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30sep92
Procuraduría pide sanción para jueza de orden público
Una jueza de la Jurisdicción de Orden Público del departamento de Meta, será sancionada por el Tribunal Superior, ante una solicitud que en ese sentido presentó la Procuraduría General de la Nación, por acumular varios procesos con lo cual fueron exoneradas 10 personas presuntamente involucradas en la comisión de una masacre. La medida cobijó a la jueza cuarta de Orden Público, Marcela Fernández Castañeda, que acumuló cinco sumarios en los que se encontraban vinculados presuntos autores de la masacre de Caño-Sibao en el Meta.
Los procesos se refieren a los atentados contra Julio César Vaca y Humberto Orjuela Tovar y por los allanamientos a las haciendas Los Cámbulos y San Pablo o La Sesenta, en donde fueron hallados 17 cadáveres. Además, por el homicidio de Luis Eduardo Maya Cristancho.
Esos cinco procesos tiene conexión, en concepto de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial que hizo la investigación, porque en todos ellos se encuentran casos de porte ilegal del mismo tipo de armas y porque varios de los detenidos confesaron haber participado en los otros hechos.
Por el caso de la masacre hubo varias personas detenidas, pero el Juzgado absolvió a los sindicados.
En el expediente por el atentado contra Julio César Vaca, señala la Procuraduría, se procesó al detenido Jaime Román Lozano por los delitos de tentativa de homicidio y concierto para delinquir, pero el Juzgado omitió el delito de porte ilegal de armas.
Esa no es la única irregularidad por la que la Procuraduría pidió la sanción. Además, señala el ente fiscalizador, la funcionaria desconoció los testimonios de dos detenidos durante los allanamientos a las fincas, quienes se refirieron a grupos organizados que intentaban asesinar a miembros de un grupo político.
La Procuraduría encontró que esos testimonios eran reales, teniendo en cuenta que a partir de uno de ellos se llevó a cabo el allanamiento a una casa en donde funcionaba la organización y se logró la captura de varias personas.
Por estas razones, la Procuraduría solicitó la sanción para la funcionaria de la Jurisdicción de Orden Público, y el Tribunal Superior deberá estudiar esa petición.
[Fuente: El Tiempo, 30sep92]
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