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12mar10
El Gobierno Uribe impone la censura durante las elecciones del 14 de marzo
A través de un decreto "para la conservación del orden público" durante las elecciones legislativas del próximo 14 de marzo, el gobierno de Álvaro Uribe impuso la censura a la prensa en momentos en que organizaciones no gubernamentales como la Misión de Observación Electoral (MOE) y alianzas de medios de comunicación como el portal electrónico votebien.com alertan al mundo de los graves riesgos que se ciernen sobre la democracia colombiana, cuando el país escogerá a un nuevo Congreso de la República luego del denominado escándalo de la "parapolítica", por el cual se encuentran procesados más de 80 parlamentarios, entre senadores y representantes escogidos en el año 2002.
En medio de disposiciones que prohíben la transmisión de propaganda política durante el día de elecciones, e invocando supuestas facultades otorgadas por el artículo 210 del decreto 2241 de 1986, también conocido como Código Electoral -que establece la obligación gubernamental de garantizar el transporte necesario para la movilización de votantes en todo el país- y el artículo 189 de la Constitución -que no permite la restricción a la prensa en ninguno de sus acápites-, el Ejecutivo ordenó que después del cierre de la votación los medios "sólo podrán suminsitrar información sobre resultados electorales provenientes de las autoridades electorales".
Asimismo, el gobierno nacional determinó que "cuando los medios de comunicación difundan datos parciales, deberán indicar la fuente oficial en los términos de este articulo, el número de mesas del cual proviene el resultado respectivo, el total de mesas de la circunscripción electoral y los porcentajes correspondientes al resultado que se ha suministrado". Ello quiere decir que los periodistas no podrán reportar, como lo hicieron en el año 2003 durante el referendo promovido por el gobierno nacional, la comisión de eventuales fraudes y que la labor de veedores, observadores nacionales e internacionales y testigos electorales no podrá ser tenida en cuenta a la hora de emitir informaciones.
El decreto 671, expedido el pasado 3 de marzo, también acabó de un tajo con el trabajo de los reporteros a través de las llamadas "encuestas a boca de urna", pues estableció que "el día de las elecciones, los medios de comunicación no podrán divulgar proyecciones con fundamento en los datos recibidos, ni difundir resultados de encuestas sobre la forma como las personas decidieron su voto o con base en las declaraciones tomadas a los electores sobre la forma como piensan votar o han votado el día de las elecciones".
Como si lo anterior fuera poco, el decreto 671 también prohibió a la prensa la difusión de información sobre alteraciones del orden público que sean obtenidas mediante fuentes no estatales, al establecer que "en materia de orden público, los medios de comunicación transmitirán el día de las elecciones, únicamente las informaciones confirmadas por fuentes oficiales".
¿A qué le teme el gobierno?
Las claras restricciones a la prensa en Colombia para el día de elecciones surgen en medio de diversas denuncias sobre los "ríos de dinero" de dudosa procedencia, mediante los cuales se han financiado varias de las campañas, y tras la divulgación de los mapas de riesgo electoral realizados por la MOE, según la cual en uno de cada tres municipios colombianos existen posibilidades de que se presenten fraudes. Adicionalmente, la MOE identificó un total de 80 candidatos -cifra similar a la de los procesados por "parapolítica"- que serían los "herederos" de los congresistas señalados de tener vínculos con el paramilitarismo. Por su parte, votebien.com emitió una alerta que incluye a más de 160 candidatos de todos los partidos que podrían estar inhabilitados para ser elegidos, o de quienes se presume podrían convertirse en la segunda generación de la "parapolítica".
El domingo, Colombia elegirá un total de 102 senadores y 166 representantes a la Cámara, así como los delegados al Parlamento Andino y los candidatos presidenciales de dos partidos que van a consulta interna. El 30% del actual Congreso afronta líos judiciales por nexos con el paramilitarismo, una cifra muy similar a la anunciada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso luego de las elecciones del año 2002, cuando afirmó haber logrado el 35% de la célula legislativa.
Las investigaciones que hoy adelanta la Corte Suprema de Justicia contra varias decenas de legisladores, algunas de las cuales ya han culmiando en sentencias condenatorias, se basan en gran parte en la atipicidad de los resultados electorales de marzo de 2002. En la última de sus decisiones, el llamamiento a juicio del ex senador Mario Uribe, primo y aliado político del presidente de la República, la Corte confirmó que desde el 2001 los grupos paramilitares "diseñaron un plan de expansión que les permitiera obtener una representación nacional a través de aliados que o bien llegarían por primera vez al Congreso, o estándolo, coadyuvarían a la afirmación de sus propósitos". De acuerdo con la analista Claudia López, nueve de cada diez "parapolíticos" pertenecieron a la coalición que, meses más tarde, llevó a Álvaro Uribe al poder.
En lo que respecta a la censura en materia de orden público las restricciones en época electoral son usuales en Colombia, pero no por ello dejan de constituir violaciones a la libertad de información. En una carta a las autoridades, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le recordó al gobierno que la normativa "va en contravía de la libertad e independencia profesional de los periodistas que garantiza la Constitución" en sus artículos 20 y 73. La FLIP también protestó porque "una de las principales funciones del periodista consiste en investigar y ello implica confrontar fuentes con miras a dar una información completa y veraz. Esto supone que en el cubrimiento del orden público el día de elecciones, los periodistas tienen derecho a contrastar información con distintas fuentes, incluidas las oficiales, pero no le implica limitarse a ellas".
Para Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el decreto 671 de 2010, que cuenta con la firma de los ministros del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio -él mismo un veterano político y excongresista cuyo hermano hoy afronta un juicio por sus nexos con narcotraficantes en el departamento de Antioquia-, el ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, el viceministro de Comunicaciones, Daniel Medina Velandia, y el ministro del Transporte, Andrés Uriel Gallego, es una clara muestra del abuso de poder en contra de las libertades de expresión, prensa e información, en especial al derecho que les asiste a los periodistas a recurrir a distintas fuentes para investigar y difundir noticias.
Lo curioso es que el decreto 671 se haya expedido un mes después de que el propio Ministerio del Interior, en un comunicado público, asegurara que "el gobierno nacional (...) reconoce la importancia de la labor de los Comunicadores sociales y los periodistas, respeta el derecho a la libertad de expresión y entiende su ejercicio como pilar fundamental de una sociedad democrática".
Bogotá y Charleroi, 12 de marzo de 2010
Por Claudia Julieta Duque,
Radio Nizkor y Equipo Nizkor
Informes sobre libertad de Prensa en Colombia
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