaron en Zaragoza, en febrero de 1999. A Ramiro Alonso Madrid, en noviembre del mismo año. A Magda Cecilia Castellanos, en Bucaramanga, a finales del 2000. Y a Joaquín Lezcano, en marzo del 2002. Con esta dificultad, el expediente empezó a enmohecerse sin nuevas actuaciones de fondo en el caso.
En abril del 2011, a escasos días de que se cumplieran 20 años del crimen cometido en Segovia contra los periodistas, el fiscal Reyes expidió una resolución inhibitoria en el caso con un razonamiento simplista: los presuntos investigados ya están muertos. Pero además de insistir en la conclusión de que todo fue producto de una confusión de milicianos del Eln, agregó una perla: que el crimen no fue perpetrado por su condición de periodistas ni mucho menos por serlo de El Espectador.
El fiscal Reyes añadió que justamente ese era el modus operandi de las milicias urbanas del Eln: “Ejecutar personas desconocidas que llegaban sin justificar su presencia en la población, y más aún cuando eran vistas tomando fotos o notas”. Es decir, que el Eln asesinó a Julio Daniel Chaparro y a Jorge Torres sin preguntarles quiénes eran. Ellos habían llegado a Segovia con el propósito de hacer un reportaje para la serie Lo que la violencia se llevó, y se les vio tomando fotos en la calle de La Reina.
La respuesta de las familias Chaparro y Torres y de la Fundación para la Libertad de Prensa fue reclamar que la Fiscalía declarara lo sucedido en Segovia, en 1991, como un crimen de lesa humanidad. Además, decidieron llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para buscar caminos a la verdad que no han sido posible establecer en Colombia. Desde entonces, han transcurrido siete años, que ahora añaden un avance de la Fiscalía en procura de esa verdad.
El fiscal Gustavo Reyes, que lleva 18 años con el expediente, en una sucinta declaración de 10 páginas, concluyó que el homicidio de los periodistas de El Espectador Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres Navas fue un crimen de guerra, infracción grave en el Derecho Internacional Humanitario que no admite ni indulto ni prescripción. En síntesis, que hay tiempo de sobra para investigar y que la conclusión no sea que fue un simple error de los violentos contra la libertad de prensa.
[Fuente: El Espectador, Bogotá, 06dic18]
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