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Los paramilitares masacran comunidades del Putumayo.

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MINGA hace un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional sobre los graves hechos y acciones criminales que persisten contra comunidades del Putumayo, en medio de la crisis humanitaria que se vive como consecuencia del paro armado decretado por las FARC:

Masacre paramilitar

1. Según información suministrada por habitantes de San Miguel, el pasado viernes 29 de julio, habrían sido asesinadas al menos 29 campesinos del área rural del municipio de San Miguel, de las veredas San Carlos, la Balastrera, El Sábalo, la Cristalina y Puerto Colón. Igualmente se denunció la desaparición de 13 familias de otras veredas vecinas, como la Cabaña y Tres Islas. Sin embargo por las dificultades de comunicación y acceso a la zona, dada la crítica situación de orden público, hasta el momento se conoce sólo del levantamiento de dos cuerpos y de una fosa en la vereda La Cristalina, por la versión de una víctima quien denunció el masivo asesinato.

La masacre de estas personas por parte de los paramilitares, lleva varios días y al parecer se inició el sábado 23 de julio, cuando asesinaron a siete personas que viajaban en una canoa, en el sitio conocido como La Balastrera. Los paramilitares los bajaron de la lancha y los asesinaron en el lugar, solo se pudieron recuperar tres cuerpos, dos colombianos, GERMAN OBANDO RECALDE Y JULIAN EDUARDO CANTICUS y un ecuatoriano aún no identificado. El señor CANTICUS era una persona muy conocida de San Miguel, poblado fronterizo con Ecuador.

Posteriormente los paramilitares pasaron por la Vereda la Cabaña, donde retuvieron a una señora, la amarraron y la torturaron, pero ante la presión de población, que no permitió que la asesinaran y luego fue liberada según testimonio de su esposo.

El miércoles 27 de julio siguieron a la Vereda El Sábalo, ubicada a 40 minutos del casco urbano de la Dorada o San Miguel, allí asesinaron a dos personas. Cuando los paramilitares llegaron a esta vereda traían amarradas a seis personas, cuatro de las cuales fueron encontradas después asesinadas en el camino. No se conoce aún su identificación.

En la inspección que hicimos en San Carlos, se denunció igualmente la desaparición de 11 personas; sin embargo, no se ha podido confirmar el hecho, por razones de comunicación.

Desplazamiento forzado.

2. Estos crímenes cometidos por los paramilitares, se suman a las múltiples acciones cometidas por la guerrilla (taponamiento de vías, destrucción de fuentes de energía, quema de vehículos, entre otros, según nuestra acción urgente de la Asociación MINGA de fecha 27 de julio de 2005) y el enfrentamiento entre Fuerzas Militares y guerrilla; provocando desplazamientos masivos de las áreas rurales en el Bajo y Medio Putumayo, hacia las cabeceras municipales de San Miguel, La Hormiga, Orito y Puerto Asís. Igual situación se vive en el área urbana de la capital, Mocoa.

Comportamiento de la Fuerza Pública.

3. Se suma a la crítica situación descrita, el comportamiento arbitrario de la Fuerza Pública (Policía y Ejército), en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario. En varios lugares del departamento de Putumayo. Así por ejemplo en la vereda Santamaría (Mocoa), la Policía se ubicó en la escuela, en la caseta comunal y en las casas de población civil; aún sabiendo del riesgo que corren los habitantes en medio de la confrontación que hoy tienen con la guerrilla.

Igualmente en la vereda Verdeyaco del mismo municipio, la Fuerza Pública está cometiendo excesos con la población, reflejado en allanamientos sin orden judicial; en censos ilegales a todas las familias y fotografiando a todos los habitantes. También se conocieronlas amenazas que la Fuerza Pública está haciendo a estos habitantes de colaborar a las buenas “o de lo contrario los paramilitares los harán colaborar a las malas”.

Toda esta presión de las fuerzas militares, sumada a la crisis por falta de comunicación, fluido eléctrico, escasez de alimentos, falta de transporte, tiene sumada a las comunidades del Putumayo en la más profunda crisis humanitaria.

Por lo anterior, hacemos un llamado a:

• 1. La comunidad nacional e internacional y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a que se pronuncien sobre la crítica situación del departamento del Putumayo y se solidaricen con su población.

• 2. Al gobierno nacional a que proteja a la población civil del Putumayo, brinde atención humanitaria integral y urgente a las comunidades que actualmente se encuentran bloqueadas, y haga presencia en la región con una comisión de verificación sobre los hechos violatorios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

• 3. A la Fuerza Pública, respetar el Derecho Internacional Humanitario y proteger a la población civil, cual es su deber constitucional.

• 4. A los demás actores armados, FARC y paramilitares, respetar a la población civil.

• 5. A Fiscalía y la Procuraduría, abrir las correspondientes investigaciones penales y disciplinarias por los hechos denunciados.

• 6. Al presidente Uribe Vélez, al alto Comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo y al Dr. SERGIO CARAMAGNA, encargado de La Misión de Acompañamiento de la OEA al proceso de paz con los paramilitares, verificar el cumplimiento del cese de hostilidades en el departamento del Putumayo.

Bogotá, agosto 2 de 2005
MINGA

Informes sobre Derechos Humanos en Colombia

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