17jun04
Organizaciones religiosas, de derechos humanos y de la sociedad civil se dirigen al Presidente de Colombia ante sus declaraciones sobre las organizaciones internacionales de ddhh en San José de Apartadó.
Junio 17 de 2004
Su Excelencia
Dr. Alvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Carrera 8 # 7-26
Bogotá D.C. ColombiaApreciado Presidente Uribe:
Somos representantes de organizaciones religiosas, de derechos humanos, y de la sociedad civil escribiendo para expresar nuestra preocupación con respecto a las declaraciones recientes en las cuales usted cuestionó la legitimidad del trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos en la Comunidad de la Paz de San José de Apartadó.
Enérgicamente condenamos el atentado con bomba en una discoteca de Apartadó, el 22 de mayo de 2004 que, como ataque contra la población civil, constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. Apoyamos los esfuerzos de su gobierno para investigar y enjuiciar tales crímenes.
Nosotros quisiéramos afirmar nuestro apoyo a las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y al Movimiento de Reconciliación (FOR) por su valioso trabajo promoviendo los derechos humanos en Colombia. La presencia de estas organizaciones ha ayudado a proteger las derechos de civiles en varias comunidades, incluyendo la Comunidad de la Paz de San José de Apartadó. En San José de Apartadó, la población civil ha sufrido masacres, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos. La vulnerabilidad de esta comunidad impulsó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a promulgar las medidas provisionales que obligan al estado colombiano a proteger a la comunidad y a "las personas que ofrecen servicios a la comunidad."
Sin embargo, en su discurso en el consejo de seguridad en Apartadó el 27 de mayo de 2004, usted declaró que las organizaciones internacionales están obstruyendo la justicia: "deseo recordar a los extranjeros en San José de Apartadó que en Colombia no hay ni puede haber impunidad para los colombianos o para los extranjeros.
"Si vienen aquí, vienen a ayudar a nuestras comunidades, a no obstruir la justicia." Usted adicionalmente declaró: "reitero mi sugerencia respetuosa al DAS [departamento administrativo de seguridad] y a la policía, que si estas personas vuelven a obstruir la justicia, los metan a la cárcel y si hay que deportarlos, se deportan." Es nuestra comprensión que las organizaciones internacionales con una presencia en San José -Movimiento de Reconciliación, Navarra Nuevo Futuro y Brigadas Internacionales de Paz -acatan estrictamente las leyes Colombianas.
Siguiendo estas declaraciones el 2 de junio en San José de Apartadó, varios agentes de DAS acompañados por un grupo grande de soldados entraron a la comunidad y presentaron a los voluntarios de las Brigadas de Paz internacionales una citación escrita. Pese a que el motivo de la citación era supuestamente efectuar un "control administrativo", sometieron a un interrogatorio a los dos voluntarios de PBI que asistieron a la cita en la oficina de DAS. Ellos además fueron conminados a firmar un documento jurídico llamado "versión libre", que es a menudo el primer paso de una investigación criminal.
Posteriormente PBI se reunió con el vicepresidente colombiano Francisco Santos para pedir una rectificación de las declaraciones del 27 de mayo, así como para expresar la preocupación con respecto a los incidentes con el DAS. El director de la oficina del alto comisario de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, Michael Frühling, acompañado a PBI en esta reunión.
Un incidente similar ocurrió en el 21 de agosto de 2003, cuando el entonces Comandante de las fuerzas armadas colombianas, general Jorge Enrique Mora, convocó una rueda de prensa en la cual organizaciones internacionales, incluyendo el PBI y el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (UNHCR), fueron acusados de ser tácitos cómplices de las actividades de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC) en otra comunidad en Urabá. Después de estas declaraciones, el Defensor del Pueblo colombiano encontró que esta acusación "no correspondía con la realidad y, por el contrario, podría poner a la comunidad en el riesgo."
Tales comentarios están en la contravención directa de la recomendación 32 de la 60ª sesión de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas: "la Comisión reitera su preocupación especial con respecto al clima de la hostilidad que se ha generado con respecto al trabajo de los defensores de los derechos humanos, e invita el gobierno de Colombia para tomar medidas para hacer cumplir la directiva del ministerio de Defensa del 9 de julio de 2003, por la que se ordenan a los funcionarios públicos respetar los defensores de los derechos humanos y el trabajo de sus organizaciones. Invita el gobierno de Colombia a asegurarse de que no se hagan declaraciones públicas generalizadas que pudieron servir para poner en peligro a las personas dedicadas a la defensa de derechos humanos..."
Dadas estas preocupaciones, solicitamos respetuosamente que usted haga un declaración pública en apoyo a las organizaciones internacionales que trabajan en la región de Urabá.
Apreciaríamos grandemente si usted pudiera asegurarse de que la "carta de aval", que se ha concedido a las Brigadas Internacioanles de Paz desde que comenzaron su primero trabajo en Colombia en 1994, sea reafirmada por escrito por el vicepresidente Santos. Además, sería importante que directivas claras sean enviadas a todos los funcionarios civiles y militares en la región de Urabá para apoyar el trabajo de las organizaciones internacionales que acompañan a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y reconocer el papel importante jugado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo. Finalmente, es esencial que la SentenciaT 327 de la Corte Constitucional publicada el 15 de abril, 2004 sea aplicada, lo que requiere la total puesta en práctica de las medidas cautelares provisionales concedidas a la comunidad de San José por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan el estado, entre otras disposiciones, a "continuar permitiendo la participación de los beneficiarios de las medidas provisionales o de sus representantes, en el planeamiento y la puesta en práctica de estas medidas."
Gracias por su atención a la presente, y esperamos su respuesta.
Atentamente;
Organizaciones firmantes:
U.S. based Organizations
Atossa Soltani, Executive Director, Amazon Watch - Alexandra Arriaga, Director for Government Relations, Amnesty International-USA - Mary E. Lord, Assistant General Secretary for Peace and Conflict Resolution, American Friends Service Committee - Bishop Thomas J. Gumbelton, Auxiliary Bishop, Archdiocese of Detroit, Michigan - Rev. Jim Lowder, Interim Executive Director, Baptist Peace Fellowship of North America - Sister Janet Korn RSM, Social Justice Awareness Coordinator, Catholic Charities, Diocese of Rochester - Adam Isacson, Director of Programs, Center for International Policy - Gary Cozette, Director, Chicago Religious Leadership Network on Latin America, Ruth Goring, Co-Director, Chicagoans for a Peaceful Colombia - Cristina Espinel and Barbara Gerlach, Co-Chairs, Colombia Human Rights Committee - Jack Laun, President, Colombia Support Network - Matthew Wade, S.M., Associate Director, Conference of Major Superiors of Men - Meaghan Sheehan, Coordinator, Committee on US/Latin American Relations (CUSLAR), Cornell University - Janet Chisholm, Chair of the National Executive Council - Jackie Lynn, Executive Director, Episcopal Peace Fellowship - The Very Rev. Richard A. Bower, Executive Director, Fundación Cristosal, San Salvador - Kirsten Moller, Executive Director, Global Exchange - Jeff S. Vogt, Assistant General Counsel, International Labor Rights Fund - Alan Forsberg, Board Chair - Glen Gersmehl, National Coordinator, Lutheran Peace Fellowship - Sarah Ford, Director, Office of Public Policy, Lutheran World Relief - Dale Sorensen, Director, Marin Interfaith Taskforce on the Americas - Marie Dennis, Director, Maryknoll Office for Global Concerns - Saul Murcia, Co-Director Latin America/Caribbean, Mennonite Central Committee - Blase Bonpane, Director, Office of the Americas - Rev. Elenora Giddings Ivory, Director, Washington Office, Presbyterian Church (USA) - Rick Ufford-Chase, Melissa Schoerke, Len Bjorkman, Co-Chairs, Presbyterian Peace Fellowship - Jacqueline Baker, Legislative Coordinator, School of the Americas Watch - Rev. Ruth Chavez Wallace, Program Associate, Latin America and the Caribbean, United Church of Christ and Christian Church (Disciples of Christ) in the United States and Canada - Daniel Kovalik, Assistant General Counsel, United Steelworkers of America, AFL-CIO/CLC - Rev. William G. Sinkford, President, Unitarian Universalist Association of Congregations - Rev. Ann Marie Coleman and Rev. Donald Coleman, Co-Senior Ministers, University Church, Chicago - Neil Jeffery, Executive Director, U.S. Office on Colombia - Ana Maria Murillo, Executive Director, U'wa Defense Project - Kimberly Stanton, Deputy Director, Washington Office on Latin AmericaCanadian based Organizations
Alex Neve, Secretary General, Amnesty International Canada - Richard Renshaw, Acting Director, Canadian Catholic Organization for Development and Peace - Gerry Barr, President-CEO, Canadian Council for International Co-operation - Sharon O'Regan, Deputy Director, Canadian Foundation for the Americas (FOCAL) - Kenneth V. Georgetti, President, Canadian Labour Congress, Deborah Bourque, National President, Canadian Union of Postal Workers - Basil "Buzz" Hargrove, President, CAW-Canada - Viviana Patroni, Director, Centre for Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC) - Mary Corkery, Executive Director, KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives - Gail Davidson, Executive Director, Lawyers Rights Watch Canada - Viviane Weitzner, Senior Researcher, The North-South Institute - Nancy Montgomery, President of the Board of Directors, Social Justice CommitteeCc
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República De Colombia - Dra. Carolina Barco, Ministra de Asuntos Exteriores - José Herran-Lima, Director, South American Division, Foreign Affairs Canada - Lorne Craner, Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, United States Department of State
Este documento ha sido publicado el 08jul04 por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights
