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26oct04
Una delegación parlamentaria de Catalunya se encuentra en Colombia para apoyar la desmovilización paramilitar.
Por segunda vez en menos de un año una delegación de autoridades de la Generalitat y representantes de todos los grupos parlamentarios catalanes se encuentran de visita oficial en Colombia.
La visita dio comienzo el 23 de octubre y finalizará con la llegada de la delegación, el domingo 30 de octubre, al aeropuerto del Prat en Barcelona.
Esta visita - al igual que la anterior, en que incluso fueron recibidos por el presidente Álvaro Uribe en la sede de Nariño- tiene la finalidad de apoyar al Gobierno colombiano y, especialmente al presidente Uribe, en el desarrollo de la desmovilización de los paramilitares.
Es conocido que la diplomacia española es una de las que apoya incondicionalmente este tipo de política colombiana, la cual ha sido calificada por medios como el New York Times de una auténtica rendición incondicional del estado de derecho frente al crimen organizado.
El apoyo español es de tal naturaleza que el presidente del Gobierno, Zapatero, no dudó en ofrecer garantías para el traslado a España de narcotraficantes que se encuentran en la mesa de negociación y sobre quienes penden órdenes de captura por delitos de narcotráfico.
Estas declaraciones fueron hechas a un periódico de Cali, justo después de la interrupción de la pretendida desmovilización de los paramilitares a causa de la negativa norteamericana a aceptar la congelación de una solicitud de extradición a unos de los mayores capos colombianos de la droga.
En la última reunión del COLAT el enfrentamiento entre la postura representada por la diplomacia española y francesa hizo que la postura oficial de la Unión Europea estuviera prácticamente en el límite de la legalidad internacional.
El más importante entre los jefes paramilitares es Salvatore Manuso, integrante de una familia de capos que dirigió durante 20 años la ‘Ndrangheta, en este momento, la mayor organización criminal europea, por delante de la mafia siciliana. Esta organización mafiosa es también responsable de más del 50 por ciento del comercio de cocaína en Europa y en los Estados Unidos.
Precisamente la delegación catalana se desplazó el primer día de su llegada a Colombia a Montería, capital del paramilitarismo y sede formal de la mayoría de los responsables del crimen organizado en Colombia, lo que, por sí sólo, tiene un claro impacto favorable a los jefes paramilitares.
La organización del viaje ha estado a cargo, según fuentes de la Presidencia de la Generalitat, de la Agencia Catalana de Cooperación y así ha aparecido en algunos medios de prensa colombianos, donde sólo se ha mencionado al director de dicha agencia, David Minoves.
La posición catalana , reflejada en un documento al que han tenido acceso corresponsales de Radio Nizkor en Bruselas , defiende las “medidas jurídicas excepcionales que se aplican para facilitar la transición de un contexto de violencia o limitación de las libertades civiles a un escenario de ausencia de violencia y plena implantación de la democracia. La justicia transicional asume temporalmente competencias de la justicia penal”.
En realidad, el discurso consiste realmente en la aplicación de un estado de excepción jurídica, que parte del supuesto de que el derecho internacional de los derechos humanos es inaplicable, y que desconoce, de hecho, la jurisdicción de la Comisión y la Corte Interamericanas, hasta tal punto que no se hace una sola mención en el documento a la jurisprudencia latinoamericana con relación a las leyes de impunidad.
El pasado 15 de septiembre la Corte Interamericana hizo pública la sentencia en el caso de la Masacre de Mapiripán, donde el Juez Cançado Trindade, en su voto concurrente, dice textualmente:
"La incursión de los paramilitares en Mapiripán fue un acto minuciosamente planeado desde varios meses antes de junio de 1997, ejecutado con previsiones logísticas y con la colaboración, aquiescencia y omisión de miembros del Ejército. (...) Las autoridades tuvieron conocimiento del ataque perpetrado contra la población civil en Mapiripán y omitieron adoptar las medidas necesarias para proteger a los miembros de la comunidad".
La Corte dio por probado que "el ejército colombiano permitió el aterrizaje de los "vuelos irregulares" que "transportaban" los paramilitares a la zona, y "facilitó" el transporte de los paramilitares hasta Mapiripán". Al rodear Mapiripán en el amanecer del día 15.07.1997, los paramilitares "vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares, portaban armas de corto y largo alcance monopolio del Estado, y utilizaban radios de alta frecuencia"
Y sobre la ley de impunidad que afecta a la desmovilizacion paramilitar dice la sentencia expresamente:
Por su parte, el Estado señaló que la aprobación de la Ley 975 de 2005 no constituye un hecho superviniente en los términos del artículo 44.3 del Reglamento, ya que no ha sido aplicada al caso concreto, en razón de lo cual no permite determinar e identificar las supuestas violaciones que tal aplicación origina en los derechos de las víctimas. Luego de hacer un análisis sobre los alcances de la ley, el Estado señaló que es improcedente que la Corte se pronuncie sobre la correspondencia de dicha ley con las obligaciones internacionales del Estado en relación con la Convención Americana en el presente caso.
