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Carta abierta al Alto Comisionado de Paz sobre la negociación del estado con las AUC.

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19 de enero de 2003
Doctor
Luis Carlos Restrepo
Alto Comisionado de Paz

Señor Alto Comisionado:

Diversos medios de comunicación han señalado que el 20 de enero de 2003 se dará inicio,oficialmente, a los diálogos entre la Comisión Exploratoria de Paz del Gobierno y los grupos paramilitares (las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia -A.U.C.- y dos bloques regionales).Hasta donde se ha podido conocer el contenido de la agenda, uno de los objetivos de los diálogos es encontrar una fórmula que permita perdonar los delitos atroces que han cometido los líderes y miembros de estos grupos, pues los funcionarios del actual Gobierno creen que en este proceso la impunidad es "inevitable".

Como usted bien sabe, según una gran cantidad de informes de las instancias y relatores del Sistema de protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), así como según los informes anuales de prestigiosas organizaciones internacionales, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, los grupos paramilitares son responsables de la mayoría de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia en los últimos años. Dichos informes indican que en la planificación y ejecución de estos actos, los grupos paramilitares han contado frecuentemente con el apoyo directo, la complicidad o la tolerancia de agentes o sectores del Estado y, especialmente, de la Fuerza Pública. Los copiosos testimonios recogidos en múltiples fuentes documentales por las asociaciones que agrupan a las víctimas de estas atrocidades, por las Organizaciones No Gubernamentales de protección de derechos humanos colombianas y por muchos estamentos e instituciones de la sociedad civil son la memoria viviente de estas formas de violencia extrema que se ha ejercido contra civiles inermes.

En compañía o con la aquiescencia de agentes de distinto rango de las Fuerzas Militares, los líderes y miembros de estos grupos han participado en la eliminación física de sectores enteros de la oposición política legal en el país. Es así como un elevado número de atentados, asesinatos y desapariciones forzadas cometidas contra el movimiento de oposición Unión Patriótica (U.P.) -reconocido legalmente hasta hace poco por el Consejo Nacional Electoral- es coautoría de los paramilitares. Fuerzas políticas que han optado por la vía democrática como el Movimiento M-19 también han sido el blanco de estos crímenes. En esta larga cadena de asesinatos figuran, entre otros, dirigentes políticos como el Senador Manuel Cepeda Vargas y el candidato a la Presidencia Carlos Pizarro León-Gómez.

De igual forma, muchos líderes y miembros de las organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, religiosos, líderes indígenas, profesores universitarios, líderes estudiantiles, abogados o periodistas han sido silenciados violentamente por la acción siniestra de los paramilitares, de la que no han escapado ni siquiera personajes del arte y la comunicación como el humorista Jaime Garzón.

El grueso de la ofensiva paramilitar se ha concentrado, no obstante, en la perpetración de crímenes masivos, selectivos o indiscriminados, contra miles de pobladores anónimos de las zonas rurales y urbanas declaradas objetivo militar. De esta forma, los paramilitares han llevado a cabo, a menudo en conjunto con miembros del Ejército Nacional y bandas sicariales, masacres en todos los puntos cardinales de la geografía nacional, provocando el terror y el desplazamiento forzado o el exilio de cientos de miles de compatriotas.

Los métodos macabros que han sido empleados en la perpetración de estas atrocidades han merecido el repudio y la indignación dentro y fuera de nuestro país: la tortura y los tratamientos inhumanos o degradantes de todo género (que han incluido el tristemente celebre descuartizamiento con motosierra), la desaparición forzada, la violencia sexual, la práctica del secuestro, la transferencia forzada de población, etc., etc.

Como el Ejército y los grupos guerrilleros, los paramilitares han cometido graves infracciones al derecho internacional humanitario atentatorias contra el artículo 3 común a las 4 convenciones de Ginebra y contra el Protocolo II adicional a estos instrumentos. Entre las infracciones de los paramilitares algunas son consideradas por el derecho internacional humanitario como crímenes de guerra, entre las que se cuentan los ataques contra la población y los bienes civiles, el secuestro, la agresión sexual y la tortura.

