EQUIPO NIZKOR |
|
16abr11
Veinte años de impunidad contra periodistas la hacen definitiva
En una semana se cumplirán los 20 años del asesinato de Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres, periodistas de El Espectador que fueron cubrir la masacre de Segovia, en Antioquia, y nunca volvieron. En estas dos décadas, poco o nada se ha avanzado en las investigaciones sobre el crimen. Esa impunidad se hará definitiva cuando prescriban en unos días estos delitos y otros cuatro asesinatos de periodistas que también están a punto de quedarse definitivamente en la impunidad.
Aunque el año pasado una ley amplió de 20 a 30 años el tiempo de prescripción de algunos asesinatos, incluidos los de periodistas en razón de su trabajo, esta solo se aplica a los crímenes cometidos después de que entró en vigencia. Y por lo tanto, los asesinatos de periodistas ocurridos de 1991 para atrás -la época más dura para el periodismo- están a punto de prescribir.
El único camino que se ha encontrado, hasta ahora, para impedir esa prescripción es declarar que los delitos son de lesa humanidad. Eso ha ocurrido en el caso del asesinato de Luis Carlos Galán, del director de El Espectador Guillermo Cano o el de la misma masacre de Segovia. Pero para que un delito sea declarado de lesa humanidad tiene que satisfacer una serie de requisitos legales y además, se requiere la voluntad política de la Fiscalía y de los jueces para declarar el crímen y luego investigarlo y juzgarlo.
Para algunos expertos consultados por la Fundación para la Libertad de Prensa, los asesinatos de periodistas debido a su trabajo deben ser definidos como delitos de lesa humanidad porque matar a un periodista por algo que reveló o que puede revelar es una forma de censura. Al matar a un periodista se busca, además, atemorizar a muchos otros, y esto atenta contra el derecho de toda la sociedad a informarse. Y sin información libre no hay democracia completa. Si esa argumentación es retomada por la Fiscalía y por los jueces, se podría evitar que estos delitos prescribieran y que la impunidad fuera definitiva.
Estos son los casos que podrían prescribir este año, si no se hace nada al respecto.
Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres (24 de abril)
En 1988, en Segovia, Antioquia, un grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño mató a 43 personas como una venganza contra el pueblo por haber elegido una alcaldesa de la Unión Patriótica en las elecciones de marzo de 1988. Y quien, además, había decomisado recientemente un ganado sin marcar de Castaño.
Ante la lentitud de las investigaciones judiciales sobre la masacre, tres años después El Espectador, que había sobrevivido al asesinato de su director, Guillermo Cano, y a una bomba en sus instalaciones, envió al reportero Julio Daniel Chaparro y al fotógrafo Jorge Enrique Torres a investigar el caso. El objetivo de su nota era rememorar y profundizar en lo que había pasado y la huella que habían dejado esas muertes en el pueblo. Pero antes de poderlo hacer terminaron sumando sus vidas a la historia de violencia de Segovia.
Chaparro estaba escribiendo una serie de reportajes sobre casos graves de violencia que habían ocurrido en los últimos años. Había estado en lugares donde estaban surgiendo los paramilitares, como el Carmen de Chucurí, en Santander, y Tierralta, en Córdoba. También en Tacueyó, Cauca, donde entre 1985 y 1986 una disidencia de las Farc al mando de José Fedor Rey había torturado y asesinado, con métodos brutales, a 164 guerrilleros que había calificado de inflitrados. Y en Vistahermosa, Meta. Chaparro había sido testigo de muchas historias de violencia.
Y en la Calle de la Reina, de Segovia, pasó de relator a protagonista. Llevaban apenas tres horas en el pueblo, pero ya se había regado la voz de su presencia. Por lo menos había llegado a oídos de quienes querían evitar que se indagara en la masacre de 1988. A Chaparro y a Torres los mataron a bala, y sus cuerpos quedaron tirados en el piso por más de tres horas.
Inicialmente, la Dijín dijo que las Farc los habían matado. El comandante de Policía dijo que los paramilitares llevaban un año sin aparecer en el pueblo, y el rumor era que milicianos del Eln le habían informado a las Farc de la llegada de dos informantes del Ejército. Aunque las Farc lo negaron, nadie le creía a la guerrilla y así quedó esta como la versión oficial. En diciembre de 1991 se llamó a juicio a dos personas, que estuvieron tres años en la cárcel y terminaron libres por falta de pruebas. Y que a su vez, terminarían asesinados: Ramiro Alonso Lezcano, en Segovia, en 1999, y Joaquín Julián Lezcano en Medellín, en 2002. Luego la investigación parece haberse estancado.
