06oct03

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La estrategia de capturas masivas del gobierno podría ser un remedio peor que la enfermedad.

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Uno tras otro, el dedo del encapuchado acusó a los habitantes de Cartagena del Chairá. Y fue precisamente su dedo el que delató a Napoleón Santanilla. Era mocho.

Santanilla nació y vivió durante 22 años en este municipio de 12.000 habitantes en Caquetá. Ha dicho que a comienzos de este año un amigo le informó que la guerrilla lo iba a reclutar por orden de su mamá y que para evitarlo salió hacia Florencia, donde se convirtió en el principal testigo del DAS en un proceso que culminó con la captura de 74 personas del pueblo, de las cuales 67 quedaron bajo medida de aseguramiento la semana pasada.

El 6 de septiembre, día en que arrestaron a esos cartageneros del Chairá, a las 7 de la mañana los soldados y policías cercaron el pueblo y condujeron en fila india a los hombres y mujeres que estaban en la calle hacia un lote del Idema contiguo a la base del Ejército. Eran casi 600 personas, que permanecieron allí hasta las 5 de la tarde a pleno rayo del sol.

Allí mismo Santanilla, uno de los cuatro testigos del caso, señaló a varios, entre ellos a Ivonne Guerrero, una mujer grande y simpática, de unos 50 años, dueña de un restaurante en la plaza. Ivonne entró a la bodega del Idema con otros seleccionados donde la filmaron y le pidieron la cédula para cotejarla en el computador. Aunque dicharachera por naturaleza, permaneció muda cuando le preguntaron su nombre. El agente del DAS le pidió que colaborara. "¿Quiere que colabore?, entonces dígale al señor Napoleón que me pague el suministro de comida de los últimos tres meses que me debe", le respondió furiosa.

El detective, sorprendido, le dijo que estaba confundida, que ese joven trabajaba con la institución. Sin embargo, cuando Ivonne le habló del (pasa a la p. 31) dedo mocho, la devolvió al patio donde estaban los que se habían salvado del señalamiento de Napoleón. Los otros fueron trasladados en helicóptero, con los ojos vendados, hasta la base militar de Larandia, cerca de Florencia, donde los alojaron hasta el martes por la tarde, cuando los trasladaron a Bogotá y los internaron en los calabozos del DAS.

Entre los 74 capturados estaban, entre otros, ocho motoristas de Asotaxi, la empresa de transporte fluvial; el propietario de una de las farmacias más grandes; el fotógrafo; la dueña de una discoteca; dos profesores; varios ganaderos reconocidos; el inspector de sanidad y los dueños de los tres principales supermercados, entre ellos Héctor Estupiñán, a quien apodan 'Papá Héctor' porque a todos les fía y da empleo a casi 100 cartageneros. "Ellos eran los que le daban el movimiento a Cartagena del Chairá, dice, aún consternado, uno de los ganaderos que estuvo en el Idema ese día. Acabaron el pueblo".

La indignación en Cartagena del Chairá es unánime y similar a la que sienten los habitantes de Quipile, donde fueron capturados hace unos meses en un operativo de gran envergadura 58 personas, de las cuales sólo quedan presos 18. Y los de El Queremal, un veraneadero a hora y media de Cali, donde el 28 de septiembre fueron capturadas 26 personas.

En ese pueblo vallecaucano como en los demás lugares, la Fuerza Pública selló la entrada y salida del pueblo y realizó una redada masiva. Personas del lugar aseguran que fue una operación indiscriminada, y que en el desorden se llevaron hasta a un soldado que estaba de permiso. También al carnicero, a un profesor, al boticario y al director del canal de televisión, entre otros. Los familiares cuentan que la Policía llegó con órdenes de allanamiento y de captura abiertas, sin nombres ni direcciones preestablecidas. Y que la caleta del escondite que transmitieron por televisión como 'la prueba reina' la construyeron los vecinos de la estación de Policía por indicación de los agentes, para que si la guerrilla se tomaba el pueblo ellos tuvieran dónde protegerse.

El coronel Jairo Salcedo, nuevo comandante de la Policía del Valle, dijo a SEMANA que la redada de Queremal fue fruto de un trabajo de dos meses de inteligencia. Pero aceptó que "de todas formas habrá que liberar a algunos porque no existen pruebas suficientes contra ellos, como ya sucedió con los capturados en Cisneros".

En Florencia, según datos de la Procuraduría, se llevaron 60 y sólo quedan la mitad. En Pitalito (Huila) capturaron a 42, aseguraron a siete, que apelaron, y quedaron todos libres. En Viotá capturaron a 47 que están todavía siendo indagados. Las capturas masivas aparecen oficialmente como parte de la política de seguridad democrática del presidente Alvaro Uribe. Según datos de la Procuraduría, se han capturado desde (pasa a la p. 32) diciembre de 2002 más de 600 personas acusadas de rebelión. "Hemos tenido 80 por ciento de éxito, dice el general Luis Alfredo Rodríguez, comandante operativo de la Policía. Sólo hemos tenido problemas con la judicialización de los funcionarios del gobierno porque ellos tienen muchos grupos de presión".

Aunque ni la Fiscalía ni la Procuraduría tienen el dato preciso de cuántos de los capturados están aún tras las rejas, las voces de protesta por estos operativos ya han comenzado a sentirse. En Tolima el gobernador, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó su preocupación por los operativos en su departamento. "Me preocupa que estén involucrados en una situación como esta pues son gente honorable y trabajadora", dijo por todos los medios después de las capturas en su departamento. Y Fabio Cardozo, director de la Oficina de Paz del Valle, dice que "esta actitud de los organismos de control y las Fuerzas Militares erosiona la confianza de la gente en el Estado".

La inteligencia.

En diciembre pasado, cuando la Fiscalía capturó a las primeras 37 personas en Saravena, Arauca (y 32 quedaron con medida de aseguramiento), en el pueblo se percibía una sensación de alivio. Sin decir que se habían llevado a los que eran, la gente aseguraba que sentían mayor seguridad y los atentados al oleoducto cayeron dramáticamente.

Pero lo que se vivía en Cartagena del Chairá hace 15 días, cuando SEMANA estuvo allí era otra cosa: angustia, bronca. Un comerciante, encolerizado, como el resto, decía: "Qué humillación que permitan que unos delincuentes le quiten la presunción de inocencia a todo un pueblo. Si los que se llevaron son milicianos, entonces todos somos milicianos".

Capturaron a la élite y el principal dedo acusador, Napoleón Santanilla, tenía una mala reputación, por decir lo menos. Santanilla es hijo de una mujer humilde y muy trabajadora que lo crió a rejo. El, un joven muy inteligente, creció violento y resentido porque su mamá tuvo que trabajar como prostituta para sostener la familia. Era tan conflictivo que su misma mamá puso una queja en su contra ante la personería del Chairá porque la maltrató a ella y a sus hermanitos. Un día le quemó la pierna a su hermano de 12 años con una olla hirviendo porque la había dejado pegar.

Los conflictos de 'Napo' -como también lo apodan- superaron las fronteras domésticas y una vez cogió a golpes a una prostituta y otra a un hombre con quien jugaba billar. Los guerrilleros lo multaron y lo condenaron a trabajos forzosos durante mes y medio sacando madera de la selva para construir un puente. Esa experiencia no hizo sino alimentar un odio que venía de atrás, desde junio de 1999, cuando las Farc habían asesinado a su padre, Francisco, junto con otros 12 gnósticos en la frontera de la vieja zona de distensión.

Según muchas personas del pueblo su resentimiento lo llevó a señalar a sus enemigos como guerrilleros. Creen que ese fue el caso del inspector de sanidad, que meses antes había amonestado a la mamá por sacrificar marranos sin el debido certificado; los de la profesora y un vecino que lo habían reprendido en una junta de acción comunal, y del dueño de un supermercado que lo cogió robando.

También acusó a una ex novia que lo había dejado de querer, aunque a ella no se la llevaron.

Muchos otros que capturaron y contra quienes él atestiguó aseguran que ni lo conocían. En su ampliación de declaración del 17 de abril Santanilla asegura que uno de los motoristas participó en la toma de la estación de Policía de Cartagena del Chairá el 7 de agosto de 1994. "Vestía de camuflado con ametralladora M-60 en la espalda, cargaba un rocket y granadas en la mano", dice. Los abogados se preguntan cómo podía saber él, que en ese entonces contaba con escasos 12 años, con tanta precisión las armas que utilizaron. Y cómo, en cambio de esconderse, como sería lo normal en un niño durante un episodio tan aterrador como es una toma, pudo identificar con tal claridad a quienes participaron en este (pasa a la p. 33) asalto, que además fue nocturno. Y existen varias otras contradicciones.

Todas estas dudas hacen pensar a algunos que ese operativo responde más a la excesiva presión por resultados que ha puesto sobre la Fuerza Pública el presidente Uribe que a una cuidadosa labor de inteligencia. Por ejemplo, seis de los ocho motoristas capturados sólo aparecen mencionados por primera vez en una ampliación de declaración de los testigos el mismo día de las detenciones, lo que hace sospechar que por lo menos estas órdenes de captura -en las que además aparecen completados a mano los espacios en blanco para los nombres- se hicieron después del operativo.

Edelberto Díaz, ex director del DAS en Caquetá y quien ahora se desempeña como subdirector de investigaciones en Bogotá, defiende a capa y espada el operativo. "Obramos conforme a la ley. Duramos siete meses investigando y había más de 10 testigos. Los testimonios son claros y contundentes", dice. Asegura que a raíz de los castigos (pasa a la p. 34) impuestos por el frente 14 de las Farc muchas víctimas se desplazaron y denunciaron los atropellos de los guerrilleros y milicianos capturados y que con base en esas denuncias, que se cruzaron entre sí para evitar que fueran producto de rencillas personales, se judicializó ante la Fiscalía a todos los capturados. Dice que se hizo la redada el día del operativo para "verificar antecedentes y para efectos de seguridad. Y que llevaron a los testigos para que ayudaran a individualizar a algunas personas. Toda la gente que se detuvo tenía orden de captura previa y que esté en esfero no tiene nada que ver. Es una orden de captura", dice Díaz.

Ariel Martínez, uno de los tres fiscales que participó en el operativo, confirma que "más de 50 personas estaban pendientes por identificar. Sólo teníamos el alias. Ese día le solicité al DAS que individualizara a esas personas y con base en ese informe impartí las capturas".

Sólo la justicia dirá si los detenidos son culpables o no. Lo único que ya es claro es que estas capturas masivas y el procedimiento utilizado, lejos de aliviar a los habitantes de Cartagena del Chairá o de Quipile o de El Queremal, agredieron profundamente a la gente. La sensación de humillación generalizada es tangible en todos los estratos y sectores de estos pueblos. "Estábamos contentos al principio con Uribe pero los que la deben están en el monte y los que pagamos impuestos nos tratan como una porquería", dice un colono de Cartagena del Chairá, que se siente personalmente traicionado por su paisano.

Los no combatientes.

El auge de estos operativos obedece a que las redes de cooperantes y las recompensas a informantes han multiplicado la información de los organismos de inteligencia. También a que la política de reinserción del gobierno, que da incentivos a quienes colaboren con la justicia, ha acabado con la tradicional ley del silencio. "Ahora hay más voluntad política de actuar", afirma el viceministro de Defensa, Andrés Peñate, que coordina el programa de desmovilización.

La estrategia plantea, sin embargo, una pregunta, y es dónde se traza la raya entre aquellos civiles que en las áreas donde jamás ha existido el Estado han colaborado con la guerrilla por intimidación o porque ésta ha asumido el papel del Estado y aquellos que lo hacen porque son realmente militantes de las guerrillas. ¿Quién incurre realmente en rebelión?

Según el Código Penal cometen el delito de rebelión "los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar el gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente". Sin embargo la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia de mayo de 2002, aclaró que también es rebelde quien "sin dejar de lado las armas realiza actividades de instrucción, adoctrinamiento ideológico, financiamiento, inteligencia, relaciones internacionales, reclutamiento, publicidad, planeación, infiltración y en fin de cualquier otra índole que tenga aquella misma finalidad".

Hermes Ardila, jefe de la unidad antiterrorismo de la Fiscalía, explica que lo que vuelve rebelde a una persona es su pertenencia a la organización armada y que la diferencia entre unos casos y otros es que la persona haga las cosas voluntariamente con el objetivo de adelantar la causa del grupo. "Si prueba dentro del proceso que hacía sus actividades por amenazas en su contra o porque es parte de su actividad regular legal entonces queda libre", afirma Ardila.

Habla bien de la democracia en Colombia el hecho de que en tantos casos (pasa a la p. 35) por lo menos la mitad queden libres en el momento en que la Fiscalía les define su situación jurídica. Y como dice uno de los reinsertados que ha aportado información para las capturas, "es mejor que los capturen y tengan un juicio con todas las garantías a que los maten los paramilitares. Porque esa gente, inocente o no, es objetivo militar del otro bando".

Sin embargo en muchos casos el daño en la dignidad de las personas queda hecho. La hija de 15 años de Luis Fernando Acosta Báquiro, un mecánico de Florencia capturado el 5 de septiembre dentro de la operación Torre de Marfil y de quien unas 100 personas con sus firmas defienden su honorabilidad, duró cuatro días sin comer por la pena moral de ver a su papá por el noticiero acusado de ser "un presunto terrorista". En Cartagena del Chairá varias de las esposas de los motoristas deambulan por el pueblo, con sus bebés a cuestas y un talonario, para rifar 200.000 pesos con el fin de pagar el abogado de sus esposos. Y en El Queremal, los tres detenidos que ya liberaron dicen que ahora temen por su vida pues consideran que serán señalados por la guerrilla como informantes y por los paras como auxiliadores de la guerrilla.

Es claro que las capturas, si son certeras, son clave en la lucha contrainsurgente. A través de los milicianos la guerrilla ejerce el control sobre los pueblos. Ellos traen los mensajes de los comandantes, capturan y esconden a los secuestrados, extorsionan, reclutan, adoctrinan y abastecen de víveres y medicinas a las Farc, al ELN o a los paramilitares.

No obstante, si estas capturas no están respaldadas en buena inteligencia sino que son acciones indiscriminadas para mostrar eficiencia ante los medios y ante el Presidente, que les pidió "resultados o su renuncia", podrían tener un perverso efecto bumerán y echar al traste todos los logros alcanzados con la política de seguridad.

Algo parecido sucedió en Irlanda cuando, a comienzos de los 70, el IRA multiplicó su ejército a raíz de la política de internment. El gobierno británico, en un intento desesperado por contener la violencia, arrestó a más de 400 personas en una sola redada sólo por sospecha. Pero la inteligencia era tan pobre que tuvo que poner en libertad a más de 100 a los pocos días. A medida que los arrestos masivos continuaron (llegando a más de 900 en 1972), creció el resentimiento entre los católicos, que sentían que estaban siendo injustamente criminalizados. Esto le permitió al IRA conquistar el apoyo de los católicos.

Lo mismo ocurrió en España. Entre 1977 y 1981, cuando se desmanteló la policía política de Franco como parte de los acuerdos de transición hacia la democracia, los agentes, en venganza, se llevaron con ellos todos los archivos de inteligencia. Entonces cada vez que atentaba el ETA la nueva policía, ciega, salía y capturaba indiscriminadamente. Fue la época en que el ETA tuvo más reclutas.

"En la medida en que esas operaciones afectan a personas que no están vinculadas van a rechazar a las fuerzas de seguridad y se van a negar a colaborarles, explica Román Ortiz, profesor en temas de seguridad de la Universidad de los Andes. A la postre, los empujan a los brazos de la insurgencia. Además de que se desperdician una cantidad de recursos oficiales y se impide el desarrollo de inteligencia a largo plazo porque queman sus fuentes", afirma.

Es urgente que se enderece la estrategia para evitar que, en cambio de debilitar a la guerrilla, se le termine sirviendo en bandeja a las Farc una población que hoy está hastiada de éstas. También sería bueno que los medios se abstuvieran de ponerle un Inri a las personas que capturan diariamente y que se exhiben en los medios como "presuntos milicianos" de uno y otro bando. No sólo es ilegal, según el Código de Procedimiento Penal, mostrar la cara de los capturados antes de que se les defina su situación jurídica sino que, sobre todo, es inhumano. En una democracia la gente se presume inocente. Aquí en Colombia, en cambio, son "presuntos terroristas" hasta que demuestren lo contrario.

[Fuente: Revista SEMANA, p. 30-35, Bogotá, del 06 al 13oct03]

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