En Colombia, la responsabilidad por estas graves violaciones e infracciones ha sido sancionada en unos cuantos procesos judiciales, pero permanece impune en la casi totalidad de los casos. Dicha responsabilidad ha sido también reconocida y defendida públicamente por los propios líderes paramilitares, por quienes comparten su proyecto ideológico e incluso por altos funcionarios del Estado.

Si bien tales crímenes masivos y sistemáticos han intentado ser justificados ante la opinión nacional e internacional como el castigo a los colaboradores de la guerrilla, o como la práctica necesaria de la "limpieza social", es conocido que en esencia su ejecución ha correspondido a la lógica del control territorial para asegurar el poder en regiones estratégicas, desde un punto de vista geopolítico o económico, y para el cultivo de miles de hectáreas de coca; fuente básica de la financiación de éstos y otros grupos al margen de la ley.

Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no tienen justificación posible. Nada de lo que haya hecho una de las partes del conflicto puede servir de argumento a la otra para justificar la perpetración de delitos atroces y el empleo de métodos de guerra abominables principalmente contra los civiles.

A la luz del derecho internacional, de los pactos y tratados que el Estado colombiano ha suscrito y ratificado, y asimismo de la propia Constitución de 1991 (aún vigente) las personas responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no pueden ser objeto de amnistías e indultos, pues esta clase de violaciones atentan contra el género humano. Su connotación jurídica y ética es la de delitos imprescriptibles y no amnistiables o indultables. Entre tales instrumentos vale la pena recordar que los artículos 7 y 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, suscrito y ratificado por el Estado colombiano, tipifican de manera clara estos delitos y los colocan bajo la competencia de esta instancia internacional que entrará en funcionamiento próximamente.

Señor Alto Comisionado:

En su libro Más allá del terror, usted dice que "el perdón debe cobijar a todos los actores de la guerra". Por nuestra parte, en calidad de víctimas directas de la violencia de los paramilitares y del Estado, pensamos que el camino hacia la reconciliación nacional no es el fruto de un proceso a puerta cerrada en el que se amnistíe a los criminales y en el que se excluya a la sociedad civil. Por el contrario, creemos que la reconciliación nacerá de un proceso público de verdad y justicia, y que éste es el sólo ejercicio cívico que le permitirá a Colombia construir una genuina democracia, conquistar una paz justa y superar el odio. En este sentido, nadie puede abrogarse unilateralmente otorgar el perdón a quienes han cometido actos que han atentado contra el conjunto de nuestra sociedad, ignorando la experiencia que la humanidad ha logrado condensar -después de siglos de sufrimiento y de guerra- en el derecho internacional y desconociendo a las víctimas de tales actos. Hacerlo es algo más que una nueva injusticia contra quienes hemos padecido estos horrores: significa condicionar a la violencia el destino de las generaciones futuras y, con ello, el destino de la sociedad colombiana.

Por el futuro de nuestro país y por la posibilidad de una auténtica reconciliación nacional, es nuestro deber como ciudadanos exigirle al Gobierno, señor Alto Comisionado, que el derecho que tenemos las víctimas y la sociedad a la justicia no sea vulnerado y que se cree, lo antes posible, una Comisión de verdad y justicia; instancia que, dotada de amplios poderes y facultades, escuche los testimonios de todas las víctimas del conflicto armado interno en audiencias públicas, investigue cada caso individual, reúna las pruebas y establezca las responsabilidades para que puedan ser sancionados en procesos judiciales, de cara a la sociedad y la comunidad internacional, quienes han cometido estas y otras atrocidades.

Atentamente,
Iván Cepeda Castro
Investigador en Ciencias Humanas
Director de la Fundación "Manuel Cepeda Vargas"

Este documento ha sido publicado el 9mar03 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights