EQUIPO NIZKOR |
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07feb10
Desastre nacional
Uribe está por repetir la experiencia de su nefasta gobernación en Antioquia, región que dejó ardiendo y sin solucionar los problemas de seguridad que encontró, no obstante que bajo su mandato se hicieron fuertes las fuerzas paramilitares que luego lo acompañaron a la "Casa de Nari".
Para empezar, el mal uso de la emergencia social para enfrentar un problema no sobreviniente como el de la salud, incrementando el IVA para la cerveza, va a generar el cierre de una de las plantas de la más importante cervecera nacional. Esa arbitrariedad dejará cesantes a 10 mil colombianos más.
La inconstitucional emergencia social lesionó la confianza inversionista y ultrajó a los médicos. Es la especialidad de Uribe. Como parlamentario, con la ley 100, sentó las bases para deteriorar la profesión; ahora, como Presidente, ordena a los galenos que ejerzan como lo imponga el régimen. De médicos independientes a soldados de la seguridad democrática.
Un magistrado de la Corte Constitucional presenta ponencia hundiendo el referendo reeleccionista por vicios de forma, y el Gobierno mueve sus fichas, para que aparezca que no todo está perdido. No lo digo solamente por las boberías que salieron a decir Andrés Felipe Arias y el vocero del referendo, descalificando el concepto jurídico del ponente, por ocuparse de las formas. Ellos creen que cuatro millones de personas purgan los delitos en que han incurrido violando los topes --a propósito, ¿qué pasó en la Fiscalía con la investigación por fraude procesal contra los promotores del referendo?-- o alivian sus torpezas, como la de cambiar la pregunta sometida al pueblo o la de no presentar constancia del Registrador aprobando sus oscuras cuentas. En efecto, la insólita declaración del presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, bien conocido por su uribismo, subliminalmente dejó la sensación de que la ponencia antirreeleccionista es floja y será derrotada por las fuerzas oficialistas asentadas en el tribunal constitucional. Eso tampoco conmueve a nadie, porque la idea es sacar adelante el tramposo referendo, inclusive con magistrados impedidos que fueron asesores jurídicos del régimen.
La organización Human Rights Watch revela un demoledor estudio que confirma lo que venimos denunciando desde hace años, sobre la nueva cara de la violencia y la farsa de la desmovilización de los paramilitares, pero los hombres del Presidente responden con insultos e incongruencias, o cancelando reuniones con Vivanco, como lo hizo el ministro Gabriel Silva, en un gesto que habla mal de su gestión.
En ese ambiente de catástrofe, el grupo Planeta decapita la revista Cambio, que denunció el escándalo de Agro Ingreso Seguro, obviamente para disculparse con el Gobierno, y aquí siguen creyendo que Uribe no es Chávez.
Por todo eso y por más, fue un bálsamo ver al valeroso Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a Claudia López y a Natalia Springer acorralar con razones irrefutables a quien, como Uribe, confirmó que su foro no es la academia sino sus manipulados consejos comunales.
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Adenda. Inexplicable que el IDU, respaldado por las interesadas opiniones de "ilustres" asesores de contratistas incumplidos, que ocultan sus impedimentos, acoja la delictuosa tesis de que a los Nule, consentidos de Uribe y de uno que otro comunicador afecto al régimen, no se les debe declarar la caducidad del contrato de la calle 26, para evitar traumatismos en otras obras. ¡Qué tal! La razón de ser de la caducidad no es exonerar a los contratistas incumplidos, sino sancionarlos, obligándolos a ceder los contratos en ejecución, pero inhabilitándolos por cinco años para contratar con el Estado. O el IDU tiene rabo de paja, o hay intereses sórdidos detrás de la cómoda salida de autorizar la impresentable cesión de un contrato colapsado.
[Fuente: Por Ramiro Bejarano Guzmán, Bogotá, 07feb10]
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