Sobre el particular, la Corte reitera su jurisprudencia constante en el sentido de que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos – como las del presente caso, ejecuciones y desapariciones. El Tribunal reitera que la obligación del Estado de investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a los responsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.
En nuestros días, las masacres del mundo brutalizado de la actualidad empiezan a alcanzar no sólo los tribunales penales internacionales ad hoc (como los para la Ex- Yugoslavia y para Ruanda), para la determinación de la responsabilidad penal internacional de los individuos, así como también los tribunales internacionales de derechos humanos (como esta Corte Interamericana), para la determinación de la responsabilidad internacional de los Estados. Ante esta Corte, dan testimonio de este nuevo desarrollo los recientes casos de la Masacre de Plan de Sánchez relativo a Guatemala (2004), de los 19 Comerciantes versus Colombia (2004), y de la Comunidad Moiwana versus Suriname (2005), que se suman a los casos anteriores de Aloeboetoe y Otros versus Suriname (1991-1993) y de Barrios Altos referente al Perú (2001), y, en fin, al presente caso de la Masacre de Mapiripán relativo a Colombia.”
Tampoco se tiene en cuenta la legislación europea en derechos humanos y menos aún la jursiprudencia que surge de conflictos como el de la ex Yugoslavia, Kosovo u otros.
En defintiva, esta posición pretende un régimen jurídico de excepción no sólo ante el derecho internacional de derechos humanos y ante el Derecho Internacional Humanitario, sino frente al crimen organizado, posición que viola flagrantemente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional.
Quizá sea esa la razón por la que este segundo viaje de una delegación catalana con representación de la Generalitat, se ha organizado en forma discrteta y de bajo perfil, lo que ha llamado poderosamente la atención teniendo en cuenta además que en España ningún Gobierno autonómico tiene competencias de política exterior.
La visita se realiza en un momento crítico en que los paramilitares han hecho público la interrrupción de las negociaciones ante la evidente falta de solución al problema de las extradiciones y han anunciado que durante 2006 no habrá más desmovilizaciónes.
La crisis ha llegado a tal punto que el diario El Tiempo, propiedad del vicepresidente de la República, Pacho Santos, y donde tiene intereses económicos el Grupo Prisa con sede en Miami y Madrid, ha tenido que reconocer que de los más de 10.000 presuntos desmovilizados sólo doscientos pasarían por el tamiz de la justicia de exepción e impunidad que defiende el Gobierno colombiano con el apoyo, entre otros, de la diplomacia española.
Radio Nizkor ha podido confirmar en fuentes de la Oficina de prensa de la Cooperación catalana la lista de integrantes de la delegación a la que tuvo acceso nuestra delegación en Bruselas y que está integrada por:
- Xavier Vendrell, secretario general del Departamento del Primer Consejero de la Generalita de Catalunya.
- Anna Falguera i Rosas, Jefa de Gabinete del Secretario General del departamento de Interior.
- David Minoves, Director Agencia Catalana de Cooperación al desarrollo.
- Francesc Freixa, Director Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Barcelona.
- Victor Puntas, Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.
- Tono Albareda, Taula per Colòmbia
- Maria Josep Parés, Taula per Colòmbia
- Xavier Badia, Vicepresident Consejo catalán de Fomento de la Paz
- Maria Mercè Campabadal Calbó, Comisiones Obreras de Catalunya
- Carme Porta i Abad, Presidenta Comisión de Cooperación al desarrollo del Parlamento Catalán.
- Roberto Edgardo Labandera, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Socialista de Catalunya.
- Pilar Dellunde i Clavé, Diputada del Grupo Parlamentario Ezquerra Republicana de Catalunya.
- Maria Dolors Clavell, Diputada del Grupo Parlamentario de Iniciativa per Catalunya los verdes.
- Josefina Cambra i Giné, Diputada del Grupo Parlamentario de Convergencia i Unio.
- Rafael López Rueda, Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Popular.
- Lorena Fernández, Area Construcción de la Paz Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
- Ivà Cunill, Responsable Area Construcción de la paz de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
[Nota: Este comentario ha sido elaborado con la información suministrada por los corresponsales de Radio Nizkor en Bruselas, Bogotá, Washington y Barcelona y producida en nuestros estudios de San Francisco, California el 26 de octubre de 2005]
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