28dic01
La ingenieria jurídica permite que uno de los mayores narcotraficantes y paramilitares de Colombia quede en libertad.
Víctor Carranza Niño salió libre sin lograr desvirtuar los cargos por los que fue detenido hace dos años y diez meses. La sombra de sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y la supuesta participación suya en el secuestro de dos personas se mantiene a pesar de haber obtenido su libertad.
Desde el jueves pasado, el alojamiento que le servía de celda al zar de las esmeraldas en Colombia en Aquimindia, el centro de entrenamiento para los agentes del DAS ubicado sobre la vía a Cota, a pocos minutos de Bogotá, forma parte de su pasado. José Salvador Téllez Garzón, el juez sexto especializado de Bogotá, ordenó su excarcelación por no haberse producido una sentencia en su caso dentro del tiempo fijado por la ley.
Para lograrlo, un equipo de abogados no escatimó recursos jurídicos para dilatar el proceso. Los apoderados recurrieron a todo un arsenal de peticiones en las que se pretendió anular parte del expediente, cuestionar la actuación del juez a cargo del caso con recusaciones, tomar testimonios a testigos supuestamente radicados en el exterior pero cuyo paradero exacto se desconocía, solicitudes para trasladar el expediente a otra ciudad y la acumulación de cuatro procesos más.
Hasta coincidenciales rebeliones, disturbios y huelgas ocurrieron en las cárceles La Picota y La Modelo en el momento en que fueron requeridos los detenidos para que comparecieran en el juicio.
LOS APLAZAMIENTOS.
Desde el 19 y 20 de diciembre de 2000, el juez cuarto penal especializado de Bogotá, José Reyes Rodríguez, programó la iniciación de la audiencia pública para efectuarla durante dos días a la semana. Pero una semana antes, la defensa de Carranza Niño solicitó aplazarla. Coincidencialmente, en esos días se produjo una jornada de desobediencia civil en las cárceles, lo que obligó a aceptar la petición. Estas situaciones sucedieron de manera sucesiva cada vez que se iba a reiniciar el proceso, según consta en las actas del expediente.
La nueva fecha de audiencia pública se fijo para el 24 y 25 de enero de 2001. Pero dos días antes, el abogado de Ángel Custodio Gaitán Mahecha, uno de las ocho personas incluidas en el proceso junto con Carranza Niño, volvió a solicitar su aplazamiento. Finalmente, la audiencia se instaló el 7 de febrero pero debió suspenderse debido a la no asistencia del apoderado de otro de los enjuiciados: Esaú Cruz García.
El juez Reyes aprovecho el receso para ordenar como prueba las declaraciones de dos testigos considerados claves en el esclarecimiento de los hechos por la defensa de Carranza Niño.
Se trataba de Dolly Pineda, la mujer que acompañaba en el momento del plagio a Edgar Hernández Jéven una de las dos personas que supuestamente fue secuestrada por orden del Carranza Niño y que, al parecer, resultó asesinada en una de las propiedades del esmeraldero. El otro testigo por interrogar era Henry Zambrano, quien supuestamente podía dar claridad sobre los vínculos del zar de las esmeraldas con grupos paramilitares en el Magdalena Medio.
Pero esta prueba nunca se pudo llevar a cabo. Los testigos, quienes al parecer se habían radicado en México, nunca fueron encontrados.
CUESTIONAN A JUEZ CUARTO
Sólo hasta el 15 y 16 de marzo se pudo reanudar el juicio, pero la audiencia debió posponerse otra vez por una recusación hecha contra el juez Reyes por el mismo Carranza Niño, quien acusó al jurista de haber dejado vencer los términos de una solicitud de libertad. Esto obligó a posponer por tercera vez la audiencia pública.
A su vez, los apoderados del zar de las esmeraldas exigieron la acumulación de otro proceso al caso. Se trataba del seguido contra Juan de Jesús Pimentón Traslaviña, uno de los presuntos autores materiales de los secuestros ordenados supuestamente por Carranza. Después de resolver
estas solicitudes, el juez fijó el 4 y 5 de julio de 2001 para proseguir la audiencia. Sin embargo, no se pudo realizar por disturbios en las cárceles de La Picota y La Modelo.
La audiencia se reanudó el 17 y 18 de ju lio. Doce días después volvió a interrumpirse por operativos en las cárceles que impidieron la asistencia de los sindicados.
