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04mar11
Se robaron 150 mil hectáreas con ayuda de registradores y notarios
Tierras de la Nación o de campesinos han cambiado de manos irregularmente, según Supernotariado.
La decisión de intervenir la Superintendencia de Notariado y Registro -anunciada este lunes por el Gobierno- se tomó el pasado lunes durante la rendición de cuentas del sector agrario en la Casa de Nariño.
En esa reunión, el superintendente Jorge Enrique Vélez, le resumió en forma dramática al presidente Santos los hallazgos de una revisión inicial a tan sólo 10 de las 192 oficinas de registro público que hay en el país.
"Presidente: donde ponemos el dedo sale pus", le dijo Vélez y calculó que cerca de 150 mil hectáreas de la Nación o de campesinos han cambiado de manos irregularmente, con la posible complicidad de un puñado de registradores, notarios y el Incoder.
"Hay un enorme foco de corrupción en muchas oficinas de registro en donde la propiedad ha sido adulterada", dijo ayer el ministro del Interior, Germán Vargas, tras conocer las investigaciones.
Uno de los casos ventilados fue el de la venta de 17 mil hectáreas de la Nación que hizo el esmeraldero Víctor Carranza en la vereda Cristalina, de Puerto Gaitán (Meta).
Se documentó cómo el Incoder les adjudicó los baldíos a 16 personas (una de ellas de apellido Carranza) a pesar de no cumplir con los requisitos exigidos.
Luego, acudiendo a funcionarios de la oficina de registro y de notarias de Puerto Gaitán y Villavicencio, los predios se escrituraron por 40 millones y se vendieron por 15 mil millones.
En su momento, ELTIEMPO reveló que Carranza reconoció ante la Fiscalía que vendió ese predio, contiguo a la emblemática finca Carimagua. Ahora no sólo se indaga esa transacción sino el hallazgo de cadáveres en el lugar.
El caso se calcó en la vereda La Serranía de San Martín en donde el Incoder le entregó a una misma familia 30 mil hectáreas de baldíos de la Nación, que luego vendieron por 3 mil millones.
"Es evidente que en estos casos, en donde la víctima es la Nación, se tuvo que contar con la complicidad de funcionarios de las oficinas de registro y de las notarías", explicó uno de los investigadores.
Y agregó que ya está claro que la registradora de Carmen de Bolívar (Bolívar), Ana Regina Güete, permitió la venta de 122 predios de campesinos que gozaban de protección legal y que hoy están en manos de empresarios.
Veintidós de esos predios los compró el padre de la registradora, quien se niega a abandonar la oficina alegando violación el derecho a la defensa. Y los empresarios beneficiados con las ventas intentan evitar la devolución de las tierras con la firma de contratos de usufructos vitalicios.
¿Intereses políticos?
Leonardo Calderón, vocero de los registradores de Instrumentos Públicos, dijo que están de acuerdo con la intervención, pero de la Super. Y explicó que es la entidad la que nombra el personal: "Lo cambian por intereses políticos y eso afecta a las oficinas", dijo.
Además, se quejó de que el miércoles el Presidente los hubiera felicitado por el servicio y después los catalogan de corruptos. Y aunque admite irregularidades, dice que se centran en 10 de las 192 oficinas: "No nos pueden meter a todos en la misma olla", dijo.
Funcionarios buenos se quedan'
Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, asegura que la intervención que anunció el Gobierno busca purgar a la entidad de prácticas corruptas pero también, modernizar el arcaico sistema registral que aún tienen 40 de las 192 oficinas.
¿Qué llevó al Gobierno a tomar la decisión de intervenir la Superintendencia?
Esta es una gran oportunidad para modernizar el sistema de registro y control del país. En varias oportunidades se ha intentado su reestructuración sin suerte.
¿Pero qué tanto pesó la corrupción en esa decisión?
Pesó mucho por los temas que hemos venido ventilando desde hace cuatro meses, algunos de los cuales se estaban investigando desde el Gobierno pasado sin que se tuvieran resultados concretos.
¿Qué casos, por ejemplo?
La apropiación de cientos de hectáreas de baldíos de la Nación a través de adjudicaciones irregulares del Incoder y de su legalización en algunas oficinas de registro y en algunas notarías; la violación a los límites de propiedad que establece la Ley 160 a través de las llamadas Unidades Agrícolas; y el invento de figuras como el usufructo vitalicio o las escisiones para evitar que recuperemos esas tierras. También nos preocupa que la recuperación de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) está paralizada.
¿Qué se busca realmente con la intervención?
Profesionalizar a los registradores (a través de un concurso para su designación), terminar se sistematizar las oficinas de registro para evitar la manipulación de los datos y unificar la información que hay en todo el país con la de catastro.
Se habla de reubicar algunas oficinas de registro...
Se está estudiando mover algunas de ellas, que se encuentran en zonas difíciles de orden público y vulnerables a presiones de armados.
¿Se cambiará a todo el personal?
No. Es muy claro que la gran mayoría de los funcionarios es gente honesta. Ellos seguirán y tienen todo el respaldo del Gobierno.
A la fecha, ¿cuántos registradores han salido por irregularidades?
Hemos solicitado investigación en los casos de Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Martín (Meta). También pedimos el retiro de los registradores de Girardota (Antioquia) y de Acacías (Meta) por falta de claridad en las cuentas.
¿De qué depende que esta reestructuración no fracase?
De que el Congreso le apruebe al Gobierno las facultades para hacer este tipo de ajustes en esta y en otras entidades.
[Fuente: El Tiempo, 04mar11]
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