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El proceso de desmovilización de los paramilitares no garantiza el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

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En el día de hoy, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cesar Gaviria defendió ante el Consejo Permanente de la OEA su decisión de firmar el “Convenio para el Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia.” Sin la aprobación previa de los Estados y extralimitando su mandato, Gaviria (ex – Presidente de Colombia) comprometió a la OEA a verificar la desmovilización de grupos paramilitares colombianos. Además de las irregularidades del procedimiento, el Convenio no incluye garantía alguna que la participación de la OEA estará supeditada a que el proceso de desmovilización se realice acorde a las obligaciones internacionales del Estado. En virtud de la Carta de la OEA y los tratados suscritos por Colombia, el proceso de desmovilización debe respetar los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación. Por lo tanto, CEJIL solicita que los Estados miembros de la OEA exijan que el mismo se ajuste a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Según el Convenio suscrito por Gaviria, la OEA verificará el desarme, la desmovilización y la reinserción de los paramilitares colombianos, responsables por una alta proporción de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano. Sin embargo, la OEA no tendrá el derecho de emitir opiniones o juicios sobre las decisiones jurídicas o políticas adoptadas por el gobierno de Colombia. El Convenio pone a la OEA en riesgo de ser parte de un proceso contrario a los estándares internacionales de derechos humanos y no brinda las herramientas necesarias que permitirían la reorientación del proceso por parte del OEA. De hecho, el programa de desmovilización ya ha comenzado generando serias críticas. Desde noviembre pasado, aproximadamente 800 paramilitares han sido desmovilizados sin una investigación penal adecuada que permita establecer su posible responsabilidad en la comisión de crímenes contra la humanidad. Hoy en día, estas personas se encuentran en las calles.

Si bien el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que la OEA debe promover y facilitar el proceso de paz en Colombia, dicho organismo internacional no puede actuar al margen de las obligaciones establecidas por su mandato e instrumentos internacionales. El derecho internacional establece claramente la obligación estatal de investigar, procesar y sancionar a los responsables de violaciones de los derechos humanos.

CEJIL considera que un acuerdo de esta naturaleza debe cumplir con requisitos mínimos como los siguientes: contener una participación de la OEA condicionada a que el proceso de desmovilización se realice de acuerdo a lo establecido por los tratados internacionales suscritos por Colombia; involucrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en la verificación del cumplimiento de esta condicionalidad; no limitar la competencia de la OEA emitir opiniones y juicios sobre las decisiones jurídicas y políticas adoptadas por el Estado de Colombia; fomentar la cooperación y consulta con las Naciones Unidas. Dado a que el Convenio actual no cumple con estos estándares mínimos, CEJIL solicita que los estados miembros de la OEA aseguren su inmediata suspensión y reforma.

Washington, 4 de febrero de 2004
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Este documento ha sido publicado el 05feb04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights