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18ago07
Justicia a la carta
Por Ramiro Bejarano Guzmán
No me alegra decirlo, pero cada día el presidente Uribe parece más un sátrapa que un estadista y su gobierno más una tiranía que una democracia.
Ejemplos abundan, pero sin duda la estrella se lo lleva el tratamiento hostil y arrogante a la justicia y los hombres de leyes, desde el primer día de su mandato.
Lo primero que hizo Uribe fue suprimir el Ministerio de Justicia para fusionarlo con el de la política, sin mediar ningún análisis. Desde entonces la justicia quedó sin vocero y sin rumbo. Para completar, nombró al indelicado Fernando Londoño Hoyos como ministro de esa importante cartera, de la que tuvo que salir acosado por sus imprudencias y sus imborrables faltas éticas.
Recientemente sus amigos de la ANDI le pidieron al primer mandatario restablecer el Ministerio de la Justicia, ante la creciente impunidad que requiere medidas urgentes de política criminal, las cuales sólo pueden cocinarse en las manos de un jurista que sepa del tema y que lo respeten en las Altas Cortes. A esa propuesta sensata, el Presidente se opuso también sin razón plausible, pero en cambio ofreció crear un viceministerio de Defensa Judicial de la Nación, que es lo mismo que recetarle alka seltzer a un enfermo de sida. Obviamente, así se nombre un nuevo viceministro para que maneje los litigios contra la nación, la impunidad seguirá poniendo en vilo la seguridad democrática.
Uribe quiere todo menos un jurista que se atreva a decirle que ciertas cosas no pueden hacerse, como la de insultar a los jueces; o convertir en delincuentes políticos a sus aliados paramilitares; o reformar la Constitución en su beneficio personal; o hacer trampas para cambiar una terna de uno por otra de un candidato único, como lo hizo para volver magistrado al más subalterno de sus segundos.
Como no pudo concretar su sueño de reducir los poderes de la Corte Constitucional, Uribe ahora tomó el atajo de llenarla de personas sin importancia colectiva como Don Mauricio de Monroy, el tristemente célebre secretario jurídico de la Presidencia, otrora presidente de la Corporación Excelencia para la Justicia. La única forma de hacerlo magistrado, era atropellando el decoro institucional y renunciando el interesado a su propia dignidad. Su esposa, Marcela Monroy, fue la veedora ética de la primera campaña presidencial de Uribe, además es niña consentida en varias oficinas estatales, pero también de SERVIGENERALES y su mayor accionista, Alberto Ríos, un poderoso contratista privado de servicios públicos a lo largo y ancho del país, con influencia en las altas esferas del poder, en medios y pronto en la Corte Constitucional.
Esta vez la Corporación Excelencia para la Justicia no ejerció veeduría a la elección del magistrado uribista, como cuando la Corte Suprema y el Consejo de Estado llenaron varias plazas. Hace unos meses puso bajo sospecha las otras Cortes, pero ahora cuando se conocieron las renuncias enhiestas de Ilva Myriam Hoyos y Cristina Pardo a la primera terna, y luego los discretos nombres de quienes se prestaron para la burla de integrar un segundo trío de amanuenses, no hubo ni siquiera un comentario menor. ¿Acaso porque el nominador es Uribe y el beneficiario de la farsa el ex presidente de la Corporación que promueve la ~Sexcelencia~T en la justicia?
Si a Uribe antes no lo desvelaba la justicia, mucho menos ahora que está a punto de asegurar que en la Corte Constitucional no naufrague la reforma al articulito que están cocinando José Obdulio y sus secuaces, para quedarse otros cuatro años en el poder.
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Adenda.- Cómo así que a plena luz del día en Valledupar, la ciudad plagada de informantes de la seguridad democrática, asesinan al candidato del liberalismo a la Gobernación, César Anuar Yaver Cortés, y nadie sabe nada.
[Fuente: Por Ramiro Bejarano Guzmán, El Tiempo, Bogotá, Col, 18ago07]
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