Ahora sólo queda la esperanza de que se declare el caso un delito de lesa humanidad. Y esto podría pasar porque se relaciona, por una parte, con la sistemática campaña de la mafia contra El Espectador (cuya circulación llegó a estar 'prohibida' en Antioquia por Pablo Escobar) y, por otra, con el crimen de lesa humanidad de la masacre de Segovia y los intentos por evitar que se hiciera justicia.
Carlos Julio Rodríguez y José Libardo Méndez (20 de mayo)
En 1987, sicarios intentaron matar a Carlos Julio Rodríguez. Pero eso no lo amilanó, y siguió con su mordaz radioperiódico La Conga, que dirigía junto con José Libardo Méndez en la emisora La Voz de la Selva, en Florencia, Caquetá. Pero cuatro años más tarde los sicarios hicieron bien su infame trabajo y no solo se aseguraron de matar a Rodríguez con siete balazos, sino que también asesinaron a su compañero. Y casi matan también a Judith Aristizábal, la esposa de Méndez.
En ese momento, Méndez y Rodríguez no solo compartían el programa radial en La Voz de la Selva, una emisora afiliada a Caracol, sino que también eran compañeros en la política. Los dos eran parte del movimiento liberal que lideraba, hasta el año anterior, Luis Hernando Turbay, y que acababa de heredar su hijo Rodrigo Turbay Cote, quien sería secuestrado por las Farc en 1995 y terminaría asesinado por esa guerrilla en 1997. Los Turbay eran los dueños de La Voz de la Selva, y los grandes caciques del Caquetá. Méndez había sido concejal de Florencia y, cuando fue asesinado, era diputado suplente. Rodríguez, en cambio, aunque simpatizaba con el turbayismo, era un periodista de tiempo completo.
Aunque el entonces presidente César Gaviria exhortó a las autoridades a encontrar y juzgar a los asesinos, y luego hubo repetidas solicitudes de justicia, como la de la Nieman Foundation de la Universidad de Harvard, hasta el momento el caso sigue en la impunidad. Pero, después de la muerte de Rodríguez y de Méndez, los asesinatos continuaron: en 2000 la víctima fue Alfredo Abad, director de La Voz de la Selva, y en 2001 su reemplazo, José Dubiel Vásquez, y del periodusta Guillermo León Agduelo. Otros periodistas de la misma emisora tuvieron que emigrar o callar sus críticas a políticos regionales, como el entonces gobernador Pablo Adriano Muñoz, o a las Farc.Con estos asesinatos, finalmente La Voz de la Selva cambió de propietarios y de enfoque.
Y los Turbay Cote también fueron exterminados: Rodrigo Turbay fue secuestrado por las Farc en 1994 y asesinado por esa guerrilla en 1996; su hermano Diego, quien retomó las banderas de su familia, y su madre Inés Cote, fueron asesinados por las Farc en diciembre de 2000.
Arsenio Hoyos Lozano (13 de septiembre)
Hoyos era periodista y director de la emisora La Voz del Ariari, de Granada (Meta), donde realizaba un magazín diario, de 7.30 a 8 de la mañana. Un sicario lo asesinó cuando llegaba a trabajar.
Además de su trabajo como periodista, Hoyos era un líder cívico y militante del liberalismo santofimista, liderado en el Meta por Berley Patiño. Gracias a esa militancia, Hoyos había sido alcalde de Granada. Patiño fue asesinado en 2000 cuando había sido elegido alcalde de Granada, presuntamente por el grupo paramilitar que entonces se denominaba "Autodefensas del Ariari".
Aunque tres años antes, en 1988, había sido asesinado Alfonso Meneses, director del noticiero de la misma emisora, miembro de la Unión Patriótica, el crimen hasta ahora sigue en la impunidad.
Rafael Solano Brochero (30 de octubre)
Este periodista samario fue asesinado en Santa Marta, frente a su casa. Hasta el momento no se ha aclarado a qué se debió el asesinato. El único investigado por el crimen, José Norberto Márquez, se fugó de la cárcel de Fundación en diciembre de 1991.
Había sido corresponsal de El Tiempo y, cuando fue asesinado, era el propietario y administrador de una agencia de prensa en Fundación.
[Fuente: Por Juan Esteban Lewin, La Silla Vacía, Bogotá, 16abr11]
 | This document has been published on 21Apr11 by the Equipo Nizkor and Derechos Human Rights. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. |