EQUIPO NIZKOR |
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22mar11
Infidencias del “complejo penitenciario más grande de Latinoamérica”
“A tan solo seis meses de inaugurado el ‘complejo penitenciario más grande de Latinoamérica’, dos reclusas se han suicidado y una murió por “paro cardíaco”. Dos eran pacientes siquiátricas. Una, en momentos de desesperación por el aislamiento, se colgó con una sábana en el calabozo, llamado eufemísticamente UTE (Unidad de Tratamiento Especial). Su muerte pasó casi inadvertida. Primero, porque se mezcló con otra de las muertes violentas que ocurren a diario en Cali; segundo, porque el Inpec oculta este tipo de hechos. Un destape conduce a otros. Fácilmente se hubiera develado, por ejemplo, que no hay anexos psiquiátricos femeninos, que hay unas 15 pacientes con serios trastornos mentales, y que éstas son potenciales suicidas sin tratamiento especial y que permanecen ociosas con las demás internas; tercero, porque para un gran sector de la sociedad los presos son seres que deben ser excluidos, ignorados o rechazados. La expresión “que se pudran en la cárcel” fue acuñada por el propio Uribe y no hubo expresiones de rechazo social por tamaño desatino.
El ex ministro Valencia Cossio, al inaugurar el ERON de Jamundí, en agosto de 2010, públicamente se jactó de que las modernísimas instalaciones habían sido “diseñadas bajo un concepto humanista”. ¡Gracioso! El entonces Ministro del Interior y de Justicia (!) no dijo que los ingeniosos arquitectos (¿gringos? ¿Del grupo Nule”) no diseñaron comedores ni en los patios ni los talleres. No les pusieron puertas a baños y duchas. El área de visitas no se protege totalmente de la intemperie. Las ventanas verticales del área educativa no pueden cubrirse y la lluvia pasa por ellas. Sólo hay una parte de acceso para la reclusión de mujeres y la cárcel de hombres. Las áreas de servicios son estrechas, absurdamente incómodas… Resultado de estas deficiencias, las mujeres comemos tiradas en el suelo como mendigas, y tapamos con trapos y plásticos los baños, intentando cubrir nuestros pudores. La minisala de los obsoletos computadores tuvo que ser cerrada. En la biblioteca se deterioran los libros; y nuestros visitantes, que sólo representan un tercio de la población total del complejo, tienen que someterse a largas, incómodas y caóticas colas para lograr verlos por sólo un par de horas.
Pero la Penitenciaría de Jamundí no sólo tiene errores de diseño. Los contratos firmados por el Inpec son leoninos. Las prisioneras de Jamundí, obligadas al ocio y la dependencia –porque son casi nulas las fuentes de trabajo–, aparte de que pagamos las tarifas telefónicas más altas, somos robadas por la empresa telefónica, que hace desaparecer como por encanto los minutos de nuestras tarjetas, sin que tengamos un doliente serio que nos proteja de este saqueo legalizado.
La empresa RDH, que suministra los alimentos, no tiene quien la ronde. No publica el menú diario, y el gramaje y la calidad quedan a su discreción. Además, del mismo bongo de las internas les suministran alimentos a la guardia. Bueno, un poco más seleccionada, ¡por supuesto!
Contrastes
Mientras los detenidos por parapolítica disfrutan de cómodas instalaciones, servicio médico privado, sofisticados medios de comunicación y prebendas tan evidentes y deshonestas que sólo en parte son divulgadas, las mujeres de Jamundí continuamos invisibilizadas en este lugar, con un servicio de salud peor que el del resto del país, ociosas, tiradas en el piso.
Para programas de ‘resocialización’ no hay presupuesto. Si hay profesores institucionales o voluntarios, no hay material didáctico o falta personal de guardia. Las canchas deportivas son subutilizadas, y sólo unas cuantas pueden disfrutarlas a veces, pues no hay suficientes custodios. ¿Y qué hacen la Dirección del reclusorio y la Defensoría del Pueblo? ¡Nada! Cuidan sus puestos, justifican lo injustificable y piden paciencia. ¿Más? Llevamos seis meses de funcionamiento, y los trámites jurídicos y burocráticos, propios de las reclusiones, van a paso de tortuga.
La administración no ha podido ajustarse a las exigencias de manejar casi un millar de mujeres de diversos departamentos, porque ni siquiera en los traslados el Inpec es justo o por lo menos racional, lo mínimo que se pudiera esperar. En su descarnada y parcializada arbitrariedad, separa innecesariamente familias, hijos y amantes, sin el más mínimo empacho. Se subestima tanto la libertad, que para ellos su pérdida es una sanción mínima a la que deben sumársele otras penalidades.
¿Y la propuesta o compromiso de repatriación a nuestros lugares de origen con la construcción de 16 nuevos centros? ¡Otra entelequia! Como la justicia o como aquello de que “somos iguales ante la ley”. Como dijo alguna vez Daniel Samper Pizano: “Sí, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros”.
[Fuente: Doris, Jamundí, 10nov010, publicado en Desde Abajo, Bogotá, 22mar11]
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