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10feb13
Una respuesta no oficial a la pregunta sobre quién controla al controlador
Ver artículo "La boda del año"
Cuatro columnas de opinión de la revista Semana, del 10 de febrero de 2013, comentan acerca del matrimonio de la hija del Procurador General de la Nación bajo los siguientes encabezamientos: la boda del año, orgía en latín, la misa de la coronación, la boda de procurador. En las cuatro columnas hay una descalificación implícita o explícita de la mezcla de invitados a esa fiesta, como si fuera un hecho sin precedentes o contrario a la ética de la nación. Todo lo contrario, esa doble mezcla de fiesta privada con personas públicas y de figuras de la justicia en alegre y costoso festejo con las figuras de la injusticia es el diario acontecer de la política colombiana real, que es distinta de las que nos venden los medios de comunicación, con honrosas pero rarísimas excepciones.
Y esa misma mezcla es la respuesta a los visitantes de nuestro Banco de Datos de Derechos Humanos cuando se quedan perplejos ante la intensidad y la persistencia de la violación a los derechos humanos en nuestro país, así como de la cuasi total impunidad que responde a semejantes crímenes.
Sin duda que esa impunidad tiene unas razones técnicas. Los abogados del centro De Justicia o sus pares de la Comisión Colombiana de Juristas, lo mismo que otros colectivos de abogados, han apuntado muchas posibles explicaciones: entre otras causas, enumeran la acumulación de fechorías y, por tanto de denuncias y diligencias, que desbordan la capacidad de los juzgados. También consideran que la inadecuación de los organismos que deberían investigar esos delitos, bien sea por la insuficiencia de instrumentos de trabajo o por la proliferación de jueces y de investigadores incompetentes o corruptos, alarga los tiempos y facilita el vencimiento de términos que permite a los acusados escapar impunes.
Sin embargo, las respuestas técnicas no agotan la explicación. Hay también causas éticas, o sea, maneras de relacionarnos entre colombianos que revelan las raíces inmorales profundas de dicha impunidad. La más general de esas formas inadecuadas de relación es la indiferencia de un ser humano por otro, que conduce al comportamiento desvergonzado, hasta el punto de no sentir respeto por la desgracia o el dolor ajeno. Y aquí viene como anillo al dedo la crónica periodística sobre la que opinan los cuatro columnistas de Semana y que desde la perspectiva ética muestra una sencilla razón de la impunidad: los encargados de castigar las fechorías y los que las cometen son los mismos grupos de poder que celebran juntos su situación privilegiada y que 'hacen fiesta' de los recursos nacionales.
Algunos politólogos consideran ese "olivos y aceitunos todos unos" como oligarquía. Y tienen razón: es el poder de unos pocos confabulados contra otros muchos. Otros lo consideran una plutocracia y también tienen razón: es el poder de unos ricos aliados con otros que se están enriqueciendo rápidamente por el único camino del enriquecimiento rápido: el despojo, que no es nunca ético. Como no lo puede ser tampoco la corrupción que malogra a los controladores de los controladores. Cuando el poder se corrompe (es decir, siempre) corrupción y poder tienden a volverse absolutos o totalitarios. El círculo vicioso de la corrupción solo podrá romperse con el círculo virtuoso del control de los victimarios por parte de las víctimas. Y esto solamente cuando existen los mecanismos y las mismas víctimas logran superar el terror totalitario, que no es nuestro caso: en Colombia siguen gobernando las armas porque es el único camino para mantener la injusticia que se traduce en desigualdad con inequidad.
No hay, pues, ningún misterio tras la violencia colombiana, ni menos una cultura de la violencia, ni mucho menos un temperamento colombiano violento. Lo que hay es una organización social dominada por dos o tres pequeños grupos más o menos ricos, más o menos herodianos y más o menos criminales, porque no se puede calificar de otra manera la enorme y violenta desigualdad en la repartición de los recursos, los derechos y los deberes que impera en Colombia y que, además, no solamente no disminuye sino que crece, según algunos técnicos. Esa desigualdad es enorme porque afecta a más de dos terceras partes de la población que es mucho menos igual que la otra tercera parte. Pero también es violenta como lo demuestran las cifras que año por año recoge nuestro Banco de Datos de Derechos Humanos. Podrá decirse que han disminuido las cifras de esas violaciones; es verdad, pero al precio de instalar en las regiones poderes de hecho que logran el enriquecimiento rápido por medio de variaciones económicas y culturales del homicidio que reemplazan la muerte súbita y cruel para sustituirle la muerte a plazos.
Los gobiernos, poderes legítimos, han hablado y siguen hablando de reformas legales que modifiquen esas relaciones violentas legales e ilegales; pero los poderes ilegales se siguen legalizando porque como se insinuó más arriba: olivos y aceitunos, todos unos.
[Fuente: Por Alejandro Angulo Novoa, S.J., es Coordinador del Sistema de Información General del CINEP/PPP, Bogotá, 10feb13]
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