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18jun12
Regresa el fantasma de las capturas masivas
El viernes de la semana pasada, un grupo conjunto del Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía realizó un operativo en que fueron capturadas 29 personas en el norte del Cauca, sindicadas de hacer parte de las milicias del Sexto Frente de las Farc. Esta operación, así como otras capturas masivas que se han dado en Arauca, Caquetá, Huila y Nariño recuerdan las ocurridas en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando cientos de personas fueron capturadas como supuestos guerrilleros y poco tiempo después tuvieron que ser dejadas en libertad porque no había pruebas contra ellas.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que había suficientes pruebas para las capturas más recientes en el Cauca, pero tres de los detenidos en ese operativo son defendidos por las organizaciones indígenas y afros a las que pertenecen e incluso por la misma Defensoría del Pueblo, que asegura que su trabajo siempre fue en contra de la guerrilla y no a favor de ella. Dos de las personas capturadas tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Pero la captura que más sorprendió fue la de Rafael Ulcué, un líder indígena de 40 años que se había convertido en el interlocutor de las quejas contra las Farc ante el Ejército y la Policía.
Las capturas dudosas
La familia Ulcué Perdomo hacía parte del resguardo Kwet Wala, en el municipio de Pradera, en el Valle, hasta que en 2002 tuvo que salir de la región por las amenazas de los paramilitares. Se desplazó con otras familias de la zona y todas se asentaron en la zona campesina de Caloto, Cauca.
Desde que llegó a esa región, Rafael se convirtió en líder y vocero de las comunidades campesinas. "Hoy lo sindican de terrorismo y otras cosas, pero él nunca ha estado por allá en la guerrilla. Él lo único que es, es un comunero, un directivo que ha peleado por nosotros y lideró la pedida de las medidas cautelares", explicó el presidente de la junta de acción comunal Henry Mesa a La Silla Vacía.
En 2009, Rafael Ulcué Perdomo y su familia, junto con sus vecinos en las veredas El Vergel y Pedregal, en Caloto, quedaron atrapados en la mitad de los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército y por eso sus cultivos fueron destruidos, algunos salieron heridos y muchos tuvieron que abandonar su tierra.
El 13 de agosto de 2010, lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Gobierno darles protección a 179 familias, incluidos los Ulcué Perdomo, a través de medidas cautelares.
En un principio, el Gobierno ignoró el fallo hasta que esas familias, lideradas por Rafael Ulcué, interpusieron una tutela y esta vez fue el Consejo de Estado el que le ordenó al Gobierno asumir las medidas necesarias para garantizarles la vida.
Un año después, el Gobierno las tomó pero fue peor el remedio que la enfermedad. El Ejército llegó a la zona, y trasladó a la Brigada Móvil 14 a la vereda donde vivían los Ulcué. Sin embargo, lo primero que hicieron los soldados fue decirles a los campesinos que habían llegado a la zona para complacer a las familias que habían promovido las medidas ante la Corte.
Ese mensaje llegó a oídos de las Farc, quienes mandaron llamar al presidente de la Junta de Acción Comunal, Henry Mesa, y a Sergio, el hermano de Rafael Ulcué, y les dijeron que tenían que abandonar el territorio.
El 8 de noviembre de 2011, doce familias salieron desplazadas hacia el casco urbano de Caloto, donde están todavía. En los refugios estaban Rafael y su hermando cuando el viernes llegó el grupo élite de la Policía, del Ejército y de la Dijin y se los llevó sindicados de subversión, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión y secuestro.
Una historia de amenazas
La captura de Ulcué sorprendió a la población de Caloto y también a las autoridades locales porque si por algo era conocido este líder indígena era por sus denuncias contra las Farc.
Rafael Ulcué era el vocero de las comunidades en un comité creado por orden del Consejo de Estado y coordinado por la Defensoría del Pueblo en respuesta a la tutela interpuesta por las familias de Caloto para hacerle seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares de la Corte.
En ese comité, Ulcué se sentaba junto con el Alcalde, el secretario de Gobierno, el Defensor del Pueblo de Cauca, el Personero e incluso miembros del Ejército y la Policía. Y lo que recuerdan personas que estuvieron allí es que Ulcué siempre denunció los abusos de las Farc.
"Lo conozco muy de cerca desde el 2009 por la situación de seguridad de la comunidad", dijo el defensor del Pueblo del Cauca, Víctor Javier Meléndez a La Silla Vacía. "En el comité siempre estuvo sentada la Fuerza Pública y él con actitudes de respeto denunció a los grupos armados al margen de la ley".
Otros casos
El de los hermanos Ulcué no es la única captura dudosa que reclaman las comunidades del Cauca. También en Caloto, en la misma operación, fue capturada la enfermera jefe de la ESE de ese municipio, Mildred Gisella Mora Pino, que según varios habitantes de la zona que hablaron con La Silla Vacía, es de una familia reconocida y nunca dejó dudas sobre su comportamiento.