Para el juez Reyes Rodríguez, la actuación más "sospechosa" se produjo también ese día. Mientras negaba por segunda vez la solicitud de libertad de Carranza Niño, sus defensores solicitaron al Juez Único Especializado de Valledupar el traslado del proceso por competencia. El trámite originó un conflicto de competencia que debió resolver la Corte Suprema de justicia y que retrasó el proceso un mes.
La última solicitud de los abogados de Carranza se produjo el pasado 4 de diciembre. en ese fecha pidieron las declaraciones de algunos testigos con reserva de identidad, quienes no pudieron asistir debido a que se encuentran en el programa de protección a testigos. La Fiscalía los reubicó con nuevas identidades en diferentes lugares y no ha contado con las asignaciones presupuestales para hacerlos comparecer en el juicio, por lo que la audiencia quedó aplazada hasta 15 y 16 de enero de 2002.
Reyes califica estos hechos como un concierto de los abogados para dilatar el proceso, en el que cada uno de los nueve apoderados que actúan en él se han turnado para obstaculizar el normal desarrollo del juicio. "Se empecinan en efectuar peticiones ajenas a su interés para impedir la audiencia y abiertamente dirigidas a favorecer a Carranza Niño", aseguró el titular del Juzgado Cuarto Especializado.
INVESTIGACIONES EN CURSO
El ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Jorge Enrique Valencia, quien representa a Carranza y fue el autor de la tutela que permitió su libertad, prefirió no polemizar y sólo dijo que respeta las consideraciones hechas por el juez Reyes Rodríguez, pero su lucha es en derecho y se atiene sólo a los fallos.
Aclaró que para evitar susceptibilidades el recurso de amparo no se presentó ante cualquier juez sino a uno de la misma jurisdicción. Además, aclaró que en sus alegatos probó que el Juzgado Cuarto Especializado exageró en los tiempos para resolver los recursos.
Por el contrario, el director nacional de fiscalías, Justo Pastor Rodríguez, aseguró que el ente judicial tiene serios reparos sobre la decisión del Juez Sexto Especializado, la cual no es del todo cierta.
Para la Fiscalía, la aparente irregularidad del proceso no existe y, aunque no es parte en el caso, actuará como coadyuvante en la impugnación a la tutela que presentará el Juzgado Cuarto Especializado. Además, iniciará las debidas investigaciones preliminares para establecer si la actuación del Juez Sexto fue dolosa.
Pero sólo hasta dentro de 20 días, se podrá conocer una decisión de fondo en torno al caso. Es necesario esperar a que culminé el periodo de vacancia judicial y el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncié sobre la validez de la tutela.
[Fuente: Redacción Judicial del diario El Espectador, Bogotá, Colombia, 30dic01]
La justicia deja en libertad a Víctor Carranza consolidando el sistema de impunidad colombiano.
Con el argumento de que no es válido negar la libertad del procesado así los defensores recurran a mañas y artificios para dilatar el proceso, el juez sexto penal especializado de Bogotá, José Salvador Téllez Garzón, le ordenó al Juzgado Cuarto Penal Especializado conceder la libertad de Víctor Manuel Carranza Niño por vencimiento de términos.
De esta forma, el hombre considerado como el zar de las esmeraldas en Colombia, quien afronta un juicio por conformación de grupos paramilitares y secuestro extorsivo, quedo libre en la noche de ayer, previo el pago de una caución de mil salarios mínimos mensuales.
Según el argumento esgrimido por el Juez Sexto Penal Especializado en el fallo de tutela, las apelaciones, nulidades y demás actos a los que recurrieron los abogados de Carranza son mecanismos diseñados para ejercer la defensa y no pueden ser tildados de maniobras dilatorias para impedir el desarrollo normal del juicio.
Sin embargo, así se hayan utilizado de manera dilatoria, no debe castigarse al procesado por la conducta incorrecta de sus defensores pues existen mecanismos para investigar disciplinariamente a los abogados, agrega el juez en sus consideraciones.
Por ese motivo el juez Téllez Garzón respeta pero no comparte el criterio plasmado en las providencias emitidas por el Juez Cuarto Penal Especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, quienes negaron la libertad de Carranza en dos oportunidades al resolver las solicitudes interpuestas por sus abogados desde el 30 de julio y 29 de noviembre de este año y las revoca, concediendo al zar de las esmeraldas la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, la presunción de inocencia e igualdad.
[Fuente: Redacción Judicial del diario El Espectador, Bogotá, Colombia, 28dic01]
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