27dic01
Dejan en libertad a un dirigente del Cartel de Cali en una maniobra de "ingenieria juridica".
Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, acusado de organizar una operación de narcotráfico de 11 millones de toneladas de cocaína, se encuentra huido después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera dejarle en libertad el pasado sábado. El presunto narco pagó la fianza de cinco millones que le impuso el tribunal que basó su decisión en la existencia de un informe psiquiátrico que aseguraba que padecía un «trastorno bipolar con tendencias suicidas». Ruiz Santamaría engañó a los jueces al aportar una dirección en Madrid en la que no llegó a residir, según fuentes judiciales.
Agentes de la Policía Nacional se personaron ayer en las señas aportadas por Carlos Ruiz para notificarle que debía comparecer ante la Audiencia Nacional para presentarse en una vista oral en la que el fiscal del caso iba a solicitar una pena de 60 años de prisión y 69.000 millones de pesetas de multa en un juicio que iba a comenzar el próximo 14 de enero. La Audiencia Nacional decretó, tras constatar su fuga, una orden de búsqueda y captura internacional.
Era una fuga ya anunciada en medios judiciales y fiscales de la Audiencia Nacional cuando hace una semana la Sección Cuarta decidió poner en libertad al presunto capo Carlos Ruíz Santamaría. «El negro» estaba considerado como el cerebro del mayor envío de cocaína a España, 11 toneladas, cuya introducción fue frustrada por la Policía en julio de 1999 en el contexto de la llamada operación Temple.
Ruíz Santamaría, de 40 años, el intermediario en España de conocidos carteles colombianos de la droga como el de Calí, Bogotá o de La Costa, iba a ser juzgado el próximo 14 de enero para enfrentarse a una condena de 60 años de prisión y una multa de 60.000 millones de pesetas.
Después de que la Sala desestimase la petición de libertad de sus abogados, el tribunal formado por los magistrados Carlos Cezón, Juan José Antonio Ortega y Carlos Ollero, estimó el recurso de súplica, admitiendo como suficientes razones para su excarcelación el estado psiquiátrico del procesado y fijó una fianza de 5 millones, pese a los contrarios criterios de la Fiscalía Antidroga.
Trastorno depresivo.
Pero para la Sala «el trastorno mental bipolar y estado maníaco depresivo con tendencia al suicidio» que supuestamente padece Ruíz Santamaría, aconsejaba su excarcelación. Además, los informes médicos aportados por los abogados aseguraban que estas dolencias «neutralizaban el riesgo de fuga», según el auto. Una decisión que horas después fue duramente criticada en medios judiciales de la propia Audiencia.
Y la Sala, ya polémica por otras sonadas excarcelaciones de presuntos etarras, tuvo que rectificar ayer, dictando una orden de busca y captura contra Ruiz Santamaría después de que éste no fuera localizado por la policía en el domicilio de León que había facilitado a la Audiencia Nacional antes de abandonar la cárcel en donde se encontraba desde hace tres años. Las frustradas pretensiones de la Sala por localizarle ayer se producían al día siguiente de que la Fiscalía Antidroga elevase un escrito a la Sección Cuarta pidiendo que rectificara su decisión o en su defecto agravara las medidas cautelares adoptadas, al tiempo que insistía en el riesgo de fuga, dado el historial delictivo del personaje.
Este escrito de queja también fue elevado al Fiscal General del Estado que ahora tendrá que pronunciarse.
En declaraciones a EL MUNDO, la Fiscalía Antidroga había calificado de desacertada y carente de fundamentos jurídicos la decisisión de la Sala. En su opinión, «no es la libertad con fianza lo correcto, sino , en todo caso, el ingreso de Ruiz Santamaría en un centro penitenciario psiquiátrico , cuando, además, la mayoría de los 38 procesados en esta causa están en prisión». Una causa en la que se piden penas que suman 1.006 años de prisión y multas que superan el billón de pesetas en indemnizaciones.
Cinco Pasaportes.
Los tres magistrados de la Sección Cuarta que ahora excarcelaron al principal acusado, Ruiz Santamaría, forman el tribunal de este juicio. La nacionalidad de Carlos Ruiz Santamaría es todavía una incógnita que intenta despejar la policía. Utilizaba hasta cinco pasaportes falsos. El ha declarado ser mexicano pero se cree que en realidad es colombiano, según datos que obran en la investigación.
Adermás, Ruiz Santamaría ha amenazado de muerte a otros dos miembros de la organización, también detenidos, y que desvelaron datos relevantes sobre la red hispanocolombiana que dirigía desde España para introducir grandes partidas de cocaína en la Península. Es el caso del colombiano Alfonso León, delegado del cartel de Cali en Madrid, y del gallego Manuel Vila Sieira, a raíz de que ambos decidieron colaborar con el juez instructor Baltasar Garzón. La operación Temple permitió abortar la distribución desde España de 11 toneladas de cocaína. A bordo del buque panameño Tammsaare se capturaron 6.450 kilos de cocaína, y al día siguiente se localizó el resto de la droga, otro cargamento que estaba oculto en un vivienda en construcción de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Fue, entonces, la mayor captura de cocaína en alta mar , aunque el récord en tierra se registró en 1989 en Los Angeles (EEUU) donde fue apresado un alijo de 20 toneladas.
[Fuente: Elisa Lois del Diario El Mundo, Madrid, España, 29dic01]
Los colectivos antidroga de la Ria de Arosa consideran la libertad de dirigente del Cartel de Cali "una burla social".
Los colectivos antidroga de la ría de Arosa (Pontevedra) expresaron ayer su indignación por la fuga del supuesto narcotraficante Carlos Ruiz de Santamaría. La Fundación Galega contra el Narcotráfico ha decidido remitir escritos al Consejo General del Poder Judicial y al presidente de la Audiencia Nacional para solicitar la apertura de una investigación y que se separe cautelarmente de sus funciones al presidente de la sección cuarta de sala de lo penal de la Audiencia.
El portavoz de este colectivo antidroga, Manuel Isorna, consideró en declaraciones a Efe que la puesta en libertad del supuesto narcotraficante supone una "burla" que lleva a la sociedad a desconfiar de la justicia. "Desde el primer momento -dijo- vimos que era una decisión equivocada, tanto en el fondo como en la forma. Es un auténtico escándalo." Apuntó que para la puesta en libertad de Ruiz se argumentó el padecimiento de un trastorno, que a su juicio sufren todos los reclusos, pero insistió en que otros presos tienen patologías graves como hepatitis, sida o problemas pulmonares, pese a lo cual siguen en la cárcel.
Por ello, entiende que es "ridículo" que se haya puesto en la cárcel a una persona considerada el cerebro de un alijo que costaría más de 70.000 millones de pesetas, al tiempo que destacó que la fianza fue de tan sólo 5 millones. "Todo esto es penoso", señaló Isorna, quien reiteró que "no nos extraña que cada vez el ciudadano de a pie crea menos en la justicia".
La Plataforma Galega contra el Narcotráfico explicó ayer en una nota de prensa que Ruiz de Santamaría fue puesto en libertad por "razones humanitarias" por padecer una depresión derivada de su situación carcelaria. "Tiene capacidad mental para inundar las calles de coca y sembrar la muerte de multitud de personas, pero el pobre no soporta estar en la cárcel, está deprimido", señala la nota. La Plataforma califica lo ocurrido como una "burla social".
Carlos Ruiz de Santamaría está inculpado en la denominada operación Temple, en la que también fueron detenidos seis presuntos capos gallegos de la droga.
[Fuente: Diario La Vanguardia, Barcelona, España, 29dic01]
Una fuga deprimente que merece una sanción ejemplar.
La fuga de un notorio narcotraficante al que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional había dejado el pasado sábado en libertad bajo fianza es la consecuencia previsible pero no por ello menos lamentable de una decisión judicial que sólo merece ser calificada como un auténtico despropósito.
Carlos Ruiz Santamaría, conocido en círculos mafiosos como El Negro, era el máximo delegado en España de dos poderosos carteles colombianos y está acusado de introducir el mayor envío de cocaína jamás requisado en este país: un impresionante alijo de 12 toneladas incautado por la policía en julio de 1999 en el marco de la operación Temple. Indicio elocuente de la gravedad de sus delitos es que la Fiscalía Antidrogas solicita para él una multa de 60.000 millones de pesetas y una condena de 60 años de cárcel. Pero pese a esto y pese a que el juicio contra Santamaría está fijado para el 14 de enero los magistrados Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero decretaron unánimemente su excarcelación. Esta decisión, que mereció un justificado aluvión de críticas, se adoptó en base a un informe psiquiátrico en el que se aconsejaba para el presunto delincuente un tratamiento ambulatorio por sufrir un «trastorno mental bipolar». Es decir, que al igual que un 90% de los reclusos, el narcotraficante padecía una depresión.
Deprimida estará sin duda la ciudadanía ante este nuevo escándalo jurídico. Los magistrados tomaron su decisión aduciendo «razones humanitarias» y por considerar que su estado de salud constituía un «elemento neutralizador del riesgo de fuga». Evidentemente, se equivocaron, o bien porque infravaloraron la perfidia del recluso, o bien porque sobrevaloraron su afección. Pero en ningún caso por carecer de información. La Fiscalía insistió a la Audiencia por escrito del grave riesgo de fuga. Resulta incomprensible para más inri que los jueces no tomasen en cuenta las sugerencias de la Fiscalía en el sentido de que se reforzasen las medidas de vigilancia sobre Santamaría, obligándole al menos a comparecer diariamente en un juzgado en vez de cada 15 días. El Negro lo tuvo fácil para engañar a los magistrados, comprometiéndose a residir en un domicilio madrileño que ni siquiera pisó.
En una vuelta de tuerca que evoca el teatro del absurdo, la Audiencia dictó ayer una orden de busca y captura del malhechor que ella misma dejó escapar. Los jueces implicados en este escándalo deberían dar una muestra de dignidad profesional y colgar la toga. Pero, como presumiblemente no lo harán, habrá que confiar en que la investigación que acertadamente ha abierto el Consejo General del Poder Judicial depure con severidad ejemplar las responsabilidades de un grave disparate judicial, digno más de una república bananera que de un país que está a punto de asumir la presidencia de la Unión Europea.
[Fuente: Editorial del diario El Mundo, Madrid, España, 29dic01]
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