Durante la audiencia ante el juez de garantías, según le dijo a El País de Cali la hermana de la sindicada, Jenifer Mora, la Fiscalía acusó a la enfermera de pertenecer a las Farc, dijo que ella "es conocida con el alias de La Mona, es compañera sentimental de un guerrillero y ha realizado curaciones a los subversivos".
"Es absurdo que un reinsertado diga que una señora gorda, de cabello crespo estuvo en el campamento de un reinsertado y solo por eso le eleven cargos", se quejó el Defensor del Cauca. "Esta defensa la hacemos respetando los poderes, pero con preocupación porque miembros de una comunidad que actúa con desesperación por el ataque de los armados hoy estén privados de la libertad. ¿Cuál es la protección que merecen como desplazados?", dijo a La Silla.
Otra de las capturas cuestionadas por las comunidades es la de Félix Manuel Banguero, delegado del Consejo Comunitario de Pilamo ante el equipo de Coordinación Regional del Proceso de Comunidades Negras, PCN. PCN es uno de los principales interlocutores de las comunidades afrocolombianas frente al Gobierno y Banguero estaba trabajando como Secretario de Cultura de Guachené, en el norte del Cauca.
El Ministerio de Defensa lo sindica de ser el encargado de la política clandestina, espionaje e inteligencia a la Fuerza Pública para las estructuras que manejan alias "Rigo" y alias "Pepo" en varias veredas, pero quienes asistieron a la audiencia dicen que la prueba contra él es una fotografía con la guerrilla tomada hace más de veinte años.
Varias instituciones académicas salieron en su defensa. Una de ellas fue el grupo de investigación Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, y el CENSAT que aseguraron que siempre ha hecho parte de los grupos que pelean por las comunidades negras y que siempre ha reclamado justicia para las comunidades afro. Precisamente por ese trabajo, Banguero también tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana.
Los abogados denunciaron que los detenidos fueron trasladados a guarciciones militares y algunas de las audiencias fueron a puerta cerrada, en una modalidad muy parecida a la que se dio en 2003.
¿Espada de Honor o de Damocles?
La operación en la que se realizaron estas capturas en Corinto, Caloto, Caldono, Guachené y Toribío hace parte de la estrategia Espada de Honor que el Ministerio de Defensa lanzó en marzo pasado y con la que pretende debilitar a las Farc con base en la información hallada en los computadores de los guerrilleros capturados o muertos en los últimos años.
El laboratorio de ese proyecto es el Cauca, donde los guerrilleros se movilizan con facilidad, entran y salen a los corredores del narcotráfico y le han propinado a las Fuerzas Militares duros golpes en el último año.
El Gobierno ha invertido allí cuantiosos recursos de consolidación, pero aún no hay resultados para mostrar. La estrategia ahora es, por un lado, cerrarles todos los corredores de movilidad a las Farc y segundo golpear las redes sociales de apoyo. Y en este último escenario es que -según un representante de las comunidades del norte del Cauca que prefirió no dar su nombre- muchos civiles inocentes pueden caer aunque lleven décadas oponiéndose a las Farc y defendiendo la neutralidad de las comunidades.
El comandante de la regional 4 de la Policía Nacional, general Hernando Nieto Rojas, dijo que este operativo es el resultado de varios meses de trabajo de inteligencia y que hay más de cien órdenes de captura para el suroccidente del país. Esto tiene a las comunidades indígenas y negras del Cauca en alerta. Incluso ya hay versiones de quiénes podrían ser los próximos capturados.
Uno de ellos es Luis Ángel Perdomo, el tío de Rafael y Sergio Ulcué Perdomo, que no se fue de su casa y todavía vive en el resguardo Kwet Wala, en el municipio de Pradera, en el Valle. A él le han llegado rumores de que lo están buscando las autoridades. "Estamos dispuestos a dar la cara y aclarar lo que sea. Lo único que pedimos es que no hagan esos grandes operativos para buscarnos, no es necesario, nosotros mismos nos entregaríamos y aclararíamos la situación", dijo a La Silla Vacía.
Perdomo ya fue capturado una vez, el 7 de diciembre de 2003, cuando se dieron las capturas masivas en todo el país durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero después de tres meses demostró su inocencia y fue dejado libre. En ese momento lo acusaban de lo mismo que hoy acusan a sus sobrinos: de ser auxiliador del Sexto Frente de las Farc.
"Yo siento que la forma como están acusando a Rafael es la misma que usaron conmigo. Le están haciendo un montaje basado en quién sabe qué y las autoridades lo creen", dijo a La Silla Vacía.
La Silla Vacía contactó a la Fiscalía, que confirmo que existe una investigación contra Ulcué, Banguero y los otros 25 capturados, que adelantó la Fiscalía Especializada de Popayán y que ahora será trasladada a la Unidad Antiterrorismo en Bogotá. Pero no dieron más detalles porque está bajo reserva del sumario.
[Fuente: Por Dora Montero Carvajal, La Silla Vacía, Bogotá, 18jun